Política
Jueves 07 de Junio de 2018

Diputados proponen regular y transparentar los servicios públicos

Este jueves recibió media sanción el proyecto de ley que les da un marco regulatorio general. Establece unas tarifas justas y razonables, audiencias públicas vinculantes, deberes de las empresas y derechos para los usuarios.

La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio general de servicios públicos. La iniciativa, que reunió los proyectos presentados por 15 diputados para regular las tarifas de los servicios públicos, tiene como eje central establecer tarifas justas, transparentes y razonables que posibiliten seguir prestando un servicio de calidad y que aseguren una mínima tarifa media "de forma de alentar el desarrollo económico y la igualdad social".

El diputado Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), uno de los autores de la iniciativa, argumentó que "en el momento en que están apareciendo los tarifazos que conspiran contra las economías familiares, contra la sustentabilidad de las pymes industriales y comerciales, esto es una muy buena noticia".

"No es una respuesta inmediata aclaró–, pero sí marca un sendero para el mediano y largo plazo para la provincia de Santa Fe", aclaró y destacó otros puntos del proyecto como que se establezcan audiencias públicas vinculantes "para que un funcionario encerrado entre cuatro paredes no pueda definir un tarifazo al margen de la realidad"; donde un "salario crece un 15% no puede haber un tarifazo del 70%".

También destacó que se establecen deberes de las empresas para que el servicio sea de calidad y que se incluyen los derechos para los usuarios "que, en general, están pisoteados".

Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre cómo pueden hacer las empresas provinciales de servicios públicos para frenar un tarifazo cuando hay insumos, como la energía, que los define la Nación con la quita de subsidios, Giustiniani dijo: "De muchas maneras. Acá no hay subsidios buenos y malos. Acá se tiene que discutir una política energética de fondo y por eso el proyecto que presentamos plantea un fondo específico para atender justamente esto. En un momento donde hay una decisión política de Cammesa de aumentar el costo del kilovatio para la distribuidora, que es la Empresa Provincial de la Energía, no podemos, por un lado, descargarlo de manera salvaje sobre las espaldas de los usuarios y, por otro, tampoco podemos desentendernos de lo que es el sustento financiero de las empresas".

"Por eso –argumentó–, constituir un fondo específico para atender este tipo de coyunturas es fundamental. Pero hago eje en la tarifa, porque la tarifa no solo tiene una importancia social, sino también, económica. Vivimos un momento de recesión y de inflación y los tarifazos conspiran contra la marcha de la economía, generan inflación, quita poder adquisitivo de los salarios y por lo tanto es el que genera recesión".

Ante la pregunta de cuáles son los derechos de los usuarios que se incorporarían con esta ley, el legislador dijo: "Primero la tarifa justa y razonable. Segundo, lo que popularmente decimos como derecho al pataleo. La gente no tiene dónde quejarse ni quién la defienda. El corte de servicio que muchas veces se pierde una heladera, un televisor o un pequeño comercio pierde la mercadería, los usuarios no tienen el lugar donde se les pueda dar una respuesta adecuada. Ahí es donde están los derechos de los usuarios contemplados".

Sobre la disputa que mantienen el municipio de Santa Fe y la EPE por la Cuota de Alumbrado Público, Giustiniani expresó: "Todos estos debates creo que evaden el problema fundamental que es el que estamos planteando. Con esta ley estamos dando respuesta al problema de fondo. La EPE necesita un marco regulatorio y necesita un ente de control, algo que Córdoba sí tiene. Me parece fundamental para una empresa como la EPE, que es del Estado y que todos queremos que siga siendo del Estado, que sea transparente".

Y luego agregó: "La mejor forma de que una empresa sea transparente es que la controlen los usuarios. Por eso, un ente de control con participación de las organizaciones de usuarios es la forma de controlar mejor. Así, los usuarios están tranquilos y conscientes de que su empresa, porque es una empresa del Estado, actúa de manera de dar respuesta a un servicio que tiene que ser de calidad".

En tanto, ante la repregunta de la prensa sobre si la disputa es una cuestión política, el diputado sostuvo: "La disputa suma cero. Yo rescaté al principio del debate de esta ley el consenso político. Estamos hablando de una política de Estado, no podemos estar peleándonos municipio, provincia y Nación. Es un punto de partida la necesidad de consensuar una política de Estado. Si todos nos ponemos a hablar para la tribuna para sacar rédito político, creo que equivocamos el camino. No estoy haciendo críticas a nadie en particular. Sobre esto hay que sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo".