El lunes de esta semana, dos alumnos de la escuela secundaria Nicolás Avellaneda fueron trasladados a la Comisaría 5ª de la capital santafesina, luego de que se identificara el teléfono celular desde el que habría partido una llamada al 911, dando aviso sobre la colocación de una bomba dentro del establecimiento educativo. En este último caso, los menores quedaron a disposición de la Justicia de Menores, marcando una nueva estrategia para frenar las falsas amenazas.

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Sin embargo, por la repetición de este tipo de situaciones, que se arrastra desde hace al menos dos años, y que no sucede solamente en la ciudad de Santa Fe, el problema parece aún no detenerse. Las advertencias del gobierno provincial respecto de que los padres de los adolescentes que sean identificados como autores de las amenazas deberán pagar el costo de los operativos que se ponen en marcha cada vez que hay un llamado de estas características, tampoco ha funcionado hasta el momento.

Frente a una realidad innegable, la pregunta sobre cómo abordar el problema, y fundamentalmente sobre qué medidas tomar para detenerlo, resuena cada vez más fuerte. En ese marco, UNO Santa Fe buscó la opinión del Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe, donde aclararon que desde un primer momento la institución optó por no tomar una posición pública, entendiendo que desde el Ministerio de Educación "ya hay disposiciones a seguir" y lo "importante es que se lleven a cabo".

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No obstante, remarcaron que "no todas las escuelas cuentan con profesionales de la salud mental, como psicopedagogos, ni equipos para poder trabajar estos temas".

"Es algo en lo que insistimos al Ministerio de Educación, que haya gente capacitada en las escuelas para poder abordar estos temas con los jóvenes. Poder saber qué es lo que les está pasando a ellos, qué los motiva, escucharlos, poder hablar y escuchar a su familia", expresó María Alejandra Vassallo, presidenta de la entidad que nuclea a los psicopedagogos. "Como comisión directiva del Colegio queremos ser muy cuidadosos de poner en un estado de alerta a la sociedad, porque creemos que es caso por caso que se debe analizar esto", agregó.

Sin consulta

En ese marco, Vassallo no pudo ocultar su pesar por no haber sido consultados por el ministerio al respecto y solicitó a la cartera educativa que evalúe qué es lo que sucede puntualmente en las escuelas en las que las amenazas de bomba se repiten.

"Lo que hemos visto es que esto continúa y que falta gente capacitada para abordar estos temas en las escuelas. No cualquiera puede contener y también poner límites a esta situación", remarcó.

Vassallo sostuvo que desde el gobierno, "jamás se pidió una consulta, ni una ayuda", por las recurrentes amenazas de bomba, más allá de que se solicitaron entrevistas en reiteradas ocasiones por distintas problemáticas, incluso ofreciendo su colaboración gratuitamente. "Personas sueltas, por otras problemáticas han venido al Colegio, pero no a nivel ministerial y eso que les hemos ofrecido ayuda. La verdad es que estoy bastante angustiada, porque tenemos profesionales capacitados, que estudian constantemente para sostener estas problemáticas", subrayó y afirmó que en Santa Fe "hay pocos equipos socioeducativos para muchas escuelas con realidades realmente muy preocupantes".

Desde el Ministerio de Educación

En contacto con el programa radial UNO en la Radio, que se emite de lunes a viernes por FM Sol 91,5, el secretario de Educación de la provincia, Oscar Di Paolo, manifestó que lo que ocurre "es muy preocupante porque son hechos anónimos, y la verdad es que tienen un costo enorme para los sistemas de seguridad y para el sistema educativo".

"Recientemente empezamos a trabajar de forma articulada entre el Ministerio de Seguridad, el de Educación y la Justicia. Se ha podido identificar más de una docena de números telefónicos con sus respectivos propietarios y afortunadamente hay un juez que está llamando a indagatoria a dos que son presuntos responsables de estas falsas amenazas", contó.

En tanto, respecto de que si desde la cartera educativa se evalúan sanciones para los menores identificados que han realizado las llamadas, Di Paolo trasladó esa decisión al Poder Judicial: "La verdad es que nunca nos ha ocurrido de tener un alumno en estas circunstancias, de poder identificarlo. Todas han sido anónimas. Obviamente la Justicia determinará qué sanción le corresponde, porque se está provocando un daño a terceros, más allá de que la bomba no exista, obviamente".

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"Lo que nosotros hacemos como Ministerio de Educación es llamar a la reflexión sobre estas cuestiones que tienen que ver con una conducta ética. En la vida uno no puede resolver problemas de esta manera y para nosotros es muy importante poder charlar de estos temas en las escuelas y que la Justicia determine cómo debe resolver", concluyó.