Política
Jueves 09 de Noviembre de 2017

En el Senado le apuntan a los fiscales por las escuchas al ministro Pullaro

El senador justicialista Armando Traferri marcó que en pocos meses hay entre 50 y 60 fiscales denunciados y dijo que ve con mucha preocupación la situación. "Si cualquiera de las dos partes tiene razón estamos ante un problema grave", aseguró. Por su parte, Lisandro Enrico dijo que pedirán que investiguen al fiscal Roberto Apullán.

A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, en el Senado no se analiza pedir que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, vaya a dar explicaciones por las escuchas en las que habla con el jefe policial de la Regional V, Adrián Rodríguez, para decirle que se anote en un concurso de ascenso. Esa conversación habría sido el pie para que desde el Ministerio Público de la Acusación se pida a un juez que se pinche el teléfono del ministro. Ahora Pullaro hizo una denuncia penal y una administrativa porque está convencido de que la intervención de su teléfono es al menos irregular y quiere saber si no es, directamente, ilegal.


El Bloque Primero Santa Fe (Frente Justicialista para la Victoria) ingresó formalmente un pedido para que el funcionario provincial vaya a dar las explicaciones del caso. Incluso en otras escuchas el ministro habla con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, lo que algunos leen como un intento de injerencia del Ejecutivo en otro poder.

El senador justicialista Armando Traferri aseguró a UNO Santa Fe que ve "con mucha preocupación" lo que está pasando "porque ahí evidentemente hay una crisis institucional muy fuerte". El legislador expone un escenario donde cualquier salida implica un daño a alguna de las instituciones. "Pongámosno a pensar que si cualquiera de las dos partes tiene razón estamos ante un problema grave, una crisis institucional muy profunda. Por eso hay que ser precavidos, hay que ser cautos y dejar actuar a la Justicia", argumenta.

—¿Pero la Justicia no es parte del problema?
—En realidad no porque con la creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aparece otro poder en sí mismo que no depende ni de la Justicia, ni de la Legislatura ni del Ejecutivo; está en plena formación. Puede haber sido muy bueno desde lo teórico, pero en la práctica se empiezan a ver las deficiencias que tiene. Si a pocos meses de implementarse (el nuevo sistema penal que creó al MPA) ya tenemos entre 50 y 60 fiscales cuestionados por su accionar evidentemente hay algo que corregir y seguir trabajando. Una cosa es si corresponde que se escuche a un ministro a un legislador y hasta el propio Presidente de la Nación porque el fiscal considera que es importante para su investigación. Otra cosa es si es una escucha ilegal. Por eso hay que ser muy cautos y esperar porque en la Justicia están los mecanismos y de hecho el ministro hizo la denuncia correspondiente y ahora tendrá trabajo la auditoría, el fiscal general. Pero hay que esperar.

Por su parte, el senador Lisandro Enrico (UCR) se mostró sorprendido por cómo un medio de prueba, como una escucha telefónica, "que tiene que ser autorizado para observar la actividad sospechada de grupos delictivos termina siendo utilizada para hacer una escucha a un funcionario político".


Además, a Enrico le parece sospechoso que esa escucha, "que debe estar preservada por un expediente judicial termina llegando a un medio de comunicación vinculado a un sector político". Luego apuntó sin medias tintas: "Tengo toda la sospecha de que esta acción llevada adelante por el fiscal (Roberto) Apullán, igual que lo que pasó con la Municipalidad de Santa Fe –el allanamiento en el marco de la causa por presunto desvíos de fondos–, me parece más un abuso de autoridad de una persona que utiliza herramientas legales, que la ley le dio para la investigación penal, con fines políticos o con otros fines como fue el caso del fiscal Rodrigo que utilizaba las escuchas para seguir a su exnovia y a su exsuegro. Obviamente vamos a pedir que haya, como con los defensores y los jueces, un control de los actos que se llevan adelante y que sean para investigar y no para hacer operaciones políticas".

—¿Para usted no hay dudas de que Apullán fue quien filtró las escuchas telefónicas a Pullaro?
—Pero yo las conocí por un medio de comunicación.
—¿No pudo haber otra persona que lo haya hecho?
—El responsable del elemento de prueba es el MPA. Cuando yo hice una denuncia penal hace poco tiempo el fiscal me dijo que iban a tener que intervenir un teléfono, me intervinieron el mío por una denuncia que hice sobre un presunto caso de instigación al suicidio y el fiscal me avisó, cuando lo intervenían y cuando lo desintervenían. Ese es el proceder correcto. Es muy raro todo esto. Hace un mes montaron un circo en la Municipalidad de Santa Fe y ahora es el circo de Pullaro. Ahora esa persona termina siendo colaborador político del diputado Busatto, con militancia en el peronismo. Por lo menos es sospechoso.

Traferri en este punto fue más cauto y dijo desconocer dónde se filtró la escucha para que llegue a los medios de comunicación y reclamó un mecanismo claro "para que estas cosas no pasen". A partir del caso del fiscal Fernando Rodrigo, que actuaba en la ciudad de Rosario y que en agosto pasado fue denunciado por pinchar los teléfonos de su exnovia y de allegados a la mujer, en la Fiscalía Regional de Rosario se armó un protocolo de cómo se debía proceder para realizar una intervención telefónica. Este jueves se conoció que con fecha del 1 de noviembre el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, tomó una decisión similar a partir del pinchazo a la línea del ministro de Seguridad.

