El ministro de Justicia, Juan Lewis, anunció ayer avances en el proceso de la reforma procesal penal que se inició durante la gestión del ex gobernador Hermes Binner: confirmó que finalizaron los concursos de fiscales y defensores y que en breve los más de cien pliegos comenzarán a ser enviados –en forma paulatina– a la Legislatura para su acuerdo. Además, indicó que en el próximo semestre estarían dispuestos los recursos mínimos necesarios de infraestructura para su materialización.

De esta manera, si los vientos de la Legislatura provincial soplan a favor, a principios del año próximo podría comenzar a regir plenamente el nuevo sistema de Justicia penal en Santa Fe. “Ya tenemos los resultados finales del concurso y por lo tanto estamos en condiciones de remitir una propuesta a la Legislatura con quienes van a ser fiscales y defensores del nuevo sistema”, expresó y marcó la diferencia entre el antiguo modelo inquisitivo y el nuevo sistema acusador que exige mayores requisitos para la elección de los postulantes.

“Esperamos que la Legislatura entreviste minuciosa pero rápidamente a todos estos futuros funcionarios a fin de que puedan ser incorporados hacia fin de año y poner en marcha el sistema a principios de 2013”, agregó Lewis y se respaldó en recientes declaraciones del gobernador Antonio Bonfatti que ratificó que están disponibles los fondos necesarios para afrontar el cambio histórico.

Por ser pioneros

Respecto de la infraestructura disponible en todo el territorio provincial para que los nuevos funcionarios puedan asentarse, Lewis sostuvo que en lo que resta del año se completarían los requerimientos mínimos que hagan falta y le restó prioridad a la construcción de los espacios físicos.

“No hay que olvidarse que se está arrancando con un sistema y esto implica dos cosas: en primer lugar que inicia con carga de trabajo cero, de modo que tampoco es necesaria una infraestructura gigantesca. En segundo lugar, hay que pensar que siempre quienes son pioneros en algo, cuentan con la ventaja de que están haciendo historia pero también con las limitaciones de todo sistema nuevo. Por eso mismo, desde el Ejecutivo tenemos que verificar si se dan las condiciones mínimas objetivas para que esta implementación sea posible. De todos modos, hay a mi juicio bastante más de lo necesario para iniciar”, argumentó.

—En particular, en la ciudad de Santa Fe, ¿cuáles serían los lugares disponibles, por ejemplo, para la realización de las audiencias públicas?

—En cuanto a las salas de audiencias, en líneas generales el relevamiento que hemos realizado en el edificio de Tribunales dio positivo. Hay muchos lugares que pueden ser refaccionados con muy poco, y que pueden funcionar para la realización de los juicios orales. Pero además, las nuevas instituciones, Fiscalía y Defensa, tienen en cada una de las circunscripciones sus correspondientes inmuebles ya alquilados. Incluso muchos equipados y funcionando. De esta manera, un primer paso básico estaría dado.

“Siempre va a haber alguna clase de limitación, tenemos que controlar que no sea una que impida la correcta aplicación del Código. Hace tres años que se dictó la ley de implementación progresiva y desde entonces, todo ha sido sumar herramientas al nuevo sistema, porque es más exigente y requiere más personas e infraestructura”.

—¿Cuál es la función del mapa judicial que se va a presentar mañana en la Mesa de Diálogo que se realizará en Reconquista?

—El mapa judicial fue una de las obligaciones que asumió el Ejecutivo en la anterior Mesa de Diálogo. Contempla los requerimientos inmediatos de las coberturas de vacantes de jueces y la situación en relación a secretarios y a infraestructura. Dentro del cronograma de tareas que estableció la Legislatura, la Corte tenía que dictar la estructura judicial de la conclusión de causas hacia fines del mes de abril, cosa que hizo y estableció cuáles eran los criterios para generar esta estructura de transición de conclusión de causa. Conforme a estos lineamientos que dictó la Corte en la acordada, en la ultima Mesa de Diálogo se estableció que nosotros elaboremos un mapa judicial penal para ver qué lugares hacia falta cubrir con nuevos jueces, o qué jueces iban a quedar con competencia residual y cuáles no.

Un impasse para debatir

Por otra parte, el ministro de Justicia se refirió ayer a los pliegos del fiscal regional y defensor oficial de Venado Tuerto que fueron retirados luego del rechazo de la Legislatura al pliego de Enrique Font como auditor de los fiscales del futuro fuero penal.

“Nos hemos dado un impasse con la Legislatura para debatir un poco las normas que rigen en esos concursos. A esos efectos, yo les envié hace un tiempo largo todas las normas sobre los concursos previstos. Desde entonces, no he recibido observaciones. Sin perjuicio de eso, aparentemente, el concurso de fiscales y defensores regionales parecería ser el que tiene algunas observaciones y no los otros. Todavía no tengo ninguna comunicación oficial de ningún legislador. Si así fuera, tendríamos que estudiar cómo avanzamos en la reelaboración de un reglamento de concurso y eso, en alguna medida, nos haría rever la situación de los que ganaron el concurso anterior”.