Se calcula que en Santa Fe circulan 450.000 armas de fuego y solo 150.000 de ellas pertenecen al circuito legal. Esa realidad, vinculada cada vez con más frecuencia al delito y la violencia letal, llevó a la provincia a crear una unidad "innovadora" en el manejo de la problemática.

Juntos, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, adelantaron ayer que el área trabajará sobre distintos niveles: tras haber "ordenado" y peritado casi 14.000 armas en manos del Estado (sobre todo policiales y del Servicio Penitenciario), el control pasará ahora a los cotos de caza, los clubes de tiro y las armerías y, a la vez, apuntará al desarme voluntario con un programa de recompensas a quienes denuncien arsenales ilegales. Si se comprueba su existencia, esos premios irán de 10.000 a 250.000 pesos. Así, entre los objetivos que se trazó el Estado provincial, "ordenar" los arsenales policiales fue una prioridad.