circuito comercial ilegal

Santa Fe: cómo operaba la banda que manejaba el mercado negro de los celulares

Siete personas fueron condenadas y deberán pagar multas por 730 mil pesos en el marco de una investigación sobre el circuito de celulares robados en Santa Fe

Miércoles 10 de Noviembre de 2021

Seis hombres y una mujer fueron condenados, inhabilitados y deberán pagar multas por un total de 730.000 pesos en el marco de una investigación que encabeza la fiscal María Gabriela Arri sobre el circuito comercial de teléfonos celulares robados en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue resuelta por el juez Leandro Lazzarini en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. Las siete personas fueron condenadas por el delito de encubrimiento agravado.

“El magistrado dispuso penas de tres años de ejecución condicional para cada una de las siete personas, y también las inhabilitó por cinco años para trabajar en la compra, venta y reparación de dispositivos móviles”, subrayó la fiscal Arri.

La representante del MPA también destacó que “logramos avanzar en la investigación y, en ese marco, los siete condenados admitieron haber cometidos los ilícitos”.

La banda

Los condenados son Damián Aníbal Cabrera; Mauricio Alejandro Coria; Mariana Lilian Huser; Diego Rubén Gómez; David Alfredo Baru; Mauro Aníbal Robles y Alejandro Diego Visani.

Cabrera y Coria deberán abonar al MPA multas de 200.000 pesos cada uno; Huser y Gómez, de 120.000 cada uno; Baru, de 50.000; y Robles y Visani, de 20.000 cada uno. Al respecto, Arri indicó que “las diferencias en los montos se deben al volumen económico de la actividad ilícita que llevó adelante cada condenado”.

Por otro lado, “a los seis hombres y a la mujer juzgados se les decomisaron teléfonos celulares que fueron secuestrados en el marco de la investigación”, mencionó la fiscal. “El magistrado también ordenó decomisar 26 ‘box’ o ‘máquinas de flasheo’ que los condenados tenían en su poder”, detalló y explicó que “estos dispositivos se utilizan para formatear celulares y liberar sus códigos de identificación (IMEI, por sus siglas en inglés)”.

Arri se refirió a que “los hechos delictivos fueron cometidos en cinco locales comerciales de la ciudad de Santa Fe dedicados a la compra, venta y reparación de telefonía celular”. En tal sentido, planteó que “a sabiendas de su procedencia ilícita, los condenados recibieron y tuvieron en su poder dispositivos que habían sido denunciados como sustraídos y estaban inhabilitados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)”.

La fiscal explicó que “dado que los teléfonos denunciados por robo están fuera del circuito legal, los condenados solían recibir dinero para ponerlos en condiciones de volver a circular en el mercado”.

Los allanamientos

La funcionaria del MPA manifestó que “las detenciones de los ahora condenados se produjeron en allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo el miércoles 6 de octubre de este año”. En relación a ello, aclaró que “como resultado de los operativos, también fueron detenidas y luego imputadas otras cuatro personas que siguen siendo investigadas”.

Además, especificó que “en los allanamientos se secuestraron 449 teléfonos celulares; 26 ‘box’; 7 notebook y 3 pen drive que fueron sometidos a pericias informáticas”.

Arri valoró que “la investigación se inició a mediados de año”, y precisó que “cruzamos datos de denuncias; de informes solicitados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco); de listados actualizados de comercios habilitados por la municipalidad para la venta de celulares; y de trabajo de campo realizado por personal del departamento Complejas 1 de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)”.

Las siete personas fueron condenadas como autores del delito de encubrimiento agravado (por habitualidad, por actuar con ánimo de lucro y por no contar con la habilitación correspondiente).

En tal sentido, la fiscal Arri concluyó que “los abogados defensores de las siete personas aceptaron la calificación penal de los hechos ilícitos, las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos de cada juicio”.

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