Esta semana hubo un total de cuatro amenazas de bombas en las escuelas de la ciudad. El lunes 9 la alarma se prendió en la escuela Don Bosco a las 11.10; lo mismo sucedió a las 19.15 en la escuela Pizarro.

Las mismas alertas se registraron el martes por la mañana, nuevamente el escenario de la amenaza fue Don Bosco, en tanto que al mediodía fue el turno de la escuela Bustos. Una llamada, un alerta que deriva en la evacuación de los alumnos de la institución, el llamado a la policía, a los bomberos y a los cuerpos que trabajan en el área de prevención.

El año pasado se registró un total de 200 llamadas a distintos establecimientos educativos santafesinos. Desde la Regional IV del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe confirmaron a UNO Santa Fe que se aplicará el protocolo a partir de las experiencias del año pasado.

"Las amenazas se tomaron como una práctica de juego, de cada 10 amenazas nueve son alumnos de la propia escuela", afirmó Juan Cruz Giménez, delegado de la Región IV de Educación. "El año pasado tuvimos una cifra aproximada de 200 llamadas, que por supuesto se identificaron desde el Ministerio de Seguridad", agregó el consultado.

Más allá de las medidas que se tomen desde el ministerio con aquellos que incurran en las amenazas y que pueden ir desde suspensiones hasta tareas comunitarias, desde el organismo se esperan las sentencias y sanciones que el Poder Judicial imparta a los acusados a partir de los casos que se identificaron el año pasado. Desde la Regional IV subrayaron: "Estamos esperando que haya final del proceso y una sanción que determina la Justicia para esa pena, aunque en muchos casos como es menor de edad no se le puede aplicar la pena inmediatamente".

Es por esto que están trabajando para que se aplique la figura de sanción económica que afectaría al adulto responsable del menor. En relación a la identificación de las llamadas, Giménez confirmó que se dieron casos en las que estas fueron realizadas con los mismos celulares de los alumnos, en zonas cercanas al establecimiento. "En el caso del Almirante Brown, estuvieron hechas desde teléfonos públicos. Esto implica que esté por lo menos registrado el llamado, identificada la llamada o grabada en la vía pública", sostuvo Giménez.