El Ministro de Educación de Santa Fe, Víctor Debloc, se refirió a los errores en el cálculo para el pago de salarios que estuvieron a punto de provocar una huelga por parte de los docentes. Durante una entrevista con El Tres, el funcionario admitió la existencia de dos errores y sugirió la posibilidad de intervención maliciosa.

El caso no quedó zanjado con la renuncia del secretario de Administración de la cartera, Cristian Kuverling, ya que la investigación administrativa sigue en curso para determinar si hubo más que simples fallos en el cálculo, destacándose problemas en la comunicación interna.

"El gobernador (Omar Perotti) intervino en el asunto y ordenó que se rectifique la situación, dado que nos encontramos en una semana de pago de haberes", declaró Debloc, asegurando que se subsanarán los problemas para el viernes y se realizarán "las devoluciones correspondientes" a los docentes afectados.

El ministro explicó que se efectuó un pago menor a los maestros debido a "una convergencia de dos errores": un mal cálculo en el impuesto a las Ganancias y un problema relacionado con la aplicación de un código especial.

La investigación administrativa, llevada a cabo por el Ministerio de Economía, busca esclarecer lo sucedido en el ámbito de la Educación. Sin embargo, la desconfianza prevalece, no solo por tratarse de un momento político sensible, sino también porque el proceso de pago "careció de la consulta adecuada y se llevó a cabo de manera evidentemente inadecuada".

Debloc se mostró cauto frente a los procesos electorales en curso y manifestó la posibilidad de que "alguien haya intervenido con mala fe", aunque destacó la importancia de llevar a cabo una investigación sólida y rigurosa para obtener una comprensión completa del tema y, si es necesario, aplicar sanciones.

En otras palabras, el ministro no estaba al tanto de cómo se llevó a cabo la liquidación, ya que esta se realizó mediante una resolución firmada por el secretario de Administración, quien ya ha presentado su renuncia. Es por esto que Debloc habló de "errores u omisiones de comunicación o de consultas que no se han realizado".

La investigación en curso tiene como objetivo identificar si existen otras responsabilidades más allá del funcionario político removido, lo que permitirá esclarecer la situación en su totalidad.

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