La sorpresiva decisión del Senado de la provincia de postergar el tratamiento de la reforma del Código de Convivencia para regular o prohibir a los cuidacoches, popularmente conocidos como "trapitos", alteró por completo el tablero político y abrió una fuerte grieta de opiniones en el arco social santafesino.

Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, cuyos militantes y asesores legales se hicieron presentes en los pasillos de la Legislatura, calificaron esta prórroga como una evidencia irrefutable de las severas falencias estructurales y jurídicas que arrastra la iniciativa oficialista.

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El abogado de la organización civil, Guillermo Munne, dialogó con la prensa tras confirmarse el freno parlamentario y no ahorró cuestionamientos hacia el texto de "tolerancia cero" promovido por la Cámara alta. “Esta postergación es una señal más de la baja calidad institucional de la iniciativa“, disparó el letrado, definiendo el proyecto como una herramienta “inadecuada, ineficiente y, sobre todo, inconstitucional y discriminatorio”.

Para los organismos de derechos humanos, las dudas de último momento que fisuraron el consenso dentro del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe —impulsadas por las advertencias del propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, respecto al costo económico de abrir juicios penales a los infractores— no hicieron más que confirmar las inconsistencias técnicas que se venían denunciando desde los sectores civiles.

“El propio ministro de Seguridad del oficialismo tuvo que salir a decir que es una ley que no sirve para nada y que hay modos más baratos para que las ciudades se ocupen del tema antes que involucrar a la policía con estructuras burocráticas”, fustigó Munne, tildando la propuesta de ser un "proyecto meramente demagógico".

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Los tres ejes del dictamen jurídico que frenaron la sesión

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia ingresó de manera formal ante las mesas de entrada del Senado un pormenorizado informe técnico legal donde detallan los puntos que, según su análisis, transforman a la eventual ley en una norma fácilmente volteable en los tribunales ordinarios:

Los argumentos técnicos del Foro contra la norma

Subjetividad punitiva: el despacho cuestionado establece que bastará con que un conductor o transeúnte "interprete de manera netamente subjetiva" que la presencia física de un cuidacoches le resulta intimidatoria para activar la sanción. El Foro advirtió que sancionar impresiones personales vulnera de manera directa las garantías constitucionales del debido proceso.

Violación del principio de lesividad: de acuerdo a la doctrina penal básica, el derecho punitivo del Estado solo puede aplicarse cuando exista un "perjuicio real, concreto y objetivo" constatable hacia un tercero. El dictamen remarca que no se puede penar a un ciudadano en base a presunciones, sensaciones de inseguridad o prejuicios de clase.

Discriminación social y exclusión: la presentación judicial invoca la Ley Nacional Antidiscriminatoria, que prohíbe explícitamente dispensar un trato de inferioridad a las personas en razón de su vulnerabilidad socioeconómica. Según el Foro, la redacción del Senado parece estar orientada a lograr de forma encubierta que ciertos sectores comerciales y recreativos de las ciudades queden reservados con exclusividad para sectores de altos ingresos.

Un llamado a aprovechar el receso legislativo y abrir el diálogo

A pesar de que los referentes de los organismos de derechos humanos lamentaron que los senadores provinciales hayan mantenido "las puertas cerradas" y se negaran a recibirlos en audiencias formales a lo largo del último mes, guardan la firme expectativa de que el inminente receso parlamentario de invierno funcione como un enfriador de la discusión política.

En este sentido, recordaron que la Cámara de Diputados sí demostró una mayor apertura institucional al habilitar reuniones oficiales con cooperativas, sindicatos y constitucionalistas para escuchar diferentes dictámenes antes de modificar el articulado. Por este motivo, instaron a los senadores a abandonar las posturas de apuro legislativo y a convocar a mesas de trabajo que permitan redactar una norma superadora, que no criminalice la pobreza y que resulte plenamente congruente con los principios de las cartas magnas de la Nación y de la provincia de Santa Fe.