El gobernador Miguel Lifschitz presidió este viernes el acto de reconocimiento público de disculpas a una joven oriunda de la ciudad de Reconquista, que fue discriminada en la Justicia tras sufrir violencia en el ámbito familiar, cuyo caso fue denunciado ante Naciones Unidas.

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"Estoy aquí para decirles a las mujeres que se puede salir, a pesar de las personas que nos hacen tanto daño. A pesar que una piense que no hay escapatoria, les digo que sí, que podemos y que somos como una perla cubierta de cristal: pudieron destruir el cristal, pero no la perla valiosa que somos", expresó C.E.R. al tomar la palabra.

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Además, dijo: "Hay que animarse a denunciar, sé que no es fácil porque lo he pasado: todo lleva su proceso y su tiempo, hay muchas dificultades pero se puede. Hay que dar gracias a Dios que me dio fuerzas y hoy estoy aquí hablando. Muchos me conocieron antes y saben que hoy soy otra".

"Y quiero que podamos creer que hay justicia; tiene su tiempo, pero hay. Tal vez no la justicia que una víctima quiere, pero hay justicia. Hoy, muchos profesionales que nos pueden acompañar, nos pueden contener. Hoy soy feliz".

"Gracias señor gobernador por hacerse cargo de errores que cometieron otras personas. Gracias por tomarse su tiempo. También gracias a Matías Figueroa Escauriza (secretario de Gestión Pública). Les agradezco enormemente a todas las mujeres que estuvieron a mi lado y a las dos instituciones que estuvieron conmigo, Cladem Argentina e Insgenar", concluyó la joven.

Reparación histórica

Por su parte, Lifschitz agradeció a Eva (conocida por sus iniciales C.E.R.) por su valentía "que no solo le ha servido a ella para superar una situación traumática y reorientar su vida, sino que le está sirviendo a muchas mujeres, porque está marcando un camino y ayudándonos a todos a abrir un camino".

Cabe mencionar que recientemente se concretó un acuerdo con la provincia, la cual se comprometió a realizar una serie de acciones reparatorias. Algunas ya fueron implementadas, como por ejemplo el otorgamiento de una vivienda y un empleo a la joven denunciante.

Las disculpas públicas que realizó el gobernador Miguel Lifschitz, como máxima autoridad de la provincia, dan cierre a la demanda y concretan un acto de reparación histórica a la víctima que no recibió una justa respuesta jurídica.

"Hoy estamos asumiendo las responsabilidades del Estado. Podríamos decir que ocurrió en otro momento, en otro poder, que no somos responsables directos, pero prefiero pensar que todos tenemos alguna responsabilidad por no haber actuado a tiempo, por no haber escuchado, por no haber hecho lo que estamos haciendo ahora, antes; por no haberlo hecho en otros casos parecidos, por haber esperado una resolución de las Naciones Unidas, por no haber aplicado todavía una sanción a los funcionarios judiciales que cometieron este atropello".

"Este es el sentido, hacernos cargo, porque todos tenemos alguna responsabilidad sobre las cosas que pasaron y mucha más responsabilidad para evitar que sigan pasando", afirmó el gobernador y agregó: "Tenemos que lograr un Estado más sensible, más dinámico, mas ágil y más en sintonía con los derechos porque esa es la base para construir una sociedad mas democrática".

"Existen pocos casos como este, que nos permite reivindicar el rol de la política, que permite encontrar causas comunes. Este es un tema de fondo y de futuro porque no hay futuro si no hay reconocimiento al derecho de las mujeres, sino terminamos con la violencia hacia las mujeres y los niños" concluyó Lifschitz.

El caso

En 2011, una joven de 19 años identificada por sus iniciales C.E.R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por parte de su padre, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado.

En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.

El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.

Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe a través de donde, entre otras cosas, se solicitó la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C.E.R., una indemnización de daño material y moral de la víctima.

El acuerdo luego se alcanzó en 2016 en el marco del decreto 2234/16 del gobierno provincial, con relación a la solución amistosa de la comunicación 63/2013 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Presentes

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de la sede del gobierno en Rosario y estuvieron presentes los ministros de Justicia, Ricardo Silberstein, y de la Producción, Alicia Ciciliani; los secretarios de Derechos Humanos, Marcelo Trucco, y de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza. Las organizaciones que llevaron el caso ante el Comité de la Cedaw de Naciones Unidas -es decir el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)-, representantes del movimiento de mujeres y de derechos humanos, y autoridades provinciales.