El ministro de Seguridad de la provincia, Leandro Corti, aseguró que “es de suma importancia abordar en toda su dimensión” las denuncias contra altos oficiales de la policía santafesina por su presunto vínculo con el dinero proveniente del narcotráfico y el robo de autos. Y comprometió el “apoyo irrestricto”de su cartera para que el Poder Judicial avance en la investigación iniciada a partir de un escrito anónimo recibido en los Tribunales rosarinos. Asimismo, el funcionario recordó que “ya hay varias causas avanzadas, con recolección de pruebas y con cierto grado de verosimilitud” en cuanto a los casi 50 efectivos de la policía provincial investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Las declaraciones del ministro a UNO Medios se dieron a tan sólo 24 horas de que trascienda y que la Justicia investiga una denuncia anónima recibida por el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini en febrero y que ahora es llevada adelante por el fiscal Nº 3, Carlos Cobani, y la jueza de Instrucción 5, María Luisa Pérez Vara.

En el escrito se involucra a 15 altos oficiales de la policía provincial por sus presuntos arreglos económicos con narcos. Y se sugiere el presunto móvil de dos resonantes crímenes ocurridos en los últimos meses: el del comerciante Carlos Fajardo, cuyo cuerpo con dos balazos en la cabeza fue hallado el 26 de diciembre pasado en el baúl de un auto estacionado en Caracarañá; y el del suboficial de la sección Sustracción de Automotores Carlos Honores, ejecutado el 5 de enero último en avenida de Circunvalación y 27 de Febrero de Rosario. Según la presentación, ambos homicidios están ligados entre sí y tienen íntima relación con la recaudación ilegal de la policía.

Sin reparos

“La Dirección de Asuntos Internos de la policía provincial lleva adelante sus propias investigaciones sobre los uniformados involucrados en esa denuncia y con órdenes de este Ministerio para que no se escatimen esfuerzos y se haga el trabajo sin distinción de cargos”, sostuvo Corti.

Asimismo, el funcionario reconoció que “el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos para la investigación y establecer los controles que crea necesario”.

En esa línea argumental, el ministro recordó que “hay dos instancias de control que se han puesto en funcionamiento a partir de la denuncia anónima. Asuntos Internos hace un trabajo de tipo administrativo, un sumario a los policías implicados en el escrito para determinar su grado de responsabilidad si es que lo tienen; y el Poder Judicial, con sus propias herramientas, avanza en la investigación del presunto delito cometido brindando otro tipo de garantías y valiéndose de elementos de prueba que Asuntos Internos pueda haber recabado”.

Corti también remarcó que “la Dirección de Asuntos Internos ya ha avanzado en causas y sumado pruebas con grado de verosimilitud en cuanto al presunto enriquecimiento ilícito de algunos uniformados”, hecho que no puede disociarse de la recaudación ilegal que menciona la denuncia anónima en cuestión. Es que, de las 50 causas que investiga Asuntos Internos por los incrementos patrimoniales sospechosos, diez corresponden a policías denunciados en el anónimo.

Relaciones

Sobre el vínculo policías-narcos, la denuncia anónima manifiesta: “Por los kioscos de drogas que hay en la ciudad se recaudan entre 10 mil y 100 mil pesos por mes. A su vez, tributan unos dos mil pesos mensuales a las comisarías.

“Además, como parte del arreglo los kioscos son manejados por menores para que salgan en libertad” si caen detenidos. En cuanto a los homicidios de Carlos Honores y Carlos Fajardo, el escrito sostiene.

“Fajardo era un vendedor de drogas. Lo secuestraron y le pidieron dos millones de dólares como rescate. Los que estuvieron en este asunto fueron Honores, un policía en disponibilidad, un ex comisario y otras dos personas”.