El jueves pasado la Cámara de Diputados dio media sanción por cuarta vez consecutiva al proyecto de ley que busca regular la actividad de las agencias de seguridad privada en la provincia. El tema se viene abordando en la cámara baja desde 2008 y fue aprobado en 2012, 2014 y 2016, pero al llegar al Senado siempre duerme en los cajones hasta perder estado parlamentario y se debe volver a empezar.

La diputada Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS), que siempre impulsó el tema, aseguró que "hay lobby" para que esta ley no salga y señaló las necesidades de establecer pautas claras en los requisitos para habilitar las agencias y para el control de las personas que encuentran en esta actividad una salida laboral.

"Desde 2008 en adelante e incluso antes, cuando preguntábamos por este tema, empezamos a investigar y vimos que había muchos intereses de por medio o lobbies. Hay personas que se benefician de que haya poca regulación, que no sea suficiente o que no sea ley", dijo Gutiérrez en diálogo con UNO Santa Fe.

La legisladora aclaró que las agencias hoy están controladas pero insistió en la necesidad de una ley marco. En ese sentido dijo: "El gobierno provincial, primero de Hermes Binner y después de Antonio Bonfatti, profundizó las exigencias para las agencias pero no son ley sino decretos ministeriales. Y eso no es lo mismo. A nosotros nos preocupan no solo a quiénes les otorgan las licencias, sino también los controles y por otro lado la regulación de las mismas y, de ser necesario, las sanciones y hasta quitarles la posibilidad de trabajar en la provincia de Santa Fe".

—Usted habló de lobby, ¿en manos de quién están las agencias de seguridad en Santa Fe?

—En este último tiempo no tuve tanto contacto, pero en su momento eran expolicías, exjefes policiales o de otras fuerzas de seguridad que eran quienes tenían la dirección y propiedad de estas agencias.

—¿Cómo está regulada y quién controla la tenencia de armas de los agentes de seguridad privada?

—Los controla el Poder Ejecutivo. Pero en el proyecto que tuvo media sanción hay un ítem especial para las agencias de seguridad que pueden tener armas y que son las menos, aproximadamente un 10 por ciento del total. Por supuesto que, además de que el Estado las controla, en las agencias comunes se tiene que hacer un curso que brinda el Estado y que deben pagar las agencias. Pero en el caso de las agencias en las que se portan armas, este curso tiene más ítems porque son personas que están portando un arma y que se utilizan sobre todo para custodiar caudales.

En el artículo cuarto del proyecto se deja en manos de la Dirección provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informes Particulares, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad de la habilitación, control y sanciones a las agencias.

Asimismo, ese órgano del Ministerio de Seguridad será el encargado de desarrollar y administrar el Registro de Prestadores de Seguridad Privada. En dicho registro constarán los datos de las agencias habilitadas, los socios que las integran, el personal habilitado y un apartado con las sanciones y medidas cautelares aplicadas a las agencias. Esos datos tendrán el carácter público.

La iniciativa establece, entre otros motivos de inhabilidad e incompatibilidad, que no podrán ser titulares, socios, ni directores técnicos personas con antecedentes penales dolosos o culposos relacionados a la actividad y personas que no revistan al momento de su habilitación o hasta tres años antes como personal de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales u organismos relacionados con la seguridad pública.