Santa Fe
Lunes 16 de Abril de 2018

Caso Manuel Díaz, el chacal de Vera: una condena contra las mujeres

La Justicia santafesina redujo a la mitad la condena solicitada por la fiscalía al pedófilo violador Manuel Díaz, exempleado judicial y desestimó un abuso denunciado cuando el sujeto estaba en libertad condicional. La impunidad en casos de violencia contra las mujeres se repite desde hace años. Una radiografía del machismo en el norte provincial.

El viernes pasado las víctimas de violencia machista en la provincia volvieron a recibir un duro golpe. Manuel Díaz, conocido como "El Chacal de Vera", fue condenado a 15 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y agravado por el vínculo; abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Es la mitad de lo solicitado por la fiscalía días atrás. "Va a salir antes y nos va a matar a mí y a mi hija", dijo Leandra Marinelli, madre de la afectada adolescente G. D. y exmujer del acusado, al finalizar la audiencia.

La víctima es la propia hija de Díaz, quien fue abusada sexualmente desde los nueve años por su progenitor. El caso tomó un curso más oscuro aún en 2015 cuando el hoy condenado salió en libertad en abril de ese año por decisión del juez Gustavo Gon, atrapó a la niña de 14 años, la llevó a un terreno baldío y la violó hasta dejarla inconsciente. En ese momento se ordenó una prueba de ADN que dio positiva y se confirmó la autoría del brutal abuso.

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Díaz, exempleado del Poder Judicial, no conforme, tres meses después de los ataques mencionados, obligó a la adolescente –con mucha ayuda– a entrar a la celda donde estaba detenido, en la alcaldía de la Unidad Regional XIX de Vera. Allí la amenazó de muerte para que retirara la denuncia en su contra. Por este hecho en su momento desplazaron a 20 policías, la alcaldía fue intervenida y fueron imputadas la madre y la hermana de Díaz, que debieron cumplir con prisión domiciliaria, entre otras repercusiones.

"Te vamos a matar a vos y a tu mamá", le dijeron en octubre de 2015 unos extraños en la calle a G. D. cuando iba de camino a la escuela. Además la golpearon, la amenazaron con una navaja con la que le cortaron la ropa y le dañaron la cara.

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Cabe destacar que en lo que va del 2018 hubo nueve homicidios de mujeres que fueron o podrían ser caratulados como femicidios: El de Débora Mansilla, de 20 años, que murió luego de haber sido prendida fuego por su novio el 4 de enero en Villa Gobernador Gálvez; el de María del Rosario Vera, estrangulada y quemada en Rosario el mismo día que Mansilla; el de Adriana Bonetto, de 49, en la ciudad de San José del Rincón, asesinada con un arma blanca en su propia casa el 8 de febrero; el de Micaela Quinteros, otra joven de Rufino, atacada a cuchillazos por su expareja el 15 de febrero; el de la docente Vanesa Castillo, asesinada por un hombre al que le dijo repetidas veces que no a la salida de su jornada laboral en Alto Verde el 15 de febrero; el de Sol Gómez, de 24, en Recreo, cuya autopsia reveló violencia extrema; Analía Belén Giudice, de 30 años, también quemada por su pareja en la ciudad de Santa Fe este mes; María Luisa Retamoso, que fue encontrada muerta con un golpe en la cabeza después de haber estado desaparecida dos semanas en Suardi y que tiene como principal sospechoso a su expareja, y Yésica Daniela Olivera, asesinada a golpes y puñaladas por su expareja este 15 de abril en plena calle en la ciudad de Rosario.

Por otra parte, el 2017 fue el año con más femicidios en la provincia de la última década, marcando así una preocupante creciente de violencia machista. Se registraron 38 casos, de los cuales 32 fueron perpetrados desde el círculo íntimo de la víctima; 11 de su pareja; seis de su expareja; siete de un pariente; ocho de un conocido; tres de un desconocido, y tres sin datos, según un relevamiento de violencia de género que lleva adelante la política rosarina Norma López.

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"¿Cómo las chicas se van a animar a contar su verdad si la Justicia no ayuda?", se preguntó Marinelli al conocer la resolución de los jueces. Una pregunta demasiado lógica en un momento de desesperación si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad capital de Santa Fe hubo dos masacres machistas durante los meses de diciembre de los dos últimos años, que se cobró un total de nueve vidas, con la gravedad de que en ambos casos existieron denuncias previas contra los asesinos.

