Santa Fe
Domingo 03 de Junio de 2018

El emblemático caso de violencia sexual contra una mujer santafesina que llegó a la ONU

Se trata del caso C. E. R., una joven que denunció en 2011 a su padre por violarla a ella y a sus hermanas por años. El juez Chemes no le creyó a la víctima y dejó en libertad al acusado. Agrupaciones de mujeres llevaron a la ONU lo sucedido y el organismo internacional concluyó en 2014 que el Estado provincial debía ejecutar una reparación histórica que incluía un pedido público de disculpas.

En 2011 una joven de 19 años identificada con las iniciales C. E. R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por parte de su padre, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado. En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.

El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.

Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe a través de donde, entre otras cosas, se solicita la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C. E. R., una indemnización de daño material y moral de la víctima y el arreglo de su dentadura.

El acuerdo luego se alcanzó en 2016 en el marco del Decreto 2.234/16 del gobierno provincial, con relación a la solución amistosa de la comunicación 63/2013 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al día de hoy, la referente de Insgenar, Susana Chiarotti, relata: "El acto de pedido de disculpas y asumir responsabilidad de parte del Estado provincial no se hizo. Seguimos peleando por eso. Tenemos una mesa de diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos que vienen postergando desde hace bastante el tema de la indemnización que no quieren cubrir lo que nosotras habíamos pedido, que era bastante moderado y nos la fueron ofertando como si fuera un regateo a una suma ínfima. Lo que nosotras planteamos es que es una cuestión reparatoria integral y simbólica; entonces por un lado tenemos esto que todavía no se pagó y por otro lado, tenemos el tema de la capacitación al Poder Judicial, que va muy lenta".

Sobre la formación de las autoridades, Chiarotti resaltó: "Se han hecho algunos seminarios pero los jueces no concurren. Nosotras necesitamos que todos los operadores judiciales estén formados con perspectiva de género y conozcan de violencia contra las mujeres, de abuso sexual incestuoso y abuso sexual infantil. Queremos para fiscales y jueces, una capacitación integral. Porque si no se van a volver a repetir casos y estamos frente a situaciones de abuso sexual incestuoso contra niñas que se ha visto naturalizado en el norte de nuestra provincia y que tiene un nivel de impunidad muy alto. Si queremos justicia allí, es casi imposible".

Lo que preocupa a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres es el accionar de las autoridades al momento de tratar casos de mujeres violentadas en contextos machistas en la provincia de Santa Fe. Muchos jueces, fiscales y policías –que son los que primeros entran en contacto con las víctimas– de manera frecuente desestiman los testimonios con excusas infundadas como que se quiere dañar la reputación del hombre o que las mujeres suelen decir mentiras para llegar a un objetivo demoníaco aún no descubierto, como dinero, bienes, resentimiento o venganza, a la hora ya sea de tomar una denuncia como de investigar el hecho. Todos prejuicios nutridos en una sociedad patriarcal resistente y sin capacidad de reflexión. Se destaca que para que se logre efectivamente el Ni Una Menos es necesario replantear en el sistema judicial un cambio de paradigma con perspectiva de género.

Son varios los casos que se pueden nombrar en el último tiempo: hace pocas semanas Manuel Díaz recibió la mitad de la condena solicitada por la fiscalía por violar a su hija porque se le descartó uno de los abusos; las víctimas del sacerdote de Reconquista, Néstor Monzón, a dos años de la primera denuncia aún esperan fecha para el juicio; y la desaparición de Rosalía Jara, en el que hasta se allanaron propiedades de policías que participaron en la búsqueda, solo por mencionar algunos de los casos más resonantes que dejaron en evidencia el déficit en el accionar judicial y policial.

"Está todo armado para que el abusador salga en libertad. Así que si los jueces no tienen un poco de sensibilidad como para ver otros indicadores de abuso, todos quedan libres, los delitos quedan impunes y se les arruina la vida a muchos niños y niñas", explicó la referente de Insgenar. En relación al caso de Díaz comentó: "No me extraña de la Justicia de Vera. Tuvimos varios casos donde la corporación judicial se protege a sí misma. Garantizan que si los perpetradores tienen algún tipo de poder, aunque sea mínimo, van a lograr que quede impune. Me parece que el Poder Judicial de la provincia tiene que revisar mucho, y deberíamos empezar de cero, desde la facultad de derecho para tener abogados y abogadas que miren con otra perspectiva", agregó.

