Ante los conocidos problemas de incomodidad que genera la apertura de calles para la reparación de la infraestructura urbana –cloacas, agua potable, electricidad, telefonía, entre otras–, el Concejo Municipal aprobó una modificación de la ordenanza Nº 9.741, que faculta al municipio a la reparación y la remoción de los conocidos “corralitos” con las costas correspondientes a la empresa adjudicataria que iniciara las obras y no las concluyera en tiempo y forma.

La propuesta fue impulsada por Ariel Rodríguez, quien manifestó: “Se trata de una normativa que estipula que cuando una empresa prestataria de servicios realiza una ruptura en la vía pública con el objetivo de realizar una reparación y ésta no culmina en el plazo previsto, la Municipalidad se encargará de poner nuevamente en condiciones la vía pública para restablecer el tránsito y el costo de ese trabajo correrá por cuenta de la empresa correspondiente. En síntesis, un vez transcurrido el plazo estipulado, si la empresa no terminó el trabajo, el municipio podrá reparar la calle y cobrarle los costos correspondientes”.

Con esta iniciativa se trata de evitar o minimizar las molestias e inconvenientes que ocasionan, en algunas oportunidades por mayor tiempo que el necesario, los corralitos protectores de las obras que se realizan en la vía pública. Estas estructuras dificultan no sólo el tránsito vehicular sino también la circulación de los peatones, atento a que muchas veces invaden parte de las veredas y/o en ocasión de tratar de cruzar la calle.