El mismo año en que se relatan los atroces hechos –2015– ejecutados por Díaz, nació el movimiento Ni Una Menos con el brutal asesinato de una joven de la misma edad de G. D., Chiara Páez, en esta misma provincia. A la chica de Rufino, que estaba embarazada, la mató a golpes su novio Manuel Mansilla, de 17, y luego la enterró. El caso disparó marchas en todo el país con el fin de terminar con la violencia machista que se cobra la vida de las mujeres. A casi tres años, el accionar judicial de bajar a la mitad la condena de Díaz solicitada por la fiscalía y absolverlo del abuso comprobado que sufrió la adolescente en junio de 2015 representa nada menos que una reafirmación del sistema patriarcal opresor, una vil amenaza para que las mujeres callen.

En este sentido, la diputada Alicia Gutiérrez, que preside la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia, expresó: "Desde mi cargo vengo haciendo seguimientos de causas no solo de Vera sino también de Reconquista, y el accionar de algunos jueces. La verdad es que estamos muy preocupados por un montón de causas en las cuales tiene participación uno de los integrantes de la Cámara, el doctor Mauricio Martelossi. Dejó en libertad a Mariano Vouilloz, quien estaba acusado y fue condenado por intento de homicidio a quien era su pareja. También le dio prisión domiciliaria con acceso a una computadora al hijo de –el excomisario– Onieva, que está acusado por abuso sexual y grooming y precisamente lo mandó a Tacuarendí, a la casa de su abuela con acceso a internet, lo cual es sumamente grave. Y ahora se le suma esta causa –por la de Díaz–, en la cual deja afuera nada más y nada menos que un hecho en el que están involucrados policías, que fueron los que permitieron el acceso a la alcaldía donde Díaz abusa –amenaza– de su hija. Es importante resaltar que Díaz trabajó en los tribunales de Vera y en su momento era del grupo de Vivi Sánchez, y eso es toda una señal. No entiendo cómo en ese momento solo fue condenada Sánchez, cuando en realidad había otros personajes de la Justicia que estaban involucrados, pero ahí eran otros los jueces".

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Sobre la condena agregó: "Tengo entendido que uno de los tres camaristas, no se sabe aún cuál, lo quiso dejar en libertad. Es de una gravedad importante. La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia ha pedido una entrevista a la Corte Suprema de Justicia para transmitirle estas inquietudes".

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Con respecto al patrón de los jueces en el norte de la provincia, la diputada provincial opinó: "A las víctimas no se les cree porque generalmente son chicas pobres de bajos recursos y muchas de ellas menores. No podemos generalizar y decir todos los jueces y todos los fiscales, pero sí podemos decir que es una gran parte de ellos". Además Gutiérrez recordó: "Tenemos otro caso muy grave donde aún no se elevó a juicio al sacerdote de Reconquista que abusó de un menor. Hay sectores de la sociedad donde naturalizan los abusos sexuales de padres hacia sus hijas o hijos, esto es lo que nos preocupa, la visión y la mirada de muchos miembros de la Justicia, jueces y juezas, que subestiman el relato de las víctimas".

La ONU, la recurrente impunidad y un perdón que nunca llegó
No es nuevo que juzgados del norte provincial den la nota a la hora de descreer y descartar las palabras de las mujeres, sobre todo de aquellas que se encuentran en contextos sociales de vulnerabilidad. En el Caso C. E. R., una joven de 19 años identificada con esas iniciales, denunció en 2011 ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años de parte de su padre, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado. En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia y tampoco tuvieron representación legal.

El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.

Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe, donde, entre otras cosas, se solicita la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C. E. R., una indemnización de daño material y moral de la víctima y el arreglo de su dentadura.

Al día de hoy, la referente de Insgenar, Susana Chiarotti, relata: "El acto de pedido de disculpas y asumir responsabilidad de parte del Estado provincial no se hizo. Seguimos peleando por eso. Tenemos una mesa de diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos que vienen postergando desde hace bastante el tema de la indemnización que no quieren cubrir lo que nosotras habíamos pedido, que era bastante moderada y nos la fueron ofertando como si fuera un regateo a una suma ínfima. Lo que nosotras planteamos es que es una cuestión reparatoria integral y simbólica; entonces por un lado tenemos esto que todavía no se pagó y por otro lado, tenemos el tema de la capacitación al Poder Judicial, que va muy lenta".