El legislador por San Lorenzo se mostró contrario a que las escuchas se difundan por todos los medios y aseguró que "eso atenta contra el sistema". "Yo soy partidario de respetar la división de poderes y si bien tiene que haber diálogo entre los poderes, no podemos interferir entre ellos, como no concibo que se interfiera en el legislativo bajo presión. Por eso hay que parar la pelota y dejar que la Justicia trabaje".

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—Traferri, por lo que se conoció de las escuchas y lo que Pullaro dice en esas conversaciones telefónicas, ¿usted cree que hay una interferencia del Ejecutivo en el trabajo del MPA?
—No, yo veo que hay más una preocupación (de Pullaro) que intentar interferir. Es una apreciación muy personal. Lo que no comparto es el trato. Me cuesta entender que un ministro llame a un jefe policial para que se anote a un concurso y chacoteen como dos amigos. También creo que es muy malo que las escuchas salgan y no se manejen con la seriedad que deben manejarse. Las escuchas están para que las analice un fiscal, un juez, no para que estén en todos los medios.

La mirada puesta en la intervención telefónica
Ante la pregunta de cómo analiza la forma en que se hace la intervención telefónica a Pullaro, Enrico dijo que fue "muy sospechoso". Y ante la repregunta de si lo sospechoso fue el accionar del juez Nicolás Falkenberg, el encargado de autorizar la escucha, el legislador respondió: "Leí la declaración de Falkenberg que decía que no sabía que era el teléfono de un ministro. La verdad es que es preocupante el manejo y el uso de un elemento de prueba. Lo mismo pasó con el video que se filtró de la detención del exvicepresidente Boudou. Ese video no está para circular por las redes sociales, para estigmatizar a una persona que uno la puede cuestionar pero que tiene las mismas garantías que cualquier otra. Esa es una grabación de un acto procedimental que queda preservada para demostrar que esa detención fue legalmente hecha, que se le leyeron los derechos y eso sale de la esfera judicial y al instante aparece en la televisión. Es un abuso de derechos de parte de los fiscales y jueces. Es una utilización en contra de la ley de los elementos de prueba. Son temas graves. Nosotros vamos a pedir, respecto al fiscal Apullán, que se abra una investigación.


En tanto, Traferri consideró que las autorizaciones de los jueces muchas veces se dan en función de la confianza que el magistrado tiene en los fiscales. "Creo que el mecanismo está bien, el tema es si quienes lo llevan adelante están capacitados para (implementarlo), porque hay que presentar una nota por escrito dando las razones, los riesgos y por un tiempo determinado. Por eso digo que no me molesta que me escuchen si de las escuchas pueden dilucidar un hecho delictivo, lo que no está bien es que se haga uso y costumbre", dijo y recordó el caso del fiscal Rodrigo.


No citarán al ministro
Los dos senadores respondieron de forma negativa a la consulta sobre si Pullaro sería citado para brindar explicaciones. Traferri consideró que en todo caso "si alguien tendría que venir a dar explicaciones debería ser el ministro de Gobierno y Reforma del Estado" (Pablo Farías) por ser el ministro que referencia políticamente al gobierno de Miguel Lifschitz. "Pero no creo que deban venir a dar explicaciones porque nos estaríamos metiendo en parte. Yo soy partidario de que la Justicia trabaje libremente", argumentó.

En tanto, Enrico dijo que ya habló con el ministro y que de las escuchas no se desprende que haya algún delito que involucre al funcionario al tiempo que volvió a cargar contra los fiscales.


Todos los actores políticos que abordaron el tema de las escuchas hablan de gravedad institucional. Lo hizo Pullaro en la conferencia de prensa que dio el martes pasado en Casa de Gobierno; lo hizo el presidente del bloque socialista de diputados, Rubén Galassi; lo dijeron los senadores Traferri y Enrico; lo vienen diciendo diferentes diputados y ahora hay un pedido formal para que el encargado de la Seguridad en Santa Fe vaya a dar explicaciones a la Cámara baja.

En un escenario que parece haberse transformado en un laberinto político y judicial todo apunta a que nadie saldrá ileso sin dar las explicaciones del caso. Desde el MPA tendrán que argumentar debidamente el porqué se solicitó intervenir la línea telefónica oficial de un ministro y si realmente se desconocía la titularidad de la misma. En ese sentido, la Justicia deberá determinar si el juez Falkenberg fue engañado para dar la autorización a la intervención telefónica, aunque los argumentos que hablaban de "la utilización de contactos políticos para que los acusadores recibamos una advertencia por parte de las autorizaciones" no le generaron sospecha alguna.

Además, el MPA tendrá que aclarar en el marco de qué causa se lo escuchó a Pullaro, porque eso tampoco está claro. También fue al menos confuso cómo, por qué y el momento en que se corrió de causas que tienen un gran impacto público a los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí. Mientras que el ministro Pullaro también quedó en una posición muy incómoda al ser escuchado hablando con Rodríguez y recomendándole que se presente a un concurso de ascenso policial.

Son muchas las preguntas y situaciones que se deben aclarar, si es que se quiere preservar a las instituciones. Y la única manera de hacerlo es con la verdad. El tiempo corre.