Por su parte, María Gabriela Filoni, referente de Cladem, opinó: "El estudio del caso C. E. R. y de otros que conocimos tiene que ver con las concepciones discriminatorias, los estereotipos de género, de clase, la desestimación constante de los dichos de las víctimas y la valoración de las pruebas que hacen los jueces. Hemos encontrado esto en otros casos y también en otras provincias pero muy fuertemente en el norte de Santa Fe donde no les creen a las víctimas, las revictimizan haciéndolas pasar por constantes declaraciones, entonces, después la defensa dice que se contradicen en sus dichos cuando lo que pasó es que tuvieron que repetir lo mismo dos o cuatro veces en estado de shock".

"El tema de la resistencia, ¿hasta qué punto tendrían que haberse resistido? Cuando por supuesto hay diferencias de tamaños y de edad. Hemos tenido casos donde eran tres abusadores adultos contra una niña de 15 años y el juez dice: "Bueno, pero podría haberse resistido más", cuando todos los tratados internacionales nos dicen que no es necesario probar de ninguna manera la resistencia. Así que nosotras creemos que en esos estereotipos y escenas discriminatorias están basados estos tipos de casos, por eso es importante apuntar a la capacitación de los operadores del sistema de Justicia, y debería llegar antes, a la facultad de derecho", coincidió Filoni.

Hoy C. E. R. tiene una vivienda de la que no posee escritura y con respecto a lo laboral obtuvo un empleo que le cambió la vida (cuyo contrato venció pero será renovado). Por las demoras y la falta de respuestas del Estado, su dentadura pudo ser arreglada gracias a organizaciones de mujeres que colaboraron para ayudarla.

Por último, la referente de Insgenar detalló: "Lo que encontramos es que había bastante desconocimiento de las leyes en el Poder Judicial de Vera, no se conocen las leyes sobre violencia contra la mujer. El Poder Judicial no tiene ni idea sobre la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y eso nos pareció bastante grave porque es una ley que tiene un cambio de paradigma. Lo comprobé personalmente en diálogo con ellos cuando nos preguntaron qué ley era esa. Es un indicador de la grave situación".

Deuda
Fuentes del Ejecutivo indicaron a UNO Santa Fe que el pedido de disculpas es específicamente una deuda del Poder Judicial. Además, aclararon que vienen trabajando con C. E. R. en cuanto al cumplimiento del acuerdo que les corresponde para la reparación histórica.

El director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial y responsable de los CAJ, Fernando Sirk Marezca indicó: "Está todo en trámites administrativos del poder judicial" y sobre la situación laboral de C. E. R. aseguró que la renovación del contrato "ya está firmada por el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza". Respecto a la vivienda afirmó: "Tiene un respaldo jurídico, seguridad y estabilidad sobre ese tema. Tiene todas las garantías desde el Ejecutivo. El día que se escriture será a su nombre".

En esta línea, Matías Figueroa Escauriza detalló a UNO: "Está pendiente el sumario administrativo. Se encuentra en vías de resolución en el Poder Judicial. Desde el Ejecutivo se avanzó hasta donde se pudo, pero se necesita esa resolución para poder avanzar en una indemnización concreta. Es así que lo pide la ley. Técnicamente no se puede pagar hasta que haya una sanción. Los sumarios son para resolver, no para que queden archivados".

Con respecto a las otras cuestiones pendientes, el secretario de Gestión Pública indicó: "Se incorporó en el programa Vuelvo a Estudiar y se le dio una vivienda. Si bien aún no tiene la titularidad, la casa tiene en el registro de la propiedad una marginal del decreto, que mientras se terminen los trámites es para que se dé publicidad registral a terceros, que esa casa es de ella. Nadie puede comprar esa casa". Asimismo sobre el trabajo aclaró: "Está en blanco, tiene todos los aportes, como es la Caja de Jubilaciones de la provincia y por lo tanto también, obra social".

"Se ha abordado bastante pero falta. Siempre falta para poder «devolver» algo que nunca le tendría que haber ocurrido a esa nena", reconoció Figueroa Escauriza.

La respuesta del Poder Judicial
UNO Santa Fe tuvo acceso al dictamen resuelto presentado por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia santafesina con fecha del 18 de mayo, posterior a las declaraciones vertidas por el Ejecutivo. En el decreto se acordó el inicio de una investigación administrativa y se efectuó un análisis de la conducta de los integrantes del Ministerio Público que intervinieron en la causa y una serie de recomendaciones y llamados de atención. Asimismo, se indicó que en el acuerdo no estaba previsto ningún tipo de sanciones.

