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Plan verano: un programa para el bolsillo

El gobierno nacional quiere apuntalar la actividad económica en el corto plazo a través de un plan de transferencias. El plan para la deuda

Domingo 05 de Enero de 2020

Entre $60 mil millones y $100 mil millones se transferirán, según las proyecciones y el universo de medidas que se tome en cuenta, a la población de menores ingresos durante los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández.

El objetivo es paliar la emergencia social y empujar una leve recuperación económica a través del consumo. Este conjunto de políticas de transferencias directas e indirectas busca ponerle un piso a la caída mientras se negocia el pacto social y la forma de pago de la deuda pública parcialmente defaulteada por el gobierno anterior.

Según La Capital, por eso se da en forma simultánea con medidas de recomposición del equilibrio fiscal, deteriorado por el endeudamiento y la depreflación de los últimos dos años.

En su último informe, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) bautizó como el plan verano 2020 el conjunto de medidas con las cuales el gobierno intenta generar “una leve recuperación del consumo a partir del congelamiento de tarifas y transferencias monetarias a la base de la pirámide social, como jubilados y pensionados de bajos haberes y beneficiarios de AUH”. Según sus estimaciones, las transferencias alcanzan a cerca de 8,5 millones de personas y suman un monto de $60.500 millones, con un impacto directo equivalente al 0,03% del consumo trimestral.

Ese impulso, agregó, es acompañado por un incremento de la presión fiscal y reducción de las transferencias a los sectores de ingresos elevados y medios, con el objetivo de mejorar el estado de las cuentas públicas. Así, el congelamiento de las rebajas impositivas previstas en la reforma tributaria busca reducir el efecto deficitario que hubieran tenido en las cuentas fiscales de 2020, del 1,5% del PBI. A ello se suman el nuevo impuesto a la compra y consumos en divisas, la actualización de los derechos de exportación y el incremento en Bienes Personales que implican un 1% del PBI adicional.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) estimó que la recaudación adicional por el capítulo impositivo de la ley de solidaridad rondará los 8 mil millones de dólares en el año, un 2,14% del PBI. Calculó que el incremento de las retenciones a la exportación aportará 2.032 millones de dólares adicionales (0,55% del PBI), teniendo en cuenta que gran parte de la cosecha ya se vendió. El incremento de Bienes Personales sumará unos 1.133 millones de dólares y el congelamiento de las rebajas de las contribuciones patronales otros 1.840 millones de dólares (0,50% PBI). Luego está el aporte del impuesto al dólar, concebido además como una medida para frenar la fuga de divisas. Los recursos provenientes de este tributo alcanzarían los 2.924 millones de dólares (0,79% del PBI).

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que todo el paquete de medidas generaría ingresos netos por 1,5 puntos porcentuales del PBI, “generando prácticamente equilibrio primario” en 2020. Incluyó en el cálculo una mejora del resultado primario equivalente a un 0,77% del PBI por la suspensión de la reforma tributaria de 2017 y de la movilidad previsional. También los ingresos extras por retenciones, Bienes Personales y dólar, por casi 1% del PBI. Le restó, por lado del gasto, los bonos a jubilados y beneficiarios de AUH (0,12% del PBI) y la tarjeta de alimentos, el otorgamiento de microcréditos por parte del Estado y la devolución de IVA en un esquema progresivo (0,18% del PBI).

El centro de estudios que conduce Nadin Argañaraz consideró que para que dicha mejora del resultado primario se verifique, deben cumplirse algunas condiciones. Entre ellas, que el congelamiento de tarifas sea absorbido íntegramente por las empresas de servicios públicos y que toda mejora extra en el ingreso de los beneficiarios sociales del gasto ajustable por movilidad se autofinancie “endogámicamente”. Es decir, que se redistribuya de los haberes más altos a los de la mínima y AUH.

La suspensión de la movilidad previsional alimenta el debate sobre el programa del gobierno. Los espacios políticos y economistas que impulsaron el ajuste económico de los últimos dos años denuncian este capítulo de la ley de solidaridad y reactivación como un congelamiento liso y llano de los jubilados. Además, cuestionan el carácter contractivo de los aumentos de impuestos a la riqueza y a los consumos dolarizados.

En cambio, para el economista Federico Fiscella, “de entrada, los bonos logran cubrir medianamente a los jubilados y además habrá un bono de marzo”. Consideró que “sería ideal que se haga por fórmula y no por decreto pero Argentina no puede plantearse la perfección en la ejecución de política económica en un contexto como el actual”. De hecho, subrayó que “casi la totalidad de las medidas anunciadas son para tratar de estabilizar la situación crítica”.

“Uno no puede decir que es bueno el cepo, suspender la movilidad o aumentar más impuestos, pero se trata de sacar a la economía de una profunda crisis, dejando en claro que, a partir de esta política, Argentina empieza a tener resultados de su balanza fiscal positiva”, observó. El mismo trabajo “se está haciendo en la balanza cambiaria”, acotó.

Los economistas del Mirador de la Actividad, el Trabajo y la Economía (Mate), defienden las medidas puestas en marcha por el gobierno nacional como parte de su decisión de “salir del círculo de recesión y ajuste”, a través de transferencias directas a los sectores de menores ingresos. Estiman ese desembolso en $100 mil millones, incluyendo los bonos previsionales y los aumentos salariales por decreto. También subrayan el regreso del salario indirecto, derivado el congelamiento de las tarifas de energía y transporte. “La lógica redistributiva se manifiesta, además, en los cambios impositivos”, apuntan.

