La ciudad de Santa Fe, como tantas otras del país, fue escenario en los últimos años del boom de la construcción y del surgimiento de cientos de edificios. La gran mayoría de ellos cuenta con medios de transporte vertical, es decir ascensores. En el año 2009, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza 11.592 que regula las condiciones para el mantenimiento y la conservación de los mismos y también los requisitos necesarios para un buen uso y estado de mantenimiento. La finalidad de la norma es que los ascensores sean elementos seguros que garanticen la integridad de las personas y los bienes que son transportados a través de ellos.

Desde el Grupo de Ascensores y Medios de Elevación relacionado a Personas (Gamep), perteneciente a la UTN Santa Fe, señalan que esta ordenanza nunca fue reglamentada, por lo cual no puede ponerse en práctica.

En diálogo con Diario UNO, Rubén Darío Eggel, uno de los fundadores del grupo comentó que hace años vienen trabajando para generar herramientas legales para la seguridad en ascensores y señaló que “en la Municipalidad se presentaron dos notas pidiendo la reglamentación de la ordenanza, una por parte del Colegio de Ingenieros y otra de la Federación de Ascensoristas. Ambos reclamos llevan más de 1.100 días sin respuesta. Además nosotros también hicimos uno y llevamos 400 días sin saber qué pasa con lo que se aprobó. Entiendo que hay un problema legal y no técnico, pero bueno, pongámonos a trabajar y veamos cómo lo podemos solucionar”, afirmó.

Por su parte, desde la Cámara de Ascensores y Afines del Litoral comentaron que venían manteniendo un diálogo con la Municipalidad para poder reglamentar la actividad, pero “hace un tiempo que no hay novedades”. Esta ordenanza permitirá que los inspectores puedan controlar las obras, pero para ello, primero se tiene que crear un registro y después comenzar a inspeccionar. “Esto nos permitiría trabajar mejor y ejercer un mejor control de cómo se trabaja en la ciudad de Santa Fe con los ascensores. Empezando con la instalación, pero también para que las mismas empresas se vayan a matricular y que no haya valijeros, ni gente que no está especializada en el rubro”, comentaron desde la Cámara.

En tanto, Eggel sostuvo que a nivel nacional la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina, a través del Senador correntino Nito Artaza, presentó un proyecto de ley, pero que es escueto y parcializado. Por ejemplo, comentó que “en el proyecto de Artaza, cuando la empresa termina de instalar un ascensor, automáticamente deja de tener responsabilidad en el mismo momento en el que se da la finalización de la obra. A partir de ahí pasa a ser un problema del propietario”. “Por una almohada dan seis meses de garantía y sobre un ascensor ni eso”, ironizó. Además agregó: “No hay tampoco registro de cantidad de ascensores, ni de controles, para que se sepa cómo viene la mano. Nosotros desde el grupo queremos generar un registro. Por tal motivo estamos intentando asesorar al Senado Nacional para generar una herramienta más abarcativa y de mayor impacto”.

¿Y en el ámbito público?

Desde Gamep se realizó un trabajo de investigación destinado a conocer la situación actual de los ascensores instalados en los edificios públicos de la ciudad de Santa Fe. Para llevar a cabo este trabajo, el especialista de la UTN contó que primero se generó una encuesta tipo y luego se habló con los representantes de mantenimiento de cada uno de los edificios públicos de la ciudad.

“Agarramos las páginas amarillas y empezamos a relevar uno por uno todos los organismos públicos con sede en Santa Fe y los fuimos consultando sobre si tenían o no ascensores. Y nos encontramos con un montón de edificios públicos que no cuentan con ascensor. Lamentablemente, estamos todos los días hablando de la accesibilidad, pero hay barreras físicas que todavía no superamos”, enfatizó Eggel.

El listado de instituciones registradas determinó que 57 lugares debían considerarse para ser encuestados, y de los mismos, 33 contaban con ascensor, lo que representa un 58% de los lugares estatales de la ciudad. Sobre ellos fue que se realizó la encuesta.

Para los especialistas que llevaron a cabo el trabajo resultó de suma importancia conocer la antigüedad de los equipos emplazados, y se puso especial énfasis en este punto, puesto que según los mismos fabricantes, la vida útil de los elementos críticos ronda los 10 años de uso, y por ello este interrogante se convirtió en la primera pregunta del cuestionario.

De lo planteado, se pudo determinar que solo siete equipos fueron instalados hace menos de tres años (lo que representa un 12% del total de equipos relevados); un 2% (un solo equipo) posee entre tres y cinco años desde su instalación; y un 10% (seis equipos) fueron instalados entre hace cinco años y menos de hace 10 años. El restante 76% tenía más años de instalación que los recomendables para la vida útil de los elementos esenciales del aparato. Dicho 76% se logró al unificar aquellos segmentos que tenían de 10 a 20 años de instalados, y los de más de 20 años. Separadamente se reconoció que un 23% (13 equipos) no excedían los 20 años, pero que el 53% del total de los ascensores instalados (30 equipos) superaban el doble de lo estipulado en la vida útil de sus elementos críticos, y como consecuencia representaban un problema latente, pudiéndose inferir que se tornaban en potenciales elementos de complicaciones para sus usuarios.