Política
Jueves 21 de Junio de 2018

En Santa Fe no se puede destituir a fiscales ni defensores provinciales

La comisión bicameral de Acuerdos redactó el reglamento que fija cómo es el proceso para llevar adelante la investigación de los funcionarios del MPA y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, pero aún no fue aprobado en Asamblea Legislativa.

En la provincia de Santa Fe hoy no se puede destituir o suspender fiscales ni defensores provinciales por mal desempeño. Desde que la Legislatura modificó las leyes 13.013 y 13.014 –en la última sesión ordinaria de 2017– para quedarse con esa potestad que antes tenía la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación, aún no se aprobó el reglamento con el que se va a establecer el proceso con el que se juzgará el desempeño de esos funcionarios.

El documento que ordenaría las pautas del proceso ya fue redactado y aprobado en la comisión bicameral de Acuerdos hace semanas, pero debe ser votado y aprobado en la Asamblea Legislativa que integran los 50 diputados y los 19 senadores provinciales. Sin embargo, ese órgano no pudo funcionar en las últimas dos ocasiones que fue convocado (este jueves y el 14 de junio pasado) debido a la falta de quorum y aún queda pendiente este paso que se debe dar para que se pueda empezar a analizar los 62 legajos que tenía la Auditoría del MPA y que fueron entregados a los legisladores el 1 de febrero de este año. Pasaron casi cinco meses y ahora habrá que esperar hasta la próxima convocatoria de Asamblea Legislativa.


"Es necesario aprobar el reglamento que permite el análisis de los sumarios que hoy tenemos ya ingresados en la bicameral", dijo el senador justicialista Raúl Gramajo (9 de Julio), quien se mostró preocupado por la situación institucional que genera la falta del reglamento.


Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre si hoy en la provincia no están dadas las condiciones para que se pueda destituir fiscales y defensores, Gramajo dijo: "No es destituir, es analizar si hay responsabilidad o no en los hechos que se le imputan a los fiscales de la provincia. Teniendo el reglamento, nosotros podemos trabajar y actuar porque ahí está establecida no solo la acusación, sino también la defensa".

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<b>Críticas. Gramajo se quejó de la falta de quórum en la Asamblea Legislativa porque así se pospuso la aprobación del reglamento.</b>
Críticas. Gramajo se quejó de la falta de quórum en la Asamblea Legislativa porque así se pospuso la aprobación del reglamento.

"Nosotros mal podríamos hoy analizar estos legajos que han remitido si no tenemos el procedimiento. El reglamento no es más que el tema procedimental, que en la faz del derecho serían los códigos procesales, tanto civil, comercial como penal. Ahí es donde se establecen las pautas de los pasos a dar para poder llevar adelante la investigación de los legajos que ya están ingresados a la comisión bicameral", agregó.


Entre esos legajos sobre los que todavía no pudo avanzar la bicameral están los de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes fueron acusados el año pasado por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, de haberle pinchado el teléfono de forma irregular. Pero el senador se excusó de referirse al tema diciendo que no puede hablar de casos particulares. Aunque admitió ante la repregunta de UNO Santa Fe que "aún no se pudo avanzar en ninguno" de los 62 expedientes.


"No hemos podido analizar porque, repito, nosotros aprobamos el reglamento en la comisión bicameral y ahora falta que se lo apruebe en la Asamblea Legislativa para que ese reglamento se pueda aplicar y tener vigencia en cada uno de los legajos. Cuando tengamos el reglamento vamos a empezar a analizar legajo por legajo", dijo y aclaró: "Pero en esto quiero ser claro, no quiero dar nombres de uno o de otro porque se puede interpretar que hay una caza de brujas y eso no es así. Hay un procedimiento donde se hace la correspondiente acusación pero, al mismo tiempo, cada uno de los, llamémosle, imputados tiene el derecho a poder ejercer su defensa".

El procedimiento para analizar los legajos e iniciar una investigación que puede terminar en la suspensión o destitución de un fiscal o defensor provincial comienza con la evaluación de las acusaciones que enfrenta un funcionario del MPA o del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Si los integrantes de la bicameral entienden que hay elementos para iniciar una investigación por faltas leves, graves o gravísimas, la comisión deberá designar a un acusador, que será un legislador provincial.

"El acusador va a hacer las veces de fiscal, como me tocó a mí en el caso de Eladio García (exfiscal regional de Reconquista, en 2016)", recordó Gramajo y continuó: "Se le hace la acusación correspondiente y se le corre traslado para que la persona imputada haga su defensa con documental, con testimonial y una vez que eso suceda la comisión evalúa la gravedad o no del tema y hace el dictamen correspondiente. Ese dictamen no es vinculante para la Asamblea. Puede ser que un dictamen aconseje la destitución y de pronto la Asamblea no convalida eso con su voto".

Acerca de si ese procedimiento era similar al de un juicio político, Gramajo respondió: "Es un procedimiento similar en cuanto a la parte de acusación y defensa. Pero tiene otras características donde se da una mayor amplitud para la defensa de cada uno de los legajos que están siendo analizados".

Por otra parte, Gramajo adelantó que va a presentar un proyecto en los próximos días para establecer la graduación de las faltas calificándolas en leves, graves y gravísimas. "Las leves volverán a la auditoría del MPA o podrían ser evaluadas por los fiscales regionales. En tanto, las graves y las gravísimas van a quedar en competencia de la bicameral y de la posterior decisión de la Asamblea Legislativa", especificó.


Por qué no hubo quorum
Este jueves, por segunda vez consecutiva, la Asamblea Legislativa volvió a fracasar por falta de quorum y a partir de las cero horas de este viernes 22 de junio quedarán aprobados de forma ficta los pliegos del contador Sergio Beccari y el abogado Lisandro Villar como vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia. Ambos llegaban con diferentes cuestionamientos e impugnaciones.

Hace una semana la oposición se quejó del accionar del oficialismo que vació la asamblea legislativa porque ambos pliegos tenían dictamen negativo en la comisión de Acuerdos. La única forma de que los dos hombres que eligió el gobernador Miguel Lifschitz para ser vocales del Tribunal de Cuentas pasen el filtro legislativo era no sesionar y que se aprueben por el vencimiento de los plazos establecidos.

Eso generó fuertes críticas de la oposición que dejó sin sesionar al Senado el jueves 14 y que obligó ese día al oficialismo en Diputados a tener a sus 26 diputados sentados para poder sesionar. Cuando el oficialismo logró el quorum necesario para sesionar bajaron al recinto algunos legisladores del peronismo y se vivieron momentos de mucha tensión. Incluso desde la oposición se blanqueó que si el oficialismo no daba quorum en la Asamblea, iban a obligarlo a tener quorum propio en Diputados para poder sesionar.

A Beccari se lo cuestiona por haber formado parte del actual gobierno hasta diciembre pasado mientras que la ley establece que debe haber un plazo de dos años fuera del gobierno para poder llegar a ocupar una vocalía en el Tribunal de Cuentas. Mientras que a Villar se le critica su falta de antecedentes para llegar a ese puesto.