Por otro lado, confirmaron a UNO que el juez Nicolás Muse Chemes está siendo investigado bajo secreto de sumario aunque no por esta causa. Además, aseguraron: "En ninguna parte del acuerdo dice que es el Poder Judicial quien debe pedir disculpas".

Lo que falta
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia aseguraron a UNO que los trámites judiciales están resueltos y que lo único pendiente ahora para llegar al acto público de pedido de disculpas y cerrar la reparación histórica es acordar la indemnización. "Se avanzó en las recomendaciones que hizo Cedaw. Por un lado la solución de la cuestión habitacional y laboral está, aunque faltan unas cuestiones formales. Y se está conversando cuál sería el monto y qué reparación sería. Por otra parte, se realizaron jornadas de capacitación tanto para medios de prensa y para agentes judiciales que se hizo en Rosario", explicó Marcelo Trucco, secretario de Derechos Humanos a UNO.

"Lo que se está viendo también es que los organismos más importantes en el tema puedan dar su opinión para que se tenga en cuenta las cuestiones de género a la hora de la selección del magistrado, para que los futuros jueces y juezas puedan adjudicar estudios con perspectivas de género", agregó Trucco.

Sobre las negociaciones por la indemnización, el funcionario indicó: "Los montos dependen de muchas cuestiones y en eso estamos trabajando. Estamos teniendo reuniones periódicas con buen diálogo. La idea sería en lo que queda del año poder cerrar todo lo pendiente como para poder darle un marco final a este caso. Lo que queremos destacar es que frente a casos que llegan a organismos internacionales a veces las posiciones de los Estados suelen ser bastantes reticentes. Esto me parece una buena demostración que podamos conversar, se evitaría llegar a incumplimientos muchos más grandes cuando hay buena voluntad entre los peticionarios y el Estado".

En relación a las acusaciones desde Insgenar sobre la postura de la secretaría de regatear y ofertar los montos, Trucco respondió: "De ninguna manera porque entendemos de qué se trata. Sería considerar a la mujer como un objeto y no como una persona. Desde ningún punto de vista lo estamos analizando en ese sentido. La cuestión es que se entienda que es una reparación, pero que forma parte de un marco de algo mucho más importante. No queremos que se convierta en ese el eje de la discusión. No queremos que se trabe desde el punto de vista económica, está muy lejos de eso el Estado provincial. No es lo que se vio en las charlas con las organizaciones de mujeres. Han comprendido desde nuestra sinceridad que no es una cuestión numérica, sería una falta de respeto para la víctima negociar un número por su sufrimiento. Todo lo queremos cerrar antes de fin de año".

Finalmente, para el acto de pedido de disculpas Trucco dijo: "Una vez que podamos cerrar la agenda de medidas reparatorias se hará". Además agregó: "La idea es hacer un acto donde forme parte Nación, para poder dar cuenta de todo lo trabajado y utilizarlo también como ese acto que cerraría el compromiso de la provincia". Sobre la importancia simbólica del acto, el secretario de Derechos Humanos opinó: "Lamentablemente a veces en estos casos hay víctimas individualizadas, pero el mensaje es que estos hechos permitan en el futuro mejorar algunas cosas. No solo le "sirve" a la víctima para una reparación personal, sino que también a la sociedad.

Violencia machista en Santa Fe
Cabe destacar que en lo que va del 2018 hubo 16 homicidios de mujeres en la provincia, de los cuales al menos diez fueron o podrían ser caratulados como femicidios. En este sentido, una mujer muere en la provincia cada nueve días. Es la misma periodicidad que hubo en el 2017, que fue el año con más femicidios en la provincia de la última década, marcando así una preocupante creciente de violencia machista que no cesa. El año pasado se registraron 38 casos, de los cuales 32 fueron perpetrados desde el círculo íntimo de la víctima; 11 de su pareja; seis de su expareja; siete de un pariente; ocho de un conocido; tres de un desconocido, y tres sin datos, según un relevamiento de violencia de género que lleva adelante la política rosarina Norma López.

En este mismo sentido, el segundo informe del Registro Único de Situaciones de Violencia contra la Mujer, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017 registró 3.989 situaciones de violencia de género en ese período en la provincia de Santa Fe, involucradas en ellas aproximadamente 3.203 mujeres víctimas. Del estudio, se analizó que sigue habiendo un amplio sector de la sociedad que responde a estructuras patriarcales que ocultan y naturalizan las situaciones de violencia de género en todas sus tipologías y modalidades posibles.