Este miércoles por la tarde se reunirá la comisión bicameral de Acuerdos con un objetivo primordial: consensuar la redacción del reglamento para juzgar a fiscales y defensores. Si en ese encuentro hay consenso con las modificaciones que se le fue haciendo a un primer borrador, se podría llegar a tratar en la Asamblea Legislativa de este jueves. Este debate ya tiene una mora de nueve meses.

El problema viene de larga data. Cuando se sancionaron las leyes de creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) estaba previsto que el Ejecutivo nombre a un auditor general del MPA que se encargaría de controlar que los fiscales actúen sin cometer faltas graves. Tarde, pero en marzo de 2017 el gobernador Miguel Lifschitz se inclinó por María Cecilia Vranicich para ocupar la Auditoría General.

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Pero ese mismo año se desató una especie de guerra entre los fiscales y parte del poder político cuando la fiscal María Laura Martí y su par Roberto Apullán pidieron la intervención del teléfono del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aparentemente sin brindar al juez el detalle de a quién correspondía la línea; y cuando Apullán decidió allanar la Municipalidad de Santa Fe, en el marco de la causa por supuestos desvíos de fondos a cooperativas vinculadas con el intendente José Corral. También hubo una serie de investigaciones a varios senadores por supuesta malversación o desvíos de fondos.

Esos hechos, entre otros, hicieron que los legisladores tomen cartas en el asunto y en una sesión histórica donde se aprobaron decenas de leyes aprovecharon para modificar las leyes 13.013 y 13.014. Eso sucedió en la última sesión ordinaria del año pasado y así quedó en sus manos la posibilidad de enjuiciar a fiscales y defensores, lo que generó acusaciones de las asociaciones de fiscales que aseguraban que un poder estaba poniéndole el pie encima a otro.

Pero más allá de la polémica -que la política terminó deglutiéndose- entre los cambios hechos el 30 de noviembre de 2017 quedó una laguna ya que en las modificaciones no se dice nada de cómo tramitar las faltas leves de los fiscales y defensores.

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Por lo tanto, no está claro si ese tipo de infracciones de los fiscales -que no serían causal de remoción- también deben quedar bajo evaluación y sanción de los legisladores. Tanto diputados como senadores se dieron cuenta inmediatamente del problema aunque el receso de verano dilató una pronta enmienda del error que los atiborraría de expedientes. Pero con el correr de los meses surgieron diferentes posturas para buscar una solución y aún no se llega a un acuerdo.

Para ejemplificarlo, un legislador que integra la comisión de Acuerdos le dijo en off a UNO Santa Fe que "si un fiscal llega tres veces tarde a trabajar en una semana no es un tema que tengamos que tratar nosotros". Un grupo de legisladores se inclina porque esas causas queden en manos de los fiscales o defensores regionales por una cuestión de practicidad. Ni siquiera recaerían en Vranicich porque las modificaciones del 30 de noviembre le quitaron todo tipo de facultades para juzgar a los fiscales.

También falta determinar qué sucederá en el caso de que un fiscal o defensor haya recibido una denuncia por un hecho que podría ser una falta grave, pero que en el transcurso del proceso donde se hace la acusación, la presentación de pruebas y la defensa no llegue a meritar una destitución y sí una sanción menor como la suspensión u otra.

Ante ese tipo de casos hay quienes sostienen que es lógico que se inicie el proceso y después se determine la sanción en el ámbito legislativo porque se parte de la base de un hecho que supuestamente puede derivar en la remoción de los integrantes del MPA o del SPPDP. Pero eso recién se determina una vez que el proceso está en marcha y de acuerdo a cómo se van cumpliendo los pasos procesales.

Otro de los puntos en discusión es si ahora se debe sancionar una nueva ley para dejar en claro que las faltas leves que pueda cometer un fiscal o un defensor sean analizadas por sus superiores inmediatos, los fiscales y defensores regionales correspondientes, y sean esas personas las que definan si hay o no sanción.

El actual presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador por 9 de Julio, Raúl Gramajo, ya le había dicho a UNO Santa Fe a mediados de junio que era partidario de que el vacío legal que se había generado se salde con la sanción de una nueva norma y que estaba redactando un proyecto en ese sentido.

Serían varios los legisladores que comparten esa mirada. Sin embargo, ya pasaron nueve meses desde que los legisladores tomaron en sus manos el enjuiciamiento a fiscales y defensores y todavía no pudieron poner en marcha el sistema procesal para analizar las posibles faltas que cometan.

Por ese motivo, en la reunión de este miércoles por la tarde habrá algunas voces que pedirán que en la redacción del reglamento para juzgar a fiscales y defensores se establezca de forma clara cuáles son las faltas por las que los legisladores podrían procesar a los integrantes del MPA y del SPPDP y cuáles quedarán en manos de los fiscales y defensores regionales. "Mientras tanto se sancione una nueva ley algo hay que hacer. Esto no puede quedar en un limbo", dijo uno de los diputados que ve que el tiempo pasa y no se producen avances.

Sin ir más lejos, el 1 de febrero pasado Vranicich envió a la Legislatura los 62 expedientes que estaba analizando para que los legisladores se hagan cargo de esa tarea. Pero por el momento esos papeles están apilados en una oficina. Intactos.