Los legisladores salieron a argumentar los cambios a las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Sistema Provincial de la Defensa Penal por las cuales los fiscales y defensores, titulares y adjuntos, pasaron a estar bajo control de la Legislatura y no de la Auditoría General de Gestión. Esos cambios hicieron que fiscales y defensores salgan a poner el grito en el cielo advirtiendo una posible pérdida de autonomía e independencia.

Sin embargo, referentes de distintas fuerzas políticas en la Legislatura salieron a defender los cambios que se aprobaron por unanimidad. "Se estableció un sistema de control de poderes. A partir del problema que hubo con algunos fiscales en los últimos momentos", dijo el senador radical Lisandro Enrico y destacó: "Más que un acuerdo político hubo una gran voluntad política. Hace tiempo que no veía una voluntad política así para que salga una ley. El gobernador podrá vetarla o no. Pero en una ley que fue votada por unanimidad es probable que el veto no prospere".

Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre la posibilidad de que los fiscales pidan la inconstitucionalidad de la ley, Enrico dijo: "Es posible. Todas las leyes pueden ser revisadas por su constitucionalidad. Pero absolutamente la Legislatura puede remover a un fiscal porque es la Legislatura quien lo designa de alguna manera; o puede no hacerlo. En ningún lado la Constitución dice que la Legislatura, a través de su Comisión de Acuerdos, no puede hacer la remoción de un fiscal".

Por su parte, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, argumentó que "la auditoría que tenía el MPA de sí mismo era muy endeble frente a diferentes presiones" y por eso entiende que se debe controlar a los fiscales "desde el Poder Legislativo que tiene una mayor fortaleza al momento de pensar en esas presiones".

"Nos parece más transparente y democrático que sea la Legislatura antes que la auditoría. Es más difícil involucrar a los 69 legisladores que a tres o cinco integrantes de la auditoría", sostuvo el diputado que las presiones pueden ser "económicas, del Poder Judicial, del lobby de abogados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista por nombrar las principales".

Además, expuso que en forma paralela "para llevar tranquilidad política a los fiscales" va a presentar un proyecto de comunicación para pedirle al Ejecutivo que garantice todas las investigaciones que están llevando adelante los fiscales en toda la provincia y "sea cual sea el objeto que se está investigando".

"De lo que tienen miedo los fiscales es de una persecución política. Lo que yo les decía a los fiscales es que con o sin modificaciones la persecución política va a estar, pero lo que les garantiza la Legislatura es que siempre va a haber voces que los van a acompañar y los van a defender, tal como pasó con Ganón (Gabriel, exdefensor provincial), con los fiscales (Roberto) Apullán y con (María Laura) Martí, con las denuncias que hicimos de la colonización que hizo el Ejecutivo del Poder Judicial. Siempre va a haber voces que van a salvar por lo menos la idea de la independencia y la transparencia, cosa que con un órgano propio no daba la idea de que lo fuera. Más que independencia daba la sensación de feudo sin mayores controles", dijo Del Frade.

División de poderes y controles

Enrico, al ser consultado acerca de si los fiscales estaban sin un control claro respondió: "Por lo menos estaban con un control deficiente. A mí me tocó hacer debutar el sistema de control de fiscales cuando, en 2014, en un robo a un comercio de cámaras de fotos donde una persona entró con una escopeta, robó, la policía lo detiene saliendo del negocio con los objetos robados y con el arma; y la fiscal Milagros Parodi, que estaba a cargo de la causa, ordena su liberación a las ocho o nueve horas del delito que era grave, que no era excarcelable, agravado por el uso de arma de fuego, en grado de flagrancia. Cuando lo sueltan, esa persona va y le pide dinero al comerciante que había asaltado porque lo habían metido preso. Después lo detuvieron en Rafaela".

"A mí me tocó llevar adelante la presentación para que se tomen medidas con esta fiscal y no solo que los fiscales no hicieron nada y la cubrieron, sino que la fiscal se quejaba de por qué los legisladores pedíamos su remoción", recordó.

"Los diputados, los senadores, los gobernadores, los políticos nos sometemos cada cuatro años a la voluntad popular. Si el sistema de control de los fiscales va a ser una coroporación de fiscales para que pase como con el caso de Parodi, donde no hubo ni un llamado de atención en un hecho gravísimo, esto no funciona. Ahí vi cómo funciona la corporación de los fiscales", dijo Enrico y advirtió que "fiscales y defensores tienen una responsabilidad enorme con la sociedad". "Y no prosperó una modificación a la Ley 7050 -la que regula la remoción de los jueces-, pero todos tenemos que tener algún control social. Nosotros tenemos el del voto popular, que es el más sagrado de todo. Lo mismo tiene que pasar con el Poder Judicial", agregó.

"No hay derechos inalienables ni feudales. Todos somos funcionarios de la República y tenemos que someternos a los controles", aseguró y dijo que en la Legislatura no prosperó una modificación a la Ley 7050 -la que regula la remoción de los jueces- pero que quedó el compromiso de avanzar en eso. "En qué Constitución del mundo está escrito que los jueces son intocables. En un Estado de derecho, en la República no hay ningún funcionario intocable. Eso se llama equilibrio de los poderes del Estado; está escrito por Montesquieu hace más de 200 años", concluyó Enrico.

Los defensores se defienden

En un comunicado de prensa, la Asociación de Defensores Públicos Penales de Santa Fe -tal como lo hicieron las asociaciones de fiscales días atrás- manifestó "su más grave preocupación por la sanción sorpresiva de un mecanismo para la remoción de funcionarios de carrera del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal".

Además, asegura que así se coloca a los defensores en una "situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal".

También le piden al poder político discutir "fórmulas de remoción que concilien todos los aspectos que hacen al instituto, en particular la legalidad, constitucionalidad, debido proceso y particularmente la autonomía de la Defensa Pública Penal".

En tanto, este lunes, fueron los fiscales quienes salieron a cuestionar las modificaciones. El fiscal general, Jorge Baclini, junto a los cinco fiscales regionales brindaron una conferencia de prensa en Santa Fe donde pidieron al gobernador rever las modificaciones y advirtieron que estaba en juego la independencia y la autonomía de su trabajo.

El año estuvo cargado de tensiones entre fiscales y el poder político. Los fiscales iniciaron investigaciones contra jefes policiales, el propio ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, algunos senadores y al intendente de Santa Fe, José Corral. Sin embargo, en muchos de esos casos las metodologías no fueron las apropiadas, como cuando se recurrió a pinchar el teléfono de un ministro si decirle al juez de quién era la línea telefónica a intervenir y -hasta el momento- sin un delito comprobado.

El debate está abierto y ahora será el gobernador Miguel Lifschitz quien tendrá que mover la próxima pieza. El mandatario tiene la posibilidad de vetar las modificaciones a las leyes 13.013 y 13.014 o reglamentarlas. Si se decide por el veto la Legislatura tendrá la posibilidad de rechazarlo, algo que parece posible porque los cambios salieron por unanimidad en ambas cámaras. Si promulga la sanción de la Legislatura, los fiscales y defensores pueden pedir la inconstitucionalidad de la ley. Los tres poderes del Estado se están balanceando en busca del equilibrio, lo que significa que ninguno debería prevalecer sobre el otro. Ese delicado juego, que está en práctica todo el tiempo, se resolverá -al menos en esta discusión en particular- en los próximos meses.