Desde el gobierno de la provincia aseguran que 2018 fue un año récord en inversión en obra pública. Para sostener su afirmación, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione mostró una serie de cuadros en los que se ve que en los últimos 20 años el promedio del gasto de capital fue del 1,32% del Producto Bruto Geográfico (lo que produce la economía santafesina). Mientras que en 2018 se llegó al 2,32%, con un total de 25.605 millones de pesos invertidos.

Esa cifra fue prácticamente la misma que en 2017 (2,30%), pero se dio en un marco muy diferente, ya que el año pasado fue uno de los años más complicados en materia económica. Luego hay que volver hasta el 2006, durante la última gestión justicialista de Jorge Obeid, para ver un nivel similar de apuesta a la obra pública (2,21%).

"Cuando uno mira para atrás, al menos en las últimas dos décadas, nunca se había hecho tanta obra pública en la provincia como hicimos en 2018", dijo Saglione y agregó: "Además, eso lo hicimos con recursos propios, de los santafesinos. Nadie nos regaló nada. Porque en Santa Fe debe ser la provincia en la que menos importancia tienen las transferencias discrecionales del gobierno nacional respecto del financiamiento de la obra pública donde estamos en el lugar 18 en valores absolutos y en el lugar 23, de 24 provincias, en términos per cápita".

Ahora, en el gobierno provincial ven como un desafío mantener estos niveles de inversión en obra pública cuando se va a contar con muchos menos recursos que el año pasado. Además, descartan que se revierta la relación de las transferencias de recursos que llegan desde el gobierno nacional.

En una ronda con periodistas, el ministro dijo que en 2019 el gobierno provincial tiene que asumir con recursos propios los subsidios al transporte urbano e interurbano, lo que le significarán 1.500 millones de pesos; también Santa Fe se hará cargo de 1.500 millones de pesos para sostener la tarifa social eléctrica. Además, la provincia no va a disponer de 2.500 millones de pesos del fondo sojero, que se destinaba a obra pública.

A esas cifras también se deben sumar (o restar) el impacto de la pérdida de recaudación propia por las reducciones en las alícuotas impositivas acordadas en el pacto fiscal de 2017. "El compromiso de reducciones tributarias que asumimos en el impuesto a Sellos e Ingresos Brutos solo Santa Fe lo cumple porque al resto de las provincias, al haber firmado el Consenso Fiscal de 2018, el gobierno nacional les permite no aplicar esas reducciones tributarias", dijo Saglione que estimó que eso equivale a unos 3.000 millones de pesos de costo fiscal en 2019.

En esa lista negativa de recursos, Saglione también anota la caída en la recaudación debido a la caída en la actividad económica, aunque aún no hay una estimación de cuánto significará. Sin embargo, mencionó que el escenario más optimista para 2019 es que al menos no habrá crecimiento; y el más pesimista es una caída superior al 2% que se adiciona a la del 2018.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, que participó del encuentro, también contempló entre las pérdidas de recursos las partidas que Santa Fe tiene que destinar, por ejemplo, al área de Salud para cubrir a pacientes dializados que atendía Nación, provisión de vacunas, medicamentos de alto costo. Farías aseguró que son unos 1.000 millones de pesos que "por no hacerse las transferencias o por dilaciones exageradas se tiene que terminar haciendo cargo la provincia".

Para hacer frente a ese panorama sin ajustar la obra pública ni los salarios de los agentes provinciales, desde el gobierno afirmaron que desde principios del año pasado vienen poniendo en marcha un programa de ensanchamiento de la base tributaria. "Al que paga impuestos le bajamos la alícuota, entonces buscamos cobrarle al que aún no paga. Hay 70.000 vehículos que según la Dirección Nacional del Registro del Automotor no están dados de alta en la provincia. Eso se trabaja con los municipios que son los encargados de hacerlo", dijo Saglione.

Otro de los puntos donde el gobierno puso la mira fue en el Impuesto Inmobiliario. En base a un proyecto de ley que fue aprobado en la Legislatura el año pasado, el Ejecutivo provincial dejó en manos de los municipios y las comunas la posibilidad de salir a cobrar los 3.600 millones de pesos de deuda existentes hasta la actualidad. La ley sancionada beneficia a los gobiernos locales que se quedarán con un porcentaje mayor al que les corresponde de forma regular, pasando del 50 al 60% de lo recaudado.

En Ingresos Brutos hay una estrategia que se desdobla en los contribuyentes más grandes y los más pequeños. Para los primeros se hace entrecruzamiento de datos con otros organismos que en los últimos meses permitieron identificar elusiones de impositivas. Para los chicos, la creación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes permitió aumentar la cantidad de contribuyentes que tiene el fisco provincial. "Son 20.000 contribuyentes más", dijo Saglione que valoró que esos contribuyentes "pagan menos y es más fácil".

Otro de los puntos que ayudan a suplir la falta de recursos es un recorte del gasto político, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, que fue votada en la reforma imositiva a fines del año pasado.

Además, la provincia espera un pronto cumplimiento del gobierno nacional a la hora de cubrir el déficit del sistema previsional. "Eso se viene dando en otras jurisdicciones y esperamos que este año se ponga al día en la provincia. Nosotros cobramos 2017 y la cuota automática de 2018, que supone un cuarto del déficit de la Caja de Jubilaciones. La aspiración es que en este ejercicio podamos cobrar el déficit aún sin cubrir del año pasado, que es de unos 4.500 millones de pesos", aseguró.