Miércoles 25 de Noviembre de 2015
Fue la segunda convocatoria del año y la plaza 25 de Mayo la elegida para alzar la voz. La Mesa #NiUnaMenos Santa Fe constituida por organizaciones feministas, académicas, sindicales, agrupaciones políticas y organismos de gestión con responsabilidades dentro de distintos niveles del Estado impulsaron una nueva marcha, donde cientos de santafesinos, de manera pacífica y respetuosa, plasmaron sus reclamos y reflejaron las distintas miradas. El 3 de junio pasado, gran parte de la sociedad se movilizó clamando por #NiUnaMenos. El crimen de Chiara Páez, en Rufino, fue el detonante de una violencia machista que no cesa y que se cobra la vida de una mujer cada treinta horas. “Las integrantes de la Mesa consideramos una herramienta de empoderamiento político el plexo normativo que se ha venido configurando en los últimos años con numerosas leyes que reconocen, garantizan y protegen los derechos de las mujeres en nuestro país”, reza el documento que leyeron en el acto y firmaron los integrantes.
Luego expresa: “Asimismo, entendemos que uno de los principales pasos para avanzar en el efectivo cumplimiento de las leyes es el reconocimiento de estos derechos por un Estado presente que interprete y acompañe los reclamos de la sociedad civil. Además, consideramos fundamental la construcción de redes solidarias desde la sociedad civil que generen nuevas resistencias, denuncias y obtención de más derechos”. Una lista de pedidos El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, fecha en la que se recuerda el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en manos de militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. “Porque entendemos que una sociedad que no se planta frente a la violencia de género es una sociedad cómplice que mina las posibilidades de construir relaciones sociales igualitarias”, manifestaron más adelante.En la ocasión, la Mesa aprovechó para demandar el reconocimiento político de la mujer y apropiación de la perspectiva de género por parte del Poder Judicial. “Las mujeres no somos un colectivo minoritario, somos la mitad de la población y debemos contar con una justicia que nos atienda integralmente”, expresaron. Además solicitaron la instrumentación en su totalidad y con la asignación presupuestaria acorde de la ley Nº 26.485 de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En esta línea también la puesta en marcha del plan nacional que allí se establece.Asimismo, reclamaron desarrollar y agilizar el Observatorio y/o el Registro Único de Víctimas de Violencia a nivel nacional y provincial, que incluyan estadísticas de femicidios; y garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. También solicitaron un cuerpo de patrocinio jurídico gratuito de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. “Celebramos su creación y bregamos por su pronta implementación junto con la conformación de fiscalías capacitadas”, dijeron.Más adelante, solicitaron que se garantice la protección de las víctimas de violencia y para ello reclamaron la implementación del monitoreo de los agresores para cerciorar las medidas de distancias. A su vez, la Mesa pidió mayores presupuestos en todos los niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales). Y por último, manifestó: “Reivindicamos el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo y reclamamos #ni una muerta más por abortos clandestinos”.A nivel local, en este documento planteado en la marcha, los integrantes de esta Mesa pidieron la aplicación de la ley provincial Nº 13348 (que adhiere a la nacional 26.485) en los casos de violencia contra las mujeres en ámbitos familiares. También reclamaron por el funcionamiento de las defensorías barriales (zonales) con personal capacitado e idóneo en perspectiva de género para que atiendan los casos de violencia.Además, solicitaron el nombramiento de profesionales médicas forenses, para la atención de mujeres; y la efectivización de la licencia por violencia contra las mujeres para todas las trabajadoras tanto en ámbitos públicos y como privados.