El exjuez español y actual presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional Para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), bajo el auspicio de Unesco, Baltasar Garzón Real, estuvo este viernes en la ciudad. Su visita se dio en el marco de una charla que brindó el letrado español en el cine teatro Luz y Fuerza bajo el título: “Derechos humanos en la Argentina. A 20 años de la Reforma Constitucional de 1994, debates y perspectivas hacia el futuro”.

Durante su breve estadía Garzón Real fue distinguido en el Concejo Municipal y en la Cámara de Diputados como ciudadano ilustre. En la ocasión el exmagistrado, reconocido por sus investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad –entre las que se encuentran muchas vinculadas a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar argentina– dialogó con la prensa.

Baltasar Garzón fue uno de los primeros jueces en investigar las actuaciones del exjuez Víctor Hermes Brusa durante la dictadura. Al respecto dijo: “Aquellos tiempos son difíciles de olvidar. Fue realmente una aventura adelantar esa investigación en un país como España, en el que por primera vez se aplicaba el principio de jurisdicción universal. El concepto de crímenes de lesa humanidad que todavía no estaba reconocido en la legislación española, de crímenes de genocidio eran muy chocantes. En ese momento las víctimas y los organismos de derechos humanos eran los que estaban avanzando en ese combate, y la Justicia estaba silente, estaba ausente”.

Luego continuó: “Cuando en el listado de represores me encontré con un juez me llamó la atención. Porque uno piensa que la Justicia puede estar silente o estar proactiva en defensa de los derechos, pero nunca que participa activamente en una represión. Incluso, protegiéndola, auspiciándola y desarrollando actividades que distan mucho de lo que es ser un juez”.

“Yo me preguntaba cómo es posible que alguien que defiende la justicia pueda consentir esto. Eso era una constante que se me venía encima y que no era capaz de entender. Que haya represión desde la policía, se entendía; que el Ejército lo hiciera, se podía entender; que políticos coadyuvaran ideológicamente, que sectores económicos lo hicieran, también. Pero que la Iglesia participara, como de hecho ocurrió; y que en la Justicia algunos también, chocaba especialmente”, agregó.

“Nunca me alegro –expuso– cuando tomo decisiones judiciales que perjudican aún al más perverso de los criminales. Pero cuando dicté ese procesamiento y esa orden de detención (contra Brusa), me sentí muy reconfortado con lo que yo creía y creo que es la verdadera justicia, que es la defensa de las víctimas”.

Garzón hizo un seguimiento del caso. “De hecho yo remití la información en 2003, cuando se me negaron las extradiciones que solicité. Sé que (Brusa) está cumpliendo pena de prisión; sé cómo se desarrolló el juicio y sé también cómo otros juicios se están adelantando; y también sé y me preocupa que todavía hay atisbos de corporativismo dentro de la Justicia para proteger a personas que deben afrontar en juicio oral y público las responsabilidades que se les imputan”.

El conflicto con los holdouts

“Los buitres son buitres”, definió y agregó: “Yo respeto las decisiones judiciales, aunque muchas veces no las comparto. Soy un abogado en ejercicio y es difícil comprender algunas cosas. Después de haber estado 32 años de esta parte de la mesa, ahora que estoy del otro lado y defendiendo intereses de ciudadanos me resulta todavía mucho más incomprensible la actitud de determinados jueces. El juez estadounidense (Tomas Griesa), podrá actuar dentro de la legalidad, pero está atentando gravísimamente al principio básico del derecho que es la equidad. No es una acción equitativa la que está haciendo”.

“Podría existir otra solución que ampare los derechos de los inversores y también los intereses y los derechos del pueblo argentino. Esto no es una cuestión contra el gobierno argentino, quien piense eso se está equivocando, porque afecta los derechos de todos los ciudadanos. Este Gobierno está haciendo lo que puede y las causas vienen de más atrás. Hay que hacer una regulación exhaustiva de ese tipo de fondos de inversiones porque no pueden por el aprovechamiento económico y el uso del dinero mandar a la ruina a millones de personas”, dijo.

“Hay que definir y avanzar en la catalogación de crímenes de lesa humanidad a este tipo de crímenes económicos. Hay que investigar esos fondos, de dónde vienen y qué están haciendo. Estoy convencido de que el caso de Argentina va a ser un elemento de apoyo para que en la región se planteen nuevos mecanismos para contrarrestar los abusos de jurisdicción que se puedan cometer”. finalizó.