El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, aseguró que no hubo ningún ofrecimiento formal del Gobierno nacional para negociar modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó que el sistema universitario continúa el reclamo por la vía judicial para exigir su cumplimiento.

En declaraciones a LT8, Mammarella explicó que la administración nacional anunció el envío de un proyecto para modificar la norma aprobada por el Congreso, pero remarcó que no existió convocatoria al diálogo con las universidades.

“No ha habido ninguna propuesta del gobierno de sentarse a negociar. Nosotros hemos judicializado para el cumplimiento de la ley que conseguimos en el Congreso y no hay un acercamiento para poder charlar”, afirmó.

Ley de Financiamiento Universitario: diferencia salarial superior al 25%

El rector detalló que, si se aplicara la ley aprobada por el Congreso, la recomposición salarial superaría los 25 puntos porcentuales respecto de la propuesta oficial.

Según explicó, la iniciativa del Gobierno plantea:

• No reconocer la pérdida salarial de 2024.
• Ajustar parcialmente 2025.
• Recién en 2026 discutir aumentos en función de una pauta inflacionaria proyectada en torno al 14% o 15%, cifra que desde el sector universitario consideran “muy baja” e incumplible.

“Olvidarse del 2024 y acomodar medianamente 2025 implica consolidar una pérdida fuerte del poder adquisitivo”, advirtió Mammarella.

Impacto en docentes, investigadores y obras sociales

El rector de la UNL alertó que la crisis presupuestaria no sólo afecta los salarios docentes y no docentes, sino también a las obras sociales universitarias, que dependen directamente de los aportes vinculados al sueldo.

“La mayoría de las obras sociales están en riesgo de funcionamiento”, señaló, al tiempo que subrayó que el deterioro salarial también impacta en:

• Jubilaciones
• Salud física y emocional del personal
• Calidad académica
• Proyectos de investigación y extensión

Mammarella advirtió sobre una creciente fuga de capital humano, tanto por renuncias definitivas como por el aumento del pluriempleo, lo que reduce el tiempo efectivo de dedicación a la universidad. “La universidad pierde calidad al perder capital humano”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno mejore las partidas de funcionamiento como alternativa, el rector fue contundente: “No, porque los gastos de funcionamiento serían mucho más aumentados si se cumple la ley”.

Actualmente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya expresó su postura de rechazo a la propuesta oficial y ratificó el reclamo por el cumplimiento pleno de la norma.

Incertidumbre política y expectativa judicial

Mammarella reconoció que el escenario es de incertidumbre, ya que no está claro si el Ejecutivo insistirá con el proyecto en el período ordinario del Congreso.

Mientras tanto, las universidades mantienen abierta la vía judicial y el reclamo institucional. “Hay una ley que fue aprobada y confirmada por el Congreso. Así como todos tenemos que atenernos al cumplimiento de la ley, le pedimos al Gobierno que la cumpla”, concluyó.