La causa que generó fuerte repercusión en el sector agropecuario dio un giro clave en las últimas horas. La Justicia imputó al empresario Nicolás Coscia por defraudación y abuso de confianza, dejando de lado la figura inicial de robo de ganado en el marco de la investigación por la desaparición de 190 cabezas vinculadas al emprendimiento “La Joya Agro”.

La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución, donde la jueza Marisol Usandizaga dispuso como medida cautelar la prohibición de salida del país por 90 días, aunque rechazó el pedido de Fiscalía de imponer una fianza de 20 millones de pesos.

La acusación: venta de hacienda sin autorización

Según la imputación presentada por el fiscal Ramiro Martínez, Coscia habría dispuesto de manera ilegítima de animales vacunos que tenía bajo su cuidado, en el marco de una relación comercial previa con la firma damnificada.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el 25 de febrero se concretó la venta de 161 bovinos a través de una consignataria, distribuidos entre distintas firmas, utilizando documentación oficial para dar apariencia de legalidad a la operación.

La maniobra incluyó la emisión de documentos de tránsito electrónico (DT-e) ante SENASA, en los que se habría hecho figurar a la hacienda como propia, pese a que el imputado no contaba con autorización para su disposición.

Además, el fiscal señaló que días después se intentó generar nuevas guías de traslado por 190 animales, lo que fue interpretado como una acción para sostener la operatoria y que finalmente fue anulada por el denunciante.

Los animales aparecieron y cambió el enfoque de la causa

Uno de los datos clave que modificó el rumbo del caso es que la hacienda fue localizada y recuperada en un campo de la localidad de Chabás, en manos de compradores que la habían adquirido de buena fe y con documentación en regla.

Este elemento fue determinante para que la investigación dejara de centrarse en un robo y pasara a analizarse como un presunto conflicto interno de tipo societario.

El caso tomó notoriedad pública porque el denunciante es el agro-influencer Bruno Riboldi, titular de la cuenta “La Joya Agro”, lo que amplificó su difusión en redes sociales y medios. Según publica Rosario3, la viralización del episodio fue clave para instalar el tema en la agenda pública durante el fin de semana.

La consignataria también se presentó como víctima

En paralelo, la consignataria que intervino en la operación, Aguirre Vázquez, emitió un comunicado en el que aseguró haber sido “víctima de una maniobra” y anticipó que presentará una denuncia penal para esclarecer lo ocurrido, además de ponerse a disposición de la Justicia.

La defensa: “No hubo engaño y era una relación societaria”

Por su parte, la defensa de Coscia, encabezada por el abogado Pablo Morosano, planteó una versión completamente distinta de los hechos. Sostuvo que no existió ningún tipo de maniobra delictiva, sino que se trató de una operatoria conocida dentro de una relación comercial previa.

“Lo que se vio en redes fue un circo”, afirmó el letrado, quien aseguró que hay elementos para probar que el denunciante estaba al tanto de la venta de la hacienda.

Según explicó, se trataría del tercer ciclo de trabajo conjunto entre ambas partes, en el que Coscia tenía a su cargo el cuidado y engorde del ganado antes de su comercialización.

Además, remarcó que el imputado se presentó ante la Justicia y destacó que no se dictó prisión preventiva ni se hizo lugar a la fianza solicitada por Fiscalía.

“Vamos a pedir que se desestime la denuncia porque hay pruebas de que Riboldi sabía perfectamente de la operación”, concluyó la defensa.

Una causa abierta y con dos versiones contrapuestas

Mientras la investigación avanza, el expediente expone dos lecturas opuestas: por un lado, la Fiscalía sostiene que hubo una maniobra de disposición ilegítima basada en el abuso de confianza; por el otro, la defensa insiste en que se trata de un conflicto entre socios.

Con la hacienda recuperada y el foco puesto en la relación comercial previa, la causa entra ahora en una etapa clave para determinar si hubo delito o una disputa empresarial que escaló a la Justicia penal.