El gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura un proyecto para reemplazar el Código Procesal Civil y Comercial vigente desde 1961. Se trata de una iniciativa que ya tuvo varios intentos fallidos en gestiones anteriores y que ahora vuelve a tomar impulso legislativo con la particularidad de haber ingresado por el Senado.

La iniciativa propone una transformación integral del funcionamiento de la Justicia Civil y Comercial con el objetivo de reducir los tiempos de los procesos, simplificar trámites y garantizar respuestas judiciales más rápidas y efectivas.

No es menor que haya decidido ingresarla por el Senado y no por Diputados. Probablemente obedezca a la intención de no repetir la demora en la media sanción y las rispideces internas en Unidos, puntualmente con el socialismo, surgidas por el texto de la reforma en seguridad que tuvo a Diputados como Cámara de origen. En el Senado, el oficialismo tiene mayoría alineada.

En la Casa Gris, en tanto, deslizaron a La Capital respecto de la decisión de ingresar el texto por la Cámara alta: "Por nada en especial".

Debate por el código

No es un proyecto más sino que ya tuvo varios intentos con el Partido Socialista (PS) como precursor de la reforma. El debate fue amplio, aunque el proyecto actual difiere de los anteriores y lo impulsa el gobierno provincial.

"Son cambios profundos, como todos los que venimos encarando. Va a llevar tiempo su tratamiento porque el tema lo amerita", comentaron en el gobierno provincial.

En noviembre de 2017, el entonces gobernador socialista Miguel Lifschitz y su ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, pusieron en marcha una comisión para redactar un nuevo código.

No se quedó solamente en el impulso inicial: el proyecto elaborado por esa comisión obtuvo media sanción en Diputados, en 2018, y no logró la aprobación final.

En 2020, durante el gobierno de Omar Perotti, el socialismo volvió a presentar la iniciativa a través de Lifschitz, diputado en ese momento, mientras la administración peronista trabajaba en su propio anteproyecto, lo que generó cruces.

En 2024, el bloque del PS volvió a ingresar el proyecto con la firma de sus catorce diputados. Pablo Farías recordó que retomaba el trabajo iniciado en 2017.

Puntos generales del proyecto

Uno de los principales cambios es el paso de un modelo predominantemente escrito a otro basado en la oralidad, las audiencias y la concentración de las actuaciones.

Se busca que los jueces tengan mayor contacto directo con las partes, organicen la producción de pruebas y puedan promover acuerdos para resolver tempranamente los conflictos. En dos conceptos: oralidad y un magistrado que asume la conducción efectiva del proceso.

Es que fortalece las facultades de los jueces como directores del proceso. Podrán adoptar medidas para evitar demoras, ordenar el procedimiento, prevenir nulidades, concentrar la actividad probatoria y promover soluciones consensuadas, sin afectar el derecho de defensa ni la igualdad entre las partes.

También hay cambios importantes en la prueba pericial, con prioridad para los cuerpos especializados del Poder Judicial, y reglas que desvinculan los honorarios de los peritos externos del monto del juicio.

Otro eje central es la digitalización de los procedimientos. El nuevo código incorpora la gestión electrónica de expedientes y las notificaciones digitales, además de contemplar flamantes formas de prueba vinculadas al entorno tecnológico.

La Corte Suprema provincial tendrá a su cargo la implementación de las herramientas y los sistemas informáticos, algo que ya fue incorporando en distintas áreas con éxito.

En cuanto a la estructura de los juicios, se propone un proceso general de conocimiento que unifique reglas y reduzca la cantidad de procedimientos especiales.

Se mantienen adecuaciones para materias específicas, como familia, sucesiones, causas de menor cuantía y desalojos. También se incorporan regulaciones particulares para los procesos monitorios y ejecutivos destinadas a facilitar el reclamo y cobro de determinadas obligaciones.

Eso permite resolver determinados reclamos respaldados por documentación suficiente mediante una intimación judicial inicial. El requerido tiene diez días para cumplir o formular una oposición fundada. Si no se opone, se dicta sentencia sin necesidad de desarrollar todo un juicio de conocimiento.

La reforma también contempla una regulación más ordenada de la producción y valoración de pruebas, la ejecución de sentencias y la realización de bienes.

Entre sus disposiciones se destaca la posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre bienes, registros, activos, plataformas y entornos digitales con el propósito de garantizar la efectividad de las decisiones judiciales.

Finalmente, el proyecto establece que el nuevo código comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará, en principio, a los procesos que se inicien desde ese momento.

Las causas en trámite continuarán bajo la normativa anterior, salvo acuerdo de las partes o decisión fundada del magistrado. La iniciativa deroga la ley 5.531, vigente desde hace más de seis décadas, y plantea un cambio que, según sus fundamentos, requerirá también una transformación cultural de los operadores judiciales.