Este martes por la tarde, una exenfermera que se presenta como Stella Maris Escalada, utilizó las redes sociales para alentar a sus colegas en actividad a "hacer sufrir" a las personas que soliciten un aborto en los efectores de salud. En su perfil de Facebook, expresó ser trabajadora del Hospital de Niños Orlando Alassia. Las expresiones de odio tuvieron un fuerte rechazo, y la ministra de Salud, Andrea Uboldi, salió a responder: "Esta persona se jubiló hace ya 10 años y no llegó a ejercer en el actual hospital Alassia. Repudiamos enormemente este tipo de comentarios que van en contra de las políticas de salud de la provincia de Santa Fe y de las acciones a las que un trabajador de la salud se compromete".

Según fuentes del Ministerio de Salud, Escalada habría prestado servicios en el hospital Gutiérrez. Asimismo, desde el Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe divulgaron un comunicado donde indican que no existe ninguna enfermera matriculada llamada Stella Maris Escalada y reclaman al Ministerio de Salud controles a enfermeros y enfermeras contratados por el Estado en hospitales y centros de salud.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de Santa Fe, Carlos Azoge, expresó en LT10: "Es una situación repudiable, y que no representa el pensamiento colectivo de la enfermería. Tenemos que ser muy respetuosos con el paciente y garantizarle los derechos si se aprueba la ley, pero también tenemos que ser respetuosos con los colegas que sean objetores y los que no".

En esta línea, la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir rechazaron los violentos dichos de Escalada y solicitó que el gobierno tome medidas "para terminar con la tortura, los tratos inhumanos y denigrantes".

Cabe destacar, que según un informe del Ministerio de Salud de la Nación el vigente protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, "está diseñado en base a la comprensión fundamental de que todo el personal del efector de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación".

Asimismo, el informe expresa: "Los equipos de salud son los primeros responsables por la provisión de ILE (práctica también conocida como aborto no punible o ANP), y de prevenir y buscar evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate de los subsistemas público, de obras sociales o privado. El derecho de acceso a la salud es abordado por este protocolo sin incurrir en discriminación alguna e incluye en su línea de atención a todas las personas con posibilidad de gestar un embarazo, sin ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las prácticas sexuales que pudiera llevar a cabo".