Cuando el gobernador Miguel Lifschitz estaba poniendo un pie en el avión que lo llevaría a Nueva York a buscar inversiones para la provincia, prácticamente al mismo tiempo la junta de fiscales -el fiscal general de la provincia y los cinco fiscales regionales- estaban dando una conferencia de prensa para pedirle que vete las modificaciones a las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
"En principio no parece fácil" vetar las modificaciones a las leyes para controlar a fiscales y defensores
Luego de la presentación de sus nuevos ministros, UNO Santa Fe le preguntó al gobernador cuál era su opinión sobre las modificaciones que, de ser promulgadas, permitirán al Poder Legislativo empezar a controlar el accionar de los fiscales, algo que hasta el momento tenía un control interno a través de la Auditoría de Gestión.
"Estamos haciendo algunos análisis técnicos. Le pedí al ministro de Justicia (Ricardo Silberstein), pero también a otros asesores, distintos dictámenes para tener un análisis muy minucioso del texto que fue aprobado para eventualmente ver si cabe hacer algún tipo de sugerencia en base al texto definitivo", respondió Lifschitz que remarcó el cuidado con el que se está estudiando el tema que por los fiscales y los defensores fue denunciado como un avance del poder político sobre sus funciones que haría peligrar la independencia y la autonomía de su trabajo.
Luego el mandatario provincial dejó los aspectos técnicos de las ciencias jurídicas y brindó una mirada política sobre el tema. "A lo que hay que hacer referencia es que ha sido unánime la votación de esa ley por parte de los senadores y de los diputados de un arco político muy abierto y muy diverso y hubo una coincidencia", analizó.
"En principio no parece fácil que se vaya a modificar ese texto, salvo que encontráramos una falencia muy seria desde el punto de vista constitucional", anticipó y se apuró a aclarar: "Pero yo todavía no tengo ninguna opinión sobre el tema porque estoy esperando esos dictámenes".
Todo parece indicar que los fiscales deberán hacerse a la idea de que a partir de ahora deberán empezar a rendir cuentas en la Legislatura sobre sus acciones. Habrá que ver si ese "arco político muy abierto" que mencionó Lifschitz, pero que se puso de acuerdo para pasar a sus manos el control de fiscales y defensores, sigue siendo lo suficientemente abierto como para permitir que las investigaciones que rocen al poder político -sea del color que sea- no solo puedan desarrollarse sin interferencias, sino que no se transformen en el acta de sanción a los fiscales.