El 21 de septiembre el gobernador Omar Perotti por medio del decreto 998/20, autorizó a los concesionarios de los casinos Puerto Santa Fe SA, City Center de Rosario y Casino Melincué SA, a implementar, operar y explotar los juegos de azar a través de la modalidad complementaria denominada online o virtual por 15 años.

En las últimas horas, el Tribunal de Cuentas de la provincia formuló una observación total sobre el dictamen del gobernador que tiene tres ejes. Señala que "la modalidad online o virtual no se encuentra regulada en la actual Ley 11.998, ya que esta solo autoriza los Casinos y Bingos físicos o presenciales", y que "el Poder Ejecutivo no se halla facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de inferior rango", como el decreto.

Más adelante, que "si bien el fundamento para conceder estas nuevas autorizaciones está dado por la suspensión de las actividades de los casinos en función de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, el plazo por el cual se otorgan se extiende hasta el vencimiento de la concesión".

"Dicho argumento aparece como insuficiente para fundar una habilitación de semejante extensión temporal; y por lo tanto el acto se encuentra viciado por no contar con la motivación suficiente", agrega.

Por último, plantea que "la habilitación que por el acto administrativo bajo análisis se pretende otorgar no se encontraba expresamente prevista en el pliego, generando un cambio en los términos de la concesión oportunamente dispuesta.

Los vocales recuerdan que la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por la Ley Nº 11.998 "constituye un acto imprescindible para cualquier modificación posterior a realizarse en los términos de los contratos oportunamente suscriptos".

Como eso no sucedió, "el acto se encontraría viciado por esta omisión, y dicho vicio no es subsanable con la sola comunicación posterior", remarca.

La observación lleva la firma de Lisandro Mariano Villar, María del Carmen Crescimanno, Dalmacio Juan Chavarri y Estela Imhof.

El decreto fue considerado ilegal por la oposición y generó una denuncia penal del exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, hoy diputado del Frente Progresista Cívico y Social, y de su colega Fabián Bastía, como así también un pedido de informes del exministro de Gobierno Pablo Farías, legislador del mismo bloque.

La Legislatura citó además a las autoridades de Lotería de Santa Fe al recinto.