En debate

No podrá haber incompatibilidades, pero los gastos reservados no se tocan

La Legislatura ratificó la ley que no permite que funcionarios de un Poder del Estado pasen a cumplir funciones en otro. En Diputados El Frente no consiguió mayoría agravada para tener mayor control de los gastos reservados

Jueves 27 de Mayo de 2021

Este jueves se terminaron las especulaciones. Era la última oportunidad que tenía la Legislatura para rechazar los vetos del gobernador Omar Perotti a dos leyes sancionadas al final del año pasado y esos decretos corrieron distinta suerte. La Legislatura ratificó la ley que prohíbe las incompatibilidades de cargos entre los poderes del Estado, pero no hubo acuerdo para regular los gastos reservados del Ministerio de Seguridad.

Durante el mes de mayo, sobre todo después de la muerte de Miguel Lifschitz, fueron muchos los rumores y las reuniones que funcionarios del Ejecutivo mantuvieron con diferentes legisladores y puntualmente con los senadores. La salida de Marcelo Sain del Ministerio de Seguridad –quien había sido muy crítico con parte de los senadores del PJ y con los diputados del Frente Progresista– abrió una puerta al diálogo entre los integrantes de la Cámara alta y el Ejecutivo y eso hacía pensar que había una posibilidad de zanjar diferencias y que eso termine dejando en pie los vetos a ambas leyes. Producto de esos cambios Perotti consiguió cambiar la voluntad de algunos legisladores y no encontrarse con una votación que se parezca a una gran derrota. Fue empate, 1 a 1.

Las normas en cuestión eran las que proponían, por un lado, echar luz sobre los gastos reservados de los que dispone el Ministerio de Seguridad para realizar investigaciones y, por otro, regular las incompatibilidades entre funcionarios de los distintos poderes del Estado para ocupar cargos en más de uno de ellos. Eso era lo que se señalaba el año pasado en el caso del exministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien asumió ese cargo luego de tomarse una licencia como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Sain, quien renunció finalmente como ministro de Seguridad ahora regresó a su puesto en el MPA y en caso de que haya alguna denuncia sobre esa cartera durante su gestión debería autoinvestigarse.

El veto a la primera de las leyes tenía como cámara de Origen al Senado. Allí el bloque Lealtad, integrado por Alcides Calvo, Marcelo Lewandowsky, Marcos Castelló, Eduardo Rosconi y Cristina Berra) adelantó que estaba de acuerdo con el veto del Ejecutivo. Sin embargo, los 13 senadores restantes, seis del PJ y siete de la UCR, lograron los dos tercios necesarios para aprobar el rechazo a la voluntad del gobernador y girar a Diputados la norma. Pero en la Cámara baja hubo diputados de Juntos por el Cambio que no acompañaron el tratamiento sobre tablas para tratar el rechazo del veto y la discusión se terminó cayendo.

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El Senado rechazó ambos vetos, tanto a la ley de incompatibilidad como a la de gastos reservados, sin embargo, esta última no reunió la mayoría necesaria en Diputados.

El Senado rechazó ambos vetos, tanto a la ley de incompatibilidad como a la de gastos reservados, sin embargo, esta última no reunió la mayoría necesaria en Diputados.

Leandro Busatto (PJ) y Julián Galdeano (JxC) propusieron la creación de una comisión, junto con el Ejecutivo, para introducir modificaciones a la ley aprobada el año pasado. Pero el presidente de la Cámara, Pablo Farías, explicó que eso se tenía que hacer presentando un nuevo proyecto. Con un notorio disgusto del jefe de la bancada radical y exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quedó claro que el Frente Progresista perdía una batalla.

Minutos antes los diputados habían rechazado el veto contra la otra ley, la de incompatibilidad. Allí se votó de manera nominal y uno por uno los presentes fueron diciendo si aceptaban el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, que rechazaba el veto de la gobernación, o si se aceptaba que el Ejecutivo revierta la voluntad de los legisladores que se expresó de manera mayoritaria en la sesión del 19 de noviembre de 2020.

La votación fue 37 votos afirmativos para rechazar el veto contra ocho votos negativos y tres abstenciones. De esa manera, la ley quedaba firme y sólo necesitaba la ratificación de los senadores, algo que sucedió minutos después con la misma votación que volteó el primer veto.

Como el segundo veto ni siquiera se llegó a tratar –el plazo constitucional es de un mes a partir de la comunicación del Poder Ejecutivo, lo que sucedió el 1 de mayo cuando se dio inicio al período de sesiones ordinarias–, desde el martes que viene quedará firme. Luego habrá que esperar para saber si finalmente habrá una comisión entre diputados, senadores y representantes del Ejecutivo para mejorar el proyecto aprobado el año pasado y que, según los argumentos de los legisladores cuando aprobaron la ley en 2020, prometía transparentar el manejo de unos 50 millones de pesos.

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