El viernes a última hora, el fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Walter Rodríguez, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron la apelación a la falta de mérito que el juez Reinaldo Rodríguez dictó el martes pasado para la directora y el empleado administrativo de la Casa de la Joven, en el marco de la causa que los investiga por trata de personas.

La columna vertebral del escrito que presentó la fiscalía es la falta de valoración de pruebas que realizó el magistrado. Los fiscales plantean que quedaron afuera testimonios de al menos tres adolescentes que respaldan la denuncia inicial; escuchas telefónicas que se realizaron en la Casa de la Joven y una denuncia en la Comisaría de la Mujer que daban cuenta de al menos una situación de abuso sexual; y que el principio de “in dubio pro reo” (en caso de duda se favorecerá al imputado) no es aplicable en la instancia de instrucción. Además de dictar la falta de mérito para ambos imputados por el delito de trata, el juez también había declarado su incompetencia por la acusación del delito de abuso sexual sobre el administrador, por considerar que es un delito que debe ser investigado en la órbita de la Justicia provincial.  Este punto, también fue cuestionado por los fiscales, quienes consideraron “prematuro”, resolver esa incompetencia, ya que se trata de un delito fuertemente vinculado al de trata de personas, sobre todo en su primera fase: en el ablandamiento de las víctimas. Entre los testimonios claves para la acusación, los fiscales marcaron que faltó valorar los relatos de las dos profesionales de la Fundación María de los Ángeles, que estuvieron en contacto y asistieron a la víctima inicial: “Son testimonios importantes para poder expresarse sobre la solidez y credibilidad de la denuncia recibida en esa organización”.  Lo mismo pasa con otros profesionales de la Casa de la Joven, que también tuvieron conocimiento de los hechos objeto de investigación y los pertenecientes al hospital Mira y López. El análisis del juez también omitió la denuncia de una de las adolescentes, M., que junto a dos celadoras de la Casa de la Joven se presentó en la Comisaría de la Mujer,por un abuso sufrido el 30 de abril. El informe policial indica que la chica fue secuestrada a la salida del colegio, cuando esperaba que una persona allegada al empleado imputado la pasara a buscar, y que fue llevada a una casa donde la obligaron a mantener relaciones sexuales y que luego la liberaron. Sobre ese episodio, también declararon profesionales del hospital Iturraspe, que asistieron a la menor y tampoco hay referencia a ellos en el escrito del juez, ni se contestó el pedido de la fiscalía de hacer una inspección judicial al lugar donde ocurrió el abuso. En la misma línea, para los fiscales faltó ahondar sobre los elementos reunidos por la Justicia provincial, a través del fiscal Roberto Apullán, y los incorporados al sumario administrativo en trámite ante la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.  “El magistrado judicial fragmentó las nueve declaraciones recibidas, obviando otras que claramente incriminaban a los imputados y permitirían una solución jurídica distinta a la adoptada”, dijeron los fiscales y extrajeron un apartado de la declaración de otra de la menores que dijo que se alejó de la Casa de la Joven porque su padre temía que culmine ejerciendo la prostitución.  “Las tres declaraciones de las menores que tuvo en cuenta el juez, quitarían peso probatorio a determinados pasajes de la exposición de la denunciante. Sin embargo eso no implica la descalificación de su testimonio, máxime cuando sus dichos están reforzados por el relato de otras adolescentes que se encontraban en el hogar en el momento de los allanamientos”, concluyeron los fiscales. Gabriela Albanesi / galbanesi@uno.com.ar