El próximo miércoles 30 de julio, damnificadas por la megaestafa bursátil por la que está imputado el contador Mario Rossini, ex titular de Bolsafe Valores, realizarán una manifestación en la puerta del Juzgado Federal nº 2, para reclamar celeridad en la investigación.  “La manifestación es para apoyar el impecable trabajo investigativo realizado por el fiscal federal, Walter Rodríguez, junto a la  Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El juez federal, Francisco Miño, cuenta con los elementos necesarios para comenzar a tomar las medidas que hace tiempo, los estafados , estamos esperando”, indicaron los organizadores. La convocatoria está prevista para el próximo miércoles a las 11.30 en calle General López y  9 de Julio. Desde allí, marcharán al juzgado federal Nº2, ubicado en 9 de Julio y Monseñor Zaspe. 

A principios de mes, el fiscal General de Rosario, Claudio Palacín, y el fiscal General a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, adelantaron que presentarían ante la Cámara Federal de Casación Penal , el principal imputado en la estafa a gran escala perpetrada de la sociedad de bolsa Bolsafe Valores.

“Estamos coordinando un trabajo conjunto para recurrir la sentencia con el fiscal General ante ese tribunal, Claudio Palación”, adelantó Gonella. “La sentencia es insostenible desde el punto de vista lógico, por arbitraria e inconsistente, ya que soslaya el informe médico oficial del cual se desprende que el acusado puede ser abordado con una atención adecuada, especializada y permanente dentro del penal”, evaluó el titular de la Procelac.

Rossini accedió a la prisión domiciliaria con el voto del camarista rosarino José Toledo, al que adhirieron sus colegas Elida Vida y Edgardo Bello. La resolución se basó en informes psicológicos que revelan la “angustia” del imputado por el encierro, aunque los jueces reconocieron que dentro del penal Rossini “tendría adecuada y permanente atención”. “Si bien dicho dictamen pericial refirió que el encartado tendría adecuada y permanente atención especializada en el penal; corresponde considerar a su respecto el informe psicológico efectuado por la propia licenciada María Susana Saux”, indicó Toledo en su voto.

Ese informe psicológico señala que el imputado tiene “periódicas crisis de angustia” y remarca las “evidentes consecuencias somáticas que permiten indicar que nos encontraríamos ante un cuadro de trastorno de ansiedad, que según manifiesta el interno, condiciona y limita el ámbito de sus rutinas cotidianas”.

El juez Toledo también citó un informe de la Junta Especial de Salud Mental: “Los sentimientos y estado psíquico en él constatados y dado su particular modo de registrar y vivir en el penal, constituyen factores de riesgo agravante para su precaria estabilidad clínica”. El camarista tuvo en cuenta que el imputado expresó “sentimientos de preocupación y temor por las situaciones que vive en el penal, que registra como amenazantes para su vida” y remarcó que durante las entrevistas con los profesionales .

Toledo hizo propio un argumento de la defensa sobre una supuesta demora en el traslado desde el penal a un hospital para el tratamiento de Rossini y sostuvo que “se evidencia que los tratamientos específicos (...) no se habrían atendido con la premura necesaria”. El voto además sostuvo que la prisión domiciliaria para Rossini es de “carácter excepcional en razón de las singulares circunstancias de este concreto caso” y delegó en el juez de primera instancia, Francisco Miño, la adopción de “las medidas de seguridad y control que estime indispensables para garantizar el estricto cumplimiento de las condiciones de detención”.

La causa que tiene imputado a Rossini involucra también a otros 48 imputados por su participación en una diversidad de maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de bolsa “Bolsafe Valores” y de la empresa BV Emprendimientos, con la connivencia del Mercado de Valores del Litoral y el Banco de Galicia.