El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir el próximo 5 de septiembre en todo el país y alcanzará a adolescentes desde los 14 años. Frente a la entrada en vigencia de la Ley 27.801, desde el Gobierno de Santa Fe aseguraron que la Provincia está preparada para implementar el nuevo esquema.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo este miércoles que Santa Fe viene preparándose para la aplicación de la nueva normativa a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Santa Fe está preparada para afrontar la baja de imputabilidad. El gobernador Pullaro siempre se anticipa, así que tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar esta normativa”, afirmó Coudannes durante una conferencia de prensa realizada en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno.

La funcionaria señaló que la Provincia cuenta con “la infraestructura, los cargos, las oficinas y los recursos humanos” necesarios para poner en marcha el nuevo régimen.

La Ley 27.801 establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 18 años y contempla distintas medidas y penas, entre ellas alternativas a la privación de la libertad y distintas modalidades de privación de la libertad. La normativa incluye la privación de la libertad en domicilio, en institutos abiertos y en institutos especializados de detención.

En ese sentido, Coudannes explicó que Santa Fe ya cuenta con establecimientos de puertas abiertas, mientras que los de puertas cerradas tendrán un régimen similar al penitenciario.

“Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, sostuvo la vocera.

Los cambios que comenzarán a regir en septiembre

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, la edad mínima para quedar alcanzado por el régimen de responsabilidad penal juvenil pasa de 16 a 14 años. Esto no implica que todos los adolescentes de esa edad vayan automáticamente a prisión: el nuevo sistema contempla distintas medidas y penas según las características de cada caso.

Entre las alternativas previstas aparecen medidas como la amonestación, la reparación del daño, la prestación de servicios a la comunidad y el monitoreo electrónico. Para los casos que impliquen privación de la libertad, la ley establece diferentes modalidades, de acuerdo con las circunstancias del hecho y la decisión judicial.

Seguridad y procedimientos contra el narcomenudeo

Durante la conferencia, Coudannes también repasó indicadores vinculados con la política de seguridad provincial y mencionó distintos procedimientos realizados recientemente en Rosario.

Según detalló, en cinco días la Policía de la Unidad Regional II secuestró más de cuatro kilos de cocaína y marihuana compactadas, además de cerca de 2.000 dosis de ambas sustancias.

Los procedimientos derivaron en múltiples detenciones e incluyeron el secuestro de estupefacientes valuados, según precisó la funcionaria, en unos 35 millones de pesos.

Coudannes atribuyó estos resultados a las políticas de seguridad implementadas durante la gestión de Pullaro y destacó el patrullaje preventivo y la identificación de personas y vehículos como herramientas para detectar y desalentar maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

La vocera también comparó las estadísticas de homicidios con las de la anterior administración provincial. Afirmó que a esta altura de 2023 se contabilizaban 259 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se registran 94, según los datos que presentó durante la conferencia.

Cococcioni expone en el Congreso

Por otra parte, Coudannes se refirió a la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ante la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados de la Nación.

El funcionario expondrá sobre un proyecto presentado por integrantes de la bancada de Provincias Unidas y elaborado con aportes de la cartera santafesina, que busca ampliar las competencias de las provincias en materia de estupefacientes.

La iniciativa apunta, entre otros aspectos, a precisar las competencias frente a situaciones vinculadas al microtráfico y al narcotráfico.

“Como provincia se nos presentan situaciones y fallos con cierta complejidad a la hora de delimitar qué se considera microtráfico y qué narcotráfico”, explicó Coudannes.

Según sostuvo, el objetivo es aportar mayor claridad en esa distinción y fortalecer las herramientas disponibles para intervenir frente a los delitos vinculados con los estupefacientes.