En medio de un escándalo el proyecto de Presupuesto 2013 fue modificado ayer a último momento en Diputados y volvió al Senado. El peronismo y el macrismo se abstuvieron de votar el texto en análisis porque creyó que el Frente Progresista, Cívico y Social avalaría el dictamen que vino de la Cámara alta. Fue entonces que el oficialismo aprovechó la circunstancial situación de tener que decidir por sí solo, e impuso cambios que harán ruido.

Entre otras cosas, eliminaron cuestionados subsidios que se habían incorporado los senadores para repartir en sus departamentos y elevaron a 500 millones de pesos la autorización al Poder Ejecutivo para la emisión de Letras del Tesoro. El conjunto del PJ y el PRO cree que la “maniobra” es una “excusa” de la coalición gobernante para demorar la sanción de la denominada ley de leyes de la provincia.

Tener un Presupuesto 2013 aprobado significaría para la provincia atenerse al plan de trabajo que allí está incorporado, mientras que ahora la única obligación es no salirse de los niveles de gastos e inversión que estaban tipificados en el ejercicio anterior, pero con un nivel de recursos que es bastante superior. Allí radica la especulación política opositora sobre la actitud del Frente Progresista, o sea, que quieren “seguir gastando de forma discrecional y sin control”.

No obstante uno de los jefes de bloque que tiene el oficialismo, el socialista Eduardo Di Pollina, negó la imputación. “La verdad que no se entiende qué significa la denuncia que hace el PJ. Nosotros no incumplimos ninguna palabra ni rompimos ningún código acerca de que íbamos a votar el presupuesto tal cual vino del Senado”, se defendió.

“Lo único que sí hablamos antes de la sesión con el PJ y el PRO –en Labor Parlamentaria– es que queríamos una semana más de trabajo en comisión para conciliar posiciones. El justicialismo, a pesar de nuestro pedido, insistió que lo quería tratar sobre tablas. Dijeron que tenían los dos tercios y llevarían el tema al recinto, pero no nos comprometimos a votar lo que ellos querían que votemos”, contó a Diario UNO.

“El PJ –continuó– adoptó una estrategia de llevar el tema al recinto para abstenerse porque no quería tomar parte, no quería pagar el costo político de acompañar el presupuesto. Nosotros no somos mayoría, sino 15 diputados sobre 50, entonces no podemos imponer nada en el recinto. En todo caso, si no estaban de acuerdo hubiesen votado en contra. Acá lo que les molestó es que utilicemos una estrategia que no esperaban y que la de ellos no diera resultados concretos”.

—Pero varios legisladores remarcaron que a último momento introdujeron cambios para demorar la sanción del Presupuesto 2013.

—Nos dijeron que nosotros estamos dilatando el tema, y ahora falta que nos digan cómo tenemos que votar. Nunca dijimos que no lo íbamos a modificar al proyecto que vino con media sanción del Senado, y nunca fue ése el compromiso. La reacción de algunos justicialistas, no de todos, porque algunos comprendieron nuestro manejo político que es legítimo, es sobreactuada.

—¿No cree que esta demora sea funcional a seguir con un presupuesto (2012) reconducido y los recursos de más se utilicen sin control?

—Es que eso es mentira, no responde a la realidad. De hecho, en el recinto (ayer) ya hablamos de sesionar la semana que viene, porque si el Senado insiste con su media sanción el próximo jueves nosotros estamos dispuestos a dar los votos para analizar el tema ese mismo día. Sabemos que no tenemos los dos tercios que se necesitan para avalar nuestros cambios, así que no veo de dónde se agarra el PJ y el PRO para decir lo que dicen, con lo cual es descabellado creer que no queremos tener presupuesto.

Acusaciones cruzadas

El malestar de Di Pollina fue porque el único diputado peronista que aprobó en general el proyecto, Ricardo Olivera, apenas surgieron los cambios en particular dijo en el recinto: “Me siento usado, maldigo la hora que acompañé”. Mucho más allá, en sus modos y en sus palabras, fue Héctor Pirucho Acuña: “Lo que acaban de hacer (los legisladores del Frente Progresista) es una falta de respeto absoluto, quieren manejar discrecionalmente los fondos, son unos cachafaces”.

El PRO, que cuando se votó el texto en general criticó por igual a la provincia y a la Nación (porque discrimina a Santa Fe), optó por retirar a todos sus miembros de las bancas. Sólo Alejandra Vucasovich quedó algunos minutos más en el hall de la Legislatura para dejar su impresión ante la prensa. “Los socialistas se salieron con la suya, de no definir el presupuesto para poder seguir manejándose con el reconducido. Todo lo que entra de más (por recaudación y coparticipación federal) lo imputan como les da la gana”, dijo.

“Es bueno que la gente sepa, que los santafesinos sepan, que las modificaciones que hicieron desde el oficialismo no tienen demasiada importancia sino que son meras excusas para dilatar la aprobación del presupuesto y así seguir gastando de forma discrecional. Los socialistas son lo más parecido a los cristinistas o los kirchneristas”, disparó la diputada peronista del macrismo, que también señaló que por mes hay “unos 200 millones de pesos de mayor recaudación a la prevista que no tiene ningún control”.

Por su parte, el obeidista Mario Lacava fue otro de los que salió con los tapones de punta. “De la noche a la mañana aparecen propuestas; entre gallos y medianoche quieren levantar a 500 millones el endeudamiento”, indicó el legislador provincial porque la media sanción del Senado establecía una autorización para que el Ejecutivo emita hasta 250 millones de pesos en Letras del Tesoro. Además, acusó al oficialismo de no colaborar “en nada” para que el presupuesto obtenga sanción definitiva. Desde el FPCyS contestaron que no duplicaron el pedido de endeudamiento, sino que volvieron a colocar la cifra original que pidió el gobierno cuando mandó el mensaje y no la que impuso el Senado.

Dos modificaciones más introdujo el oficialismo. Se cambió el artículo 3 con la idea de sumar partidas para las copas de leche que funcionan en todo el territorio provincial –a partir de la ampliación presupuestaria dispuesta por el gobierno– y se eliminó un fragmento del artículo 23 –el que disponía la creación de un Plan General de Fortalecimiento Institucional para el Senado con recursos a determinar por el Ejecutivo– a través del cual se habilitaba a los senadores a repartir 1.800.000 pesos de subsidios durante el presente año. Toda una discrecionalidad política.