En su último informe de coyuntura, señalaron que los primeros pasos del programa buscan “atacar el hambre y dinamizar el consumo”, generar una “mayor justicia redistributiva”, frenar la fuga de divisas (40 mil millones de dólares por compra de pasajes y turismo y 88.371 millones de dólares por FAE durante los cuatro años del gobierno de Macri) y bajar el costo de vida.

El cambio es rotundo, aseguran, respecto del modelo anterior. Recordaron que el gobierno de Cambiemos se fue con una inflación del 52%, al cabo de un mandato en el que promedió el 38% anual. Superó en diez puntos el promedio anual del último gobierno de Cristina y más que duplicó el índice que heredó en 2015. Para el equipo de economistas que conduce Sergio Arelovich, la inflación fue en los últimos cuatro años “un mecanismo importante para transferir ingresos desde los sectores asalariados”. El poder de compra de los salarios de los trabajadores registrados cayó 20% en el período. Calcularon en $4 billones los birlados al mercado interno por esta vía, mientras el Estado se endeudaba para que “el sector privado fugue dólares a mansalva”. El nuevo gobierno busca ahora “cambiar la lógica de las transferencias”, reforzando el poder de compra de la población de menores ingresos.

Para el titular del Ceso, Andrés Asiaín, “si se distribuyen recursos desde los sectores medios-altos y altos hacia los bajos, los primeros no reducen su consumo ya que sostienen su estándar de vida reduciendo su ahorro; mientras los segundos lo incrementan”. Por eso estimó que “el menor aumento a los jubilados de ingresos medios y altos, combinado con mayores aumentos a los de menor ingreso y beneficiarios de la AUH”, generará “cierto impulso al consumo aun cuando el saldo neto de la reforma sea un ahorro fiscal”.

El especialista en seguridad social Miguel Fernández Pastor recordó que los refuerzos de diciembre y enero para los beneficiarios del sistema previsional (incluido AUH) alcanzarán a casi 9 millones de personas. Según el Iaraf, dentro del universo de los jubilados, la Puam y las pensiones no contributivas en general suman 536.000 personas, mientras que los titulares únicos con al menos una jubilación o pensión contributiva que cobran un haber menor o igual a una mínima son 2.800.000 personas. Por otro lado, los titulares únicos con al menos una jubilación o pensión contributiva que cobran entre una y dos mínimas son 943.000.

Según un reciente informe del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), en los dos años en que se aplicó la movilidad jubilatoria aprobada en 2017 “los haberes jubilatorios perdieron notoriamente en términos de ingresos reales”. En 2018, el deterioro fue de casi 20 puntos. En 2019, de cinco puntos. Los investigadores del instituto que depende de la Fundación Mediterránea, especularon con que la fórmula ahora en suspenso podría haber generado este año incrementos reales en los valores del haber, bajo un escenario de menor inflación, recuperación de la actividad y suba de los salarios reales. Es decir, en un marco de mejora general de la economía que, de por sí, ayudaría a amortiguar cualquier aspecto puntual negativo del nuevo plan.

Para Fiscella, la idea que subyace en el paquete de medidas es “regular lo que va dando piso a la inflación y que la mejora del poder adquisitivo venga por la baja inflacionaria”.

El Cepa puso el foco en el universo de personas involucradas en los principales cambios impositivos que incluye la ley de solidaridad. En relación al impuesto a la compra de divisas y consumos dolarizados, mencionó que 1,77 millón de personas compraron dólares en noviembre, 10% de la población económicamente activa, mientras que el 4% de la población total partió de viaje de turismo desde Ezeiza y Aeroparque.

El impuesto al dólar intersecciona dos objetivos de política económica de la actual administración: equilibrar las cuentas fiscales y las externas. Y posicionarse para negociar la deuda, la madre de todas las batallas.

La deuda

El Ceso observó en materia de deuda pública una política diferencial según moneda y jurisdicción.

En ese sentido, recordó que los vencimientos en dólares de corto plazo bajo legislación local (Letes), son reperfilados en forma compulsiva. “Es probable que la misma suerte corran los vencimientos de otros bonos en dólares bajo legislación local como los Bonar 2020 y Bonar 2024”, indicó.

En el caso de bonos y letras en pesos, la política oficial “parece encaminarse a evitar el default y repagarlos, usando en algunos casos colocaciones intrasector público para financiarlo”. Esa estrategia, agregó, parece orientada a “reabrir el mercado local de financiamiento en pesos de corto plazo, lastimado por el reperfilamiento compulsivo que había impuesto en agosto de este año la administración anterior”.

En el caso de los vencimientos en dólares bajo legislación extranjera, el gobierno “parece tener voluntad de evitar la cesación de pago, apartando para ese objetivo 4.751 millones de dólares de las reservas del BCRA”.

La pelea por recomponer reservas es mano a mano y día a día. El centro de estudios que conduce Asiaín señaló que desde que se aplicaron los controles cambiarios hasta el 16 de diciembre, el BCRA compró 2.932 millones de dólares, que se aplicaron fundamentalmente al pago de vencimiento de deuda por 2.576 millones de dólares. En noviembre, la fuga de capitales pasó de 2.700 millones de dólares de promedio mensual a 144 millones de dólares. “La efectividad del cepo para revertir el saldo externo llevó al consenso de los economistas ortodoxos y heterodoxos sobre la necesidad de su mantenimiento”, señaló.

El Ceso estimó que, con el tipo de cambio que surge del nuevo impuesto al dólar, la fuga llegaría a 2.200 millones de dólares para todo 2020. En cuanto a los gastos con tarjeta y viajes realizados en el exterior, el Ceso estima que el encarecimiento por la tasa generará un ahorro de aproximadamente 500 millones de dólares para todo 2020.

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