En medio de una crisis económica y financiera que deprecia el peso argentino frente al dólar, el presidente Mauricio Macri desplazó ayer a los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren, en un capítulo más de la reforma de su gabinete de gobierno.

Cabrera será reemplazado por el economista Dante Sica, exsecretario de Industria del presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), mientras que el lugar de Aranguren lo ocupará Javier Iguacel, actual director nacional de Vialidad Nacional.

Según informó el sábado a la anoche la Casa de Gobierno, el presidente dispuso que la Secretaría de Minería -que hasta ayer dependía del Ministerio de Energía y Minería- quede bajo la órbita del Ministerio de Producción.

En ese marco, el gobierno indicó que Cabrera pasará a ocupar la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), además de desempeñarse como asesor del propio presidente.

La decisión se conoció el sábado a la noche al final de una semana en la que Macri dispuso que la cartera de Finanzas sea absorbida por Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, y que terminó el viernes con una reunión del gabinete económico en Olivos y un encuentro con la diputada Elisa Carrió, una de las cofundadoras de Cambiemos y que viene manifestando descontento con algunas políticas del gobierno, como por ejemplo los elevadísimos aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Además, el miércoles designó como presidente del Banco Central al ministro Luis Caputo, en lugar de Federico Sturzenegger, quien renunció al cargo , tras lo cual Dujovne afirmó que se mantienen inalterables los lineamientos del plan económico.

El ministro de Hacienda también sostuvo que "el FMI apoyó" la designación de Luis Caputo al frente del Banco Central y destacó que el programa de "flotación cambiaria admite la posibilidad que la autoridad monetaria haga intervenciones".

El nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, tiene 44 años, es ingeniero en petróleo y estaba a cargo de la Dirección de Vialidad Nacional, organismo al que le devolvió la transparencia en la licitación de obras públicas, lo que le permitió ahorrar al Estado un 40 por ciento de costos, estimó al promediar su gestión.

Iguacel, quien dependía del Ministerio de Transporte que comanda Guillermo Dietrich, solía subir en su cuenta de Twitter videos breves sobre las obras públicas en construcción en el país.

Iguacel, quien tiene tres hijos y se manifiesta admirador de Nelson Mandela, trabajó en la petrolera estatal en 1997 y renunció en 1999 cuando se anunció que se vendía a Repsol. Luego, hasta 2015 trabajó en empresas petroleras como Pecom Energía y Pluspetrol, en la cual alcanzó la vicepresidencia, de la que se alejó para sumarse al equipo del presidente Macri.

En tanto, el nuevo ministro de Producción, Dante Sica, de 61 años, dirige la consultora económica Abeceb y se desempeñó como secretario de Industria, Comercio y Minería durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002.

El economista se especializa en el análisis de los sectores industriales, dentro de lo que destaca su experiencia en el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo productivo.

Sica es profesor adjunto de la cátedra de Macroeconomía I en la Facultad de Ciencias Económicas UNLP y panelista en una gran diversidad de foros y seminarios nacionales e internacionales.

Los cambios en el gabinete suponen, a priori, un fortalecimiento de la posición de Dujovne como cabeza del equipo económico de la administración macrista, en momentos en los que la Argentina acaba de sellar un acuerdo "stand-by" con el FMI por 50.000 millones de dólares.

El gobierno suscribió este convenio con el FMI en busca de calmar las aguas turbulentas del mercado cambiario doméstico, donde el dólar subió 50,2 por ciento en lo que va del año y rozó los 29 pesos por unidad para la venta en la city porteña el viernes pasado, incluso después de la salida de Sturzenegger del BCRA.

La figura del ex CEO de Shell, Aranguren, en especial, se había desgastado en los últimos meses después de los sistemáticos aumentos en las tarifas de servicios públicos autorizados por el gobierno, impulsados en el marco de un plan más amplio y ambicioso a los efectos de acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal.