Damnificados de la causa Bolsafé Valores se manifestaron ayer en reclamo de un pedido de avance en la causa que los involucra, frente a la Bolsa de Comercio de Santa Fe y marcharon por la Peatonal santafesina hasta llegar al Banco Galicia, ubicado en la intersección de calle San Martín y 1ª Junta. Pidieron a las autoridades que están llevando a cabo la causa, “que movilicen los tiempos y que los responsables paguen por lo hecho”.

“Acá no hay respuesta por parte de la Justicia; soy jubilado y ya no tengo esperanzas de salvar mi dinero. Sabemos que la Justicia es muy lenta, en este caso más aún porque responde a los intereses de los grandes capitales”, subrayó a los micrófonos de Diario UNO, Arsenio Godio.

“La causa está en este momento en el Juzgado Federal a cargo del juez Walter Rodríguez, que pidió que se le remita desde la parte provincial todos los expedientes de la causa. Sólo esperamos que esto siga avanzando, aunque sabemos que los capitales son más influyentes que nosotros, que estamos padeciendo este grave problema”, agregó el jubilado.

“Tenemos muchas expectativas de la Justicia Federal, esperamos mucho del juez Francisco Miño; él puede hacer justicia y devolvernos lo que nos robaron. Hoy, desde la Justicia provincial, lamentablemente no obtuvimos nada sin estar del lado de las víctimas; solamente acompañó a los delincuentes porque por las pruebas que le aportaron los abogados querellantes, eran más que suficientes para detener al menos a directivos del Banco Galicia y del Mercado de Valores del Litoral, que son partícipes necesarios de esta estafa”, expresó Débora Salica, docente perjudicada con la estafa.

La gran estafa

“Hoy decidimos traer el reclamo a la puerta de la Bolsa de Comercio porque entendemos que también son responsables en la cadena delictiva. La Bolsa de Comercio era la que tenía que ejercer el control delegado por el Estado para proteger al público inversor y no permitirle a Rossini cometer esta gran estafa. Estamos cerca de cumplir el año desde que Rossini fue detenido y la realidad de la causa hoy es que la justicia ordinaria la elevó a juicio y al unísono el fiscal federal, Walter Rodríguez, solicitó que la causa completa se vaya a la órbita federal. Él entiende que la investigación ha sido parcial y que los casos no guardan una tipificación específica que hagan que deban quedarse en la justicia ordinaria. Es que, por ejemplo, hay casos que el juez Nicolás Falkenberg pasó a la órbita federal, que son muy parecidos a otros que quedaron en la justicia ordinaria. Esa diferencia no debería existir. La idea es unificar todo bajo el fuero federal, que cuenta con la asistencia técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que es el ente nacional que más eco ha hecho de la estafa y que colabora con la fiscalía para llevar adelante la causa”, explicó Juan Manuel, otro de los damnificados.

—¿Faltan más imputaciones?

—Creemos que sí. El juez Falkenberg sólo corroboró las cuentas de Rossini y el Banco Galicia desde el mes de abril a la fecha, permitiendo que el banco le falseara información sin tomar medidas. Al menos ahora, en la Justicia federal tenemos un camino nuevo. El de la justicia ordinaria, para nosotros es una vía agotada. Esta maniobra no fue realizada por Rossini solo; su socia, Mercedes Leiva, está en libertad y se van sumando nombres de empresas que han estafado gente, precedidas por Rossini.

—¿Hay alguna información sobre la ruta del dinero?

—Por ahora no tenemos rastros. Ningún damnificado pretende tener 50 personas detenidas por el caso y no recuperar los ahorros. Esto hay que decirlo. El perjuicio que sufrimos es que se llevaron los ahorros que tanto nos costaron conseguir y eso es lo que nosotros queremos recuperar. Por ahora, la Justicia tiene distintas líneas en investigación. De lo que sí hay certezas es sobre distintos tipos de maniobras, por las cuales se iban girando fondos a empresas, fideicomisos, cuentas en el extranjero y demás.

A fines de 2012, Mario Rossini fue procesado por el juez penal de la 2ª Nominación, Nicolás Falkenberg, en 62 casos en los que fue determinada la existencia de maniobras fraudulentas en el curso de la administración de cuentas que le fueron confiadas al contador público nacional. Falkenberg ordenó, además, la prisión preventiva durante la sustanciación de la causa, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.