Cada vez más familias santafesinas recurren al crédito no para realizar una compra importante o concretar un proyecto, sino para llegar a fin de mes. Frente a esta realidad, la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos) presentó un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que incorpora herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y, principalmente, ayudar a las familias a reorganizar sus compromisos económicos y encontrar una salida sostenible.

El crédito dejó de ser una herramienta para crecer

Comprar alimentos, pagar los servicios, afrontar el alquiler o cubrir gastos cotidianos se convirtió, para muchas personas, en un motivo para endeudarse. Según el Monitor de Consumo del Centro de Estudios DEMOS, cuatro de cada diez santafesinos mantienen préstamos personales o saldos financiados en sus tarjetas de crédito, una cifra superior a los promedios históricos de la provincia.

"El sobreendeudamiento es un espiral de supervivencia que termina consumiéndose todo. Muchas personas no se endeudan para progresar ni para concretar un proyecto, sino porque los ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas", sostuvo Mahmud.

Para la legisladora, este fenómeno dejó de ser únicamente un problema financiero y pasó a convertirse en una manifestación de la crisis económica que atraviesan muchas familias.

"El cambio más preocupante que vemos es que cada vez son más las personas que se endeudan para sobrevivir. El crédito dejó de ser una herramienta destinada a construir patrimonio o ampliar posibilidades y empezó a utilizarse para cubrir la distancia entre los ingresos y los gastos indispensables", afirmó.

Una propuesta para reorganizar todas las deudas en un solo proceso

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, integrado por profesionales especializados que podrán reunir todas las obligaciones de una persona o familia, convocar a los distintos acreedores y colaborar en la elaboración de un plan de pagos sostenible.

La iniciativa apunta a simplificar un escenario habitual: personas que mantienen deudas con bancos, tarjetas de crédito, empresas de servicios, prepagas y distintos comercios al mismo tiempo.

"Hoy una persona puede deberle al banco, a la tarjeta, a una empresa de servicios, a una prepaga y a distintos comercios simultáneamente. Tiene que negociar por separado con cada uno y eso, muchas veces, solo genera más intereses y nuevas refinanciaciones. Queremos que exista un procedimiento que permita analizar todas las deudas en conjunto y construir una salida que realmente pueda cumplirse", explicó la diputada.

Educación financiera y mayores controles

Además del mecanismo para reorganizar las deudas, el proyecto incorpora medidas para prevenir nuevos casos de sobreendeudamiento mediante la educación financiera y reglas más estrictas para el otorgamiento de créditos.

Mahmud sostuvo que es necesario que las personas comprendan con claridad los contratos que firman, conozcan el costo total de un préstamo y puedan evaluar las consecuencias de financiar de manera permanente una tarjeta de crédito.

Sin embargo, también remarcó que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre quienes solicitan un préstamo.

"Hoy se puede obtener un préstamo en pocos minutos y desde un teléfono. Muchas veces la información no es clara, la publicidad no muestra el costo real y nadie explica adecuadamente qué sucede si después no se puede pagar. Necesitamos educación y prevención, pero también controles, reglas claras y un Estado que no deje solas a las familias", expresó.

Evaluar la capacidad de pago antes de otorgar créditos

La legisladora aclaró que la iniciativa no busca impedir el acceso al crédito, sino garantizar que las entidades financieras y empresas evalúen la capacidad real de pago antes de aprobar un préstamo.

"No se trata de impedir que una persona acceda al crédito. Se trata de que las empresas no puedan ofrecer préstamos sin analizar si quien los recibe podrá devolverlos sin dejar de comprar alimentos, pagar los servicios o atender las necesidades de sus hijos", explicó.

En ese sentido, el proyecto establece que las empresas deberán informar de manera clara:

• Cuánto dinero recibe efectivamente la persona.
• Cuánto deberá devolver al finalizar el préstamo.
• Los intereses y comisiones aplicados.
• La cantidad de cuotas.
• Las consecuencias de una eventual mora.

Asimismo, plantea que antes de conceder un crédito, las entidades deberán analizar si el solicitante podrá afrontar las cuotas sin comprometer sus necesidades básicas, evitando así el otorgamiento de créditos excesivos o imposibles de sostener.