Política
Domingo 31 de Diciembre de 2017

Dos proyectos y un debate pendiente para conseguir el libre acceso a la información pública

En 2016, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime y por séptima vez consecutiva un proyecto que impulsa el diputado del PDP, Gabriel Real. A fines de este año el Senado dio media sanción a la adhesión a la ley nacional. Grandes diferencias entre ambas iniciativas.

El gobernador Miguel Lifschitz incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias un proyecto de ley de acceso a la información pública. Es el que propone la adhesión a la ley nacional y que fue votado por los senadores, que siempre fueron reticentes a tratar el tema. El primero en levantar la voz para advertir que lo que había aprobado el Senado no era lo que se venía debatiendo desde hace tiempo fue el Sindicato de Prensa de Rosario.

En el mismo sentido se pronunció el diputado del PDP, Gabriel Real, que fue quien impulsó un proyecto en la Cámara baja que en 2016 logró su séptima media sanción –el primer proyecto se empezó a trabajar en 2002– y siempre quedó sin tratamiento en el Senado.

"Nuestro proyecto es la séptima vez que tiene media sanción y que fue unánime. Yo todavía no pude hablar con el gobernador porque él incluyó en extraordinarias lo que sancionó el Senado, creo que es un error de comunicación. Hay muchos funcionarios que no están informados de nada. Pero si la información pública de Santa Fe la va a manejar un funcionario político, ya murió el instituto que vendría a democratizar y poner transparencia", le dijo Real a UNO Santa Fe.

"El sistema para que funcione está tabulado y explica de qué manera se le simplifica al ciudadano tener acceso a la información pública", dijo el diputado y aclaró: "Pero para que funcione, el sistema tiene que tener responsabilidades políticas. Por eso, en nuestro proyecto, las cabezas de las responsabilidades son los titulares de los poderes, como el gobernador por ejemplo. Mientras que en el proyecto nacional es un funcionario político que ante un escándalo lo pueden cambiar y listo".

El diputado asegura que no todo lo que brilla es oro y que "la gente simplifica" y cuando "ve que se va a tratar algo de información pública dice «qué bien»". En ese sentido se refirió a la iniciativa nacional a la que quieren adherir los senadores: "Ese proyecto es una información pública amañada que acordaron Cambiemos y el kirchnerismo. Incluso en el proyecto original que llegó al Congreso se excluía a las empresas del Estado, en obvia alusión al acuerdo entre YPF y Chevron".

"El concepto era la publicidad plena y si hay algún tema puntual que tenga que ver con interéses estratégicos, la empresa tendría que explicar por qué se excusa de brindar la información", dijo Real que negó que eso pueda ser declarado inconstitucional y explicó: "Acá lo que tiene que funcionar es la excepcionalidad en función de una cuestión estratégica, de un secreto de Estado. Pero todo lo demás no".

Por último insistió en que la cuestión medular es que sean las cabezas de los poderes quienes deban ser responables de responder. "La estructura de esta ley es que haya responsabilidad política y le duela al responsable de cada poder. No es lo mismo que la responsabilidad sea de un funcionario político que del gobernador o del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que advierten en el Sindicato de Prensa de Rosario, en Santa Fe, podrían quedar exceptuados el Poder Judicial y el Legislativo", sotuvo Real.

En su exposición durante la sesión del 22 de septiembre de 2016, cuando se aprobó la iniciativa en diputados, el legislador detalló los alcances del proyecto de ley y mencionó al "Poder Ejecutivo y los organismos o entes de la Administración Central, los organismos o entes descentralizados de la Administración Pública, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las Municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las Comunas, el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, los entes estatales autárquicos, las empresas y sociedades del Estado, las personas jurídicas públicas de carácter no estatal, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las organizaciones empresariales en las que el Estado provincial por medio de su administración tenga participación mayoritaria en el capital, las asociaciones empresariales, sindicales y las personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con esos subsidios o aportes".

Ahora será el gobernador quien deba sanjar cuál de los dos proyectos puede prosperar. En primera instancia, al incluirlo en extraordinarias, el mandatario le dio lugar al de los senadores, pero Real dijo que debe haber sido "un error de comunicación" y que espera poder hablar del tema con Lifschitz. A priori los proyectos presentan grandes diferencias. Incluso, por la advertencia del Sindicato de Prensa de Rosario, en la iniciativa que adhiere a la ley nacional no estaría explicitado que los poderes Legislativo y Judicial y las empresas del Estado queden alcanzados por la norma. Eso dejaría a los santafesinos bastante lejos del libre acceso a la información pública.