Las intensas lluvias que esta semana inundaron los barrios de la zona norte de la ciudad y dejaron a más de 500 evacuados; el insistente reclamo por necesarias obras de desagües y las desafortunadas declaraciones de un candidato a gobernador que dijo que la inundación del 2003 fue un hecho de la naturaleza, agudizaron el malestar que provocan los casi 12 años de ausencia de justicia para quienes vivían en el tercio de la ciudad que el 29 de abril del 2003 quedó bajo el agua del río Salado.

Hoy la causa que investiga al exintendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez, a Edgardo Berli, exministro de Obras Públicas, y al exdirector de Hidráulica, Ricardo Fratti, por estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas, está en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, a la espera de que el tribunal –integrado por Roberto Prieu Mántaras, Roberto Reyes y Jaquelina Balangione– resuelva un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los abogado defensores Álvarez.

Fueron los letrados que representan al exintendente quienes llevaron el expediente a esa instancia el año pasado, cuando consideraron que la investigación debía cerrarse, porque ya estaba prescripta. Sin embargo, el 28 de agosto del 2014, Balangione, Reyes y Prieu Mántaras consideraron que la causa ya tenía todas las pruebas producidas y que “era necesario” dictar sentencia.

Ante este fallo es que la defensa de Álvarez presentó el recurso de inconstitucionalidad en septiembre del año pasado y que aún está pendiente de ser resuelto. Si los camaristas deciden hacerle lugar, el caso va la Corte Suprema de Justicia de la provincia y sino, volverá al juzgado de sentencia.

Quienes también expresaron, de manera insistente en todos estos años, que es necesario dictar sentencia fueron los actores civiles de la causa, Milagros Demiryi y Jorge Castro, quienes estiman que el nuevo aniversario que se aproxima podría traer novedades judiciales. “Históricamente esperan (en referencia al Poder Judicial) el 29 de abril para anunciar alguna novedad.

Nosotros creemos que ya no se puede dilatar más la cuestión. La Justicia tiene que definir de una vez si estas tres personas imputadas son culpables o no. Pero esta justicia santafesina, evidentemente tiene plazos que están fuera de toda medida lógica de justicia. A nivel internacional existe lo que se denomina plazo razonable. Y 13 años a nadie se le escapa que no es un plazo razonable”, dijo Castro.

En sus años de tramitación, ninguna de las trabas que tuvo la causa fue por cuestiones de fondo o relativas a las pruebas –o a la falta de ellas–, sino que siempre se sostuvieron en la materia procesal: “Lo que se desprende de la investigación es que hay pruebas más que suficientes para demostrar que la ciudad se inundó porque las obras no estaban hechas y de que había tiempo para evacuar a la gente”, concluyó Demiryi. El 29 de abril de 2003 las aguas del Salado irrumpieron por el oeste, a través de un sector inconcluso del anillado defensivo contra inundaciones, y causó la muerte de 23 personasen esos primeros días, de acuerdo a una lista oficial. Un posterior relevamiento de la Casa de Derechos Humanos de la ciudad reveló que la cifra de personas fallecidas ascendió a 158 al contabilizar las muertes por causas atribuibles a la crecida, denominados secuelados.

El llamado que falta

Hasta ahora, la intervención del exgobernador y actual senador nacional, Carlos Reutemann, en la causa fue en calidad de testigo. A pesar de haber sido la máxima autoridad política durante la tragedia, nunca fue imputado.

En este sentido, Castro sostuvo que durante la presentación de pruebas ante el juez de sentencia, en el último período de la investigación “hubo 35 testimonios que incluyen los de los peritos que coinciden en que el agua entró a la ciudad porque la defensa estaba inconclusa, y que la orden de evacuación debería haber sido dada como mínimo 24 horas antes”.

“Es más –agregó Castro– hay tanto material probatorio que hoy sería más que suficiente para iniciar una causa paralela y poder pedir el desafuero y llamar a indagatoria a Carlos Reutemann”. Y concluyó: “Con esta causa, la Justicia santafesina tiene la oportunidad histórica de expedirse a favor de la genteque sufre y de romper el cerco de impunidad. En sus declaraciones, Miguel Del Sel dice que lo primero que quiere para su gobierno es que funcione la justicia. Hay que preguntarle qué tipo de justicia quiere. La Justicia no puede funcionar a la medida del poder de turno”.

Gabriela Albanesi / Diario UNO