Sobre la formación de las autoridades, Chiarotti resaltó: "Se han hecho algunos seminarios pero los jueces no concurren. Nosotras necesitamos que todos los operadores judiciales estén formados con perspectiva de género y conozcan de violencia contra las mujeres, de abuso sexual incestuoso y abuso sexual infantil. Queremos a fiscales y a jueces, una capacitación integral. Porque si no se van a volver a repetir casos y estamos frente a situaciones de abuso sexual incestuoso contra niñas que se ha visto naturalizado en el norte de nuestra provincia y que tiene un nivel de impunidad muy alto. Si queremos justicia allí, es casi imposible".

"Está todo armado para que el abusador salga en libertad. Así que si los jueces no tienen un poco de sensibilidad como para ver otros indicadores de abuso todos quedan libres, los delitos quedan impunes y se les arruina la vida a muchos niños y niñas", explicó la referente de Insgenar. En relación al caso de Díaz comentó: "No me extraña de la Justicia de Vera. Tuvimos varios casos donde la corporación judicial se protege a sí misma. Garantizan que si los perpetradores tienen algún tipo de poder, aunque sea mínimo, van a lograr que quede impune. Me parece que el Poder Judicial de la provincia tiene que revisar mucho, y deberíamos empezar de cero, desde la facultad de derecho para tener abogados y abogadas que miren con otra perspectiva", agregó.

Por su parte, María Gabriela Filoni, referente de Cladem, opinó: "El estudio del caso C. E. R. y de otros que conocimos tiene que ver con las concepciones discriminatorias, los estereotipos de género, de clase, la desestimación constante de los dichos de las víctimas y la valoración de las pruebas que hacen los jueces. Hemos encontrado esto en otros casos y también en otras provincias pero muy fuertemente en el norte de Santa Fe donde no les creen a las víctimas, las revictimizan haciéndolas pasar por constantes declaraciones, entonces, después la defensa dice que se contradicen en sus dichos cuando lo que pasó es que tuvieron que repetir lo mismo dos o cuatro veces en estado de shock".

"El tema de la resistencia, ¿hasta qué punto tendrían que haberse resistido? Cuando por supuesto hay diferencias de tamaños y de edad. Hemos tenido casos donde eran tres abusadores adultos contra una niña de 15 años y el juez dice: "Bueno, pero podría haberse resistido más", cuando todos los tratados internacionales nos dicen que no es necesario probar de ninguna manera la resistencia. Así que nosotras creemos que en todos estos estereotipos y escenas discriminatorias están basados estos tipos de casos, por eso es importante apuntar a la capacitación de los operadores del sistema de Justicia, y debería llegar antes, a la facultad de derecho", coincidió Filoni.

Hoy C. E. R. tiene una vivienda de la que no posee escritura. Con respecto a lo laboral, obtuvo un empleo que le cambió la vida, pero tiene un contrato que vence en mayo y aún no le confirmaron la renovación. Por las demoras y la falta de respuestas del Estado, su dentadura pudo ser arreglada gracias a organizaciones de mujeres que colaboraron para ayudarla.

Así, no hay ni una menos
Las masivas movilizaciones feministas en toda la provincia el pasado 8 de marzo y el actual debate nacional por la despenalización del aborto, seguro y gratuito en el Congreso, son acciones que representan la necesidad impostergable de medidas de parte de los poderes del Estado para tener una sociedad más justa e igualitaria donde las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, entre otros reclamos urgentes. Asimismo, con la continuidad de la impunidad de una Justicia machista no habrá ni una menos.

En este sentido, no se pueden pasar por alto otros casos resonantes del norte, como es la desaparición de Rosalía Jara: "Es impresionante que en un pueblo tan chico –Fortín Olmos– con tan pocos habitantes no se pueda encontrar a una persona desaparecida. Indica que no hay voluntad. Si hubiera sido un varón con algo de dinero estarían rastreando con anteojos cada centímetro cuadrado, pero como se trata de una chica humilde no se preocuparon, no se investigó. Las pruebas estaban adelante de todo el mundo pero nadie les prestó atención. Creo que es una región donde está garantizada la impunidad de la violencia contra las mujeres. El Poder Judicial y la fuerzas de seguridad no se ocupan de este tema, no les importa", comentó Chiarotti.

Por último, la referente de Insgenar detalló: "Lo que encontramos es que había bastante desconocimiento de las leyes en el Poder Judicial de Vera, no se conocen las leyes sobre violencia contra la mujer. El Poder Judicial no tiene ni idea sobre la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y eso nos pareció bastante grave porque es una ley que tiene un cambio de paradigma. Lo comprobé personalmente en diálogo con ellos cuando nos preguntaron qué ley era esa. Es un indicador de la grave situación".