Esta tarde, Héctor Caloia, propietario de la vivienda que la Policía Comunitaria está desalojando en la esquina de La Rioja y San Juan de barrio Roma, afirmó que nunca se le pagó el alquiler del inmueble, cuya deuda afirmó que llega a los 200.000 pesos. Además, aseguró que existen irregularidades respecto a los servicios públicos del local.

En ese sentido, Caloia expresó que existe una deuda con Aguas Santafesinas que asciende a los 16.000 pesos y que actualmente se encuentra judicializada. A su vez, aseguró que se les cortó el gas natural debido a la falta de pago y que la propiedad se encuentra "colgada" del servicio de luz eléctrica.

Caloia realizó estas denuncias en el marco de la reunión realizada en la tarde del jueves entre vecinos de barrio Roma y autoridades policiales, luego del asesinato de Ariel Castelló ocurrido el domingo.

El fin de todo

El dueño del inmueble aseveró que "los funcionarios están diciendo mentiras, entre ellas que yo los estoy desalojando. Nada más lejos de la verdad". Luego, aclaró que cedió la propiedad, pero nunca firmó un contrato de alquiler. En ese sentido comentó que "me contactó el funcionario Guillermo Sufritti. Como se encontraba todo bien, y había gran cantidad de amigos de por medio, supuse que estábamos hablando con gente honorable".

Continuando con su relato, Caloia expresó que "cuando me pidieron la propiedad, completaron una serie de formularios en la que se dictaminó que estaba todo correcto. En ese momento, para ir adelantando tiempo mientras salía el expediente, me pidieron ingresar para acomodar las instalaciones, colocar el aire acondicionado y los carteles identificatorios. Accedí de buena voluntad y eso fue el fin de todo".

Luego de eso, Caloia asegura que no se le pagó ningún mes de ocupación del local y que, al no existir un contrato que avale el alquiler del inmueble, nunca se dio de alta el servicio de luz eléctrica y por lo tanto la propiedad se encuentra "enganchada" a la EPE.

Incumplimiento y maltrato

A pesar de la grave situación, Caloia afirmó que "está toda la voluntad para que se queden en la casa. Queremos que regularicen la situación". Pero al mismo tiempo, se encargó de aclarar que "hay un incumplimiento muy grande de parte de los funcionarios. Una negligencia, un maltrato, un desprecio absoluto", finalizó.