El asesinato de Esteban Baragiola y la detención de un chico de 15 años como presunto autor material del disparo que le quitó la vida en la puerta de su domicilio volvió a colocar en debate la necesidad de contar con nuevas herramientas institucionales para abordar ese tipo de casos. Hoy la República Argentina carece de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y en la provincia de Santa Fe no existe un código de procedimiento penal que se ajuste a estos tiempos.

El Código Penal Argentino, que es competencia federal, establece que los menores de 16 años son inimputables. Al respecto el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, indicó que el marco sancionatorio no es una facultad de las provincias sino del Congreso de la Nación y recordó que en la actualidad se utiliza un sistema tutelar que fue obra de la última dictadura militar (decreto-ley Nº 22.278).

De hecho, el país recibió críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que actualice su Régimen Penal Juvenil. Un proyecto avanzó en el Senado de la Nación hace un par de años, pero después quedó estancado por las diferencias ideológicas que atraviesan a todos los partidos en cuanto a bajar o no la edad de imputabilidad y también para encontrar alternativas que permitan trabajar con el menor en conflicto con la ley penal.

Mientras tanto, el Ejecutivo provincial diseñó un nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil que sólo podrá ser utilizado en chicos de 16 y 17 años. “Menos de 16 años, hoy una persona es formalmente inimputable. Más de 18 años va al sistema de adultos. Si la ley (nacional) de fondo cambia será un régimen que se aplique al rango etario que allí se disponga”, dijo el funcionario, quien aclaró que no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad.

La idea central es que los jueces definan si el chico fue o no autor de un delito para que después el Estado intervenga con las áreas que correspondan a cada caso. La iniciativa se enviará en noviembre a la Legislatura para ser discutida, ya hay un proyecto similar en Diputados (ver página 5), y allí se prevé que el Nuevo Código de Procedimiento Penal tenga entre uno de sus apéndices la cuestión juvenil.

Determinar culpas

“Nosotros concebimos al derecho que regula la situación de los jóvenes no como algo diferente sino como un derecho penal especial”, opinó Lewis. No se pensó en un régimen procesal penal juvenil con procedimientos propios, distintos al sistema de adultos, sino en una herramienta complementaria porque los jueces estarán obligados a resolver la culpabilidad o no del chico acusado.

“No nos hemos dado –continuó– a la tarea de hacer un régimen procesal penal enteramente distinto a lo que es el proceso penal en la provincia de Santa Fe, sino que sólo se regula la especialidad. Es decir, se toma como base la línea procedimental del sistema de adultos y se regulan aquellas cosas que en virtud de la especialidad de régimen penal juvenil deben ser hechas de una manera distinta”.

“Esta situación que no se da con la legislación actualmente vigente, porque hoy por hoy los jóvenes se encuentran en una situación peor que la de un adulto. Por ejemplo hay ausencia de plazos, incertidumbre de algunos plazos procesales, cuando en materia de medidas cautelares la prisión preventiva tiene plazos muy certeros para los adultos”, manifestó.

No obstante, “en materia de menores, como el régimen procesal actual implica una pervivencia del antiguo régimen tutelar que debería ser erradicado después de la Convención de los Derechos del Niño, el juez de Menores no tiene plazos (entre otras cosas de detención –medidas de protección–) porque presuntamente lo está tutelando y contra alguien que te tutela uno se defiende. Entonces ahí existe un menoscabo del derecho de defensa”, enfatizó.

Para graficar el cuadro de situación, y las contradicciones del modelo actual, el titular de la cartera de Justicia y Derecho Humanos señaló que “aún hoy existen un montón de jueces de Menores que nunca han dictado una sentencia de responsabilidad por hechos delictivos”. Frente a ello, “hay chicos que muchas veces transitan por el sistema penal y no tienen ninguna resolución formal que diga que fueron autores de un determinado hecho. Esto pasa en una innumerable cantidad de casos”.

“Muchas veces el juez de Menores dice que un chico está en riesgo y es lo mismo estar en riesgo social o haber delinquido, entonces manda que le apliquen una medida (de restricción de libertad), luego ve cómo evoluciona pero no se preocupa por saber si había sido el autor o no de ese hecho”, señaló Lewis.

“Ahora (los jueces) siguen haciendo lo mismo, cuando en realidad en un sistema de responsabilidad sobre el hecho lo primero que debe estar en claro es si el chico fue o no autor de un delito, ya que si no lo fue, el Estado no puede hacer nada desde el punto de vista punitivo y –en todo caso– se deberá ocupar Desarrollo Social, pero no el sistema penal”, evaluó.