El Senado le dio media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2021 y Diputados lo convertiría en ley el lunes que viene, el último día hábil del período de sesiones ordinarias. La iniciativa contempla gastos por 518.812.624.000 pesos y recursos por 510.165.597.000 pesos. Es decir que hay previsto un déficit por algo más de 8.000 millones de pesos. Sin embargo, el senador oficialista, Alcides Calvo, aclaró que "considerando todas las fuentes de financiamiento es más de 57.000 millones superavitario".

El senador por Castellanos fue el encargado de brindar algunos números. Destacó que el crecimiento de los recursos respecto al 2020 es de 27,1%, mientras que las erogaciones suben un 27,6%. También dijo que el crecimiento estimado del PBI será del 5,5%; la inflación del 29%; el tipo de cambio será de 102,4 pesos por dólar; el consumo público crecerá un 2%; la inversión el 6,6% y el consumo privado el 5,6%.

Pero en las negociaciones nada fue sencillo y se consumieron muchas horas antes de llegar a un consenso que aprobó el presupuesto en general con los 19 votos. La excepción a ese gran consenso estuvo en un artículo, lo que volvió a quebrar al bloque mayoritario del PJ. Es el Número 53 en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que buscaba reemplazar el Plan Abre por el Plan Incluir.

Los siete senadores de la oposición y seis del peronismo le pusieron un freno a ese intento del Ejecutivo porque querían contar con algunas certezas antes de reemplazar un plan de inversión en infraestructura para los barrios por otro con similares características. La excusa –aunque con sólidos fundamentos jurídicos– fue que el gobernador quería derogar una ley con un decreto.

La estrategia de la mayoría circunstancial de los senadores –entre peronistas y radicales– fue proponerle al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley describiendo con absoluto detalle cómo se van a distribuir los recursos que se destinarán al Plan Incluir para que no se generen suspicacias de un reparto discrecional.

Los seis senadores que no acompañaron el dictamen de mayoría –que modificaba las intenciones del Ejecutivo– fueron Calvo, Marcos Castelló, Marcelo Lewandowski, Cristina Berra, Eduardo Rosconi y Ricardo Kaufmann. Justamente este último fue quien dijo que "el Plan Incluir va a superar la prueba de la constitucionalidad y va a llegar a los pueblos con menos habitantes".

La referencia del senador por Garay hacía referencia a la negativa de la mayoría a aceptar que con el decreto 1.184/2020 se derogara la Ley 13.896, iniciativa del jefe de bloque del PJ, Armando Traferri que fue aprobada el año pasado y que garantizó por ley que el Plan Abre llegue a todas las ciudades de la provincia ya que eso no sucedió durante los gobiernos del Frente Progresista. Este año tampoco sucedió con Perotti, que decidió que se reemplace por el Plan Incluir.

Por eso, Kaufmann insistió que el rechazo al artículo 53 era quitarle libertad al Poder Ejecutivo y Traferri le respondió que estaba "mal informado" ya que "el Plan Incluir tiene recursos asignados en el presupuesto".

En ese sentido, el presidente del bloque de la UCR, Felipe Michlig, coincidió con la postura de Traferri y propuso que el Plan Incluir tomara el modelo del Programa de Obras Menores, que establece previamente la cantidad de recursos que tendrá asignado ese programa y cómo es el reparto de esos fondos entre las comunas y los municipios.

Luego de la media sanción al presupuesto, los senadores votaron sobre tablas –con la abstención de los radicales Leonardo Diana, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Rodrigo Borla Lisandro Enrico y Felipe Michlig– el proyecto de ley para derogar la ley del Plan Abre y reemplazarla por el Incluir. Traferri aseguró que esa es una muestra de la buena voluntad que muestra el Senado para que el Ejecutivo pueda llevar adelante el Plan Incluir y dijo que será un guardián de la no discriminación hacia municipios y comunas de distinto color político que el gobierno provincial.

Las críticas políticas

Desde hacía mucho tiempo que Michlig no hablaba en nombre de los siete senadores de la UCR (Diana y Rasetto están en otro bloque). "No hemos modificado un centavo de los gastos, ni de los recursos, ni de los cargos creados en el proyecto del Ejecutivo. El presupuesto fue aprobado tal cual lo envió el Ejecutivo. No queremos más excusas, ni posturas consistentes en una victimización simulada para eludir problemas de ineficacia, ineptitud o falta de resultados", disparó el senador por San Cristóbal.

Además, estableció un punto y aparte para los artículos que establecían –según consideró Michlig– en una delegación de facultades del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. "Ser responsable es ser mesurado al momento de conceder al Ejecutivo excepciones", dijo el senador que evitó la palabra superpoderes, pero que los explicó de la siguiente manera: "Si se le aprueba un gasto en salud o educación y el Ejecutivo luego lo puede bajar para destinar esos recursos a publicidad oficial, eso es un problema del pueblo santafesino".

"Por eso establecimos límites en la posibilidad de endeudamiento para gastos corrientes y en la flexibilidad presupuestaria", aseguró y dijo que esa flexibilidad se contemplaba solo para los excedentes recaudatorios de lo presupuestado y con destinos específicos.

Ahora la pelota pasó a la Cámara de Diputados, donde el Frente Progresista tiene mayoría. Pero como lo dijeron los senadores durante la sesión de este jueves, los diputados formaron parte del debate por el presupuesto con los senadores y con funcionarios del Ejecutivo. Esa es la garantía de que el camino, en principio, está allanado para que la Cámara baja trate y apruebe el proyecto el lunes que viene. Pero como para ese día todavía falta mucho y algo puede cambiar, los senadores acordaron pasar a cuarto intermedio para el lunes, a las 15. En el caso que Diputados decida modificar algo y el proyecto deba volver al Senado, está la chance de sesionar y aprobarlo antes que empiece diciembre.