Por iniciativa de la diputada Alicia Gutiérrez, el cuerpo legislativo dio media sanción a la ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación,custodia y seguridad dentro de la Provincia de Santa Fe. La funcionaria subrayó la imperiosa necesidad de contar con una legislación que contribuya a regular, controlar y si es necesario sancionar a las empresas que incumplan con los requisitos que

se están estableciendo. En la actualidad, el sector sólo es regulado por medio de un decreto.El proyecto que había enviado el ex gobernador Hermes Binner, no fue tratado.

La grave situación de inseguridad que atraviesa la sociedad santafesina colaboró a que el proyecto cuente con el respaldo necesario para salir adelante. Actualmente, un poco más de 9000 personas trabajan en el ámbito de la seguridad privada. Las cuatro ciudades que concentran un mayor número de empleados son Rosario, Santa Fe, Reconquista y San Lorenzo. “Este año hubo una decisión política de tratar el proyecto. Los partidos que integran la comisión de Derechos y Garantía, los cuales pertenecen al Frente para la Victoria y al Frente Progresista Cívico y Social, dieron su aval a la

iniciativa y la semana pasada el proyecto fue aprobado por unanimidad”, señaló Gutiérrez.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo controla a las agencias de seguridad, al no estar concentradas todas en un solo lugar, hay un alto porcentaje de trabajo en negro e incumplimientos de las leyes.

El proyecto impulsado por Gutiérrez contempla dos tipos de servicios: con autorización de uso de armas de fuego (custodio de caudales) y vigilancia privada sin autorización de armas.

Entre otros puntos, el proyecto establece que las agencias no podrán contratar personal sobre quien pesen causas abiertas por cualquier tipo de delito. Y determina que las empresas se deberán anotar en un registro al que tendrán acceso los ciudadanos.Hay que subrayar que el proyecto perdería estado parlamentario si no es tratado la semana próxima. “Espero que los senadores se hagan eco de esta necesidad, de la seguridad que brinda tener agencias de seguridad regladas”, señaló Gutiérrez.

El proyecto surgió como una necesidad de regular la seguridad pública y ante la preocupación de ver que había personas exoneradas de las fuerzas de seguridad y que habían cometido delitos, y hasta represores que estaban al frente de ese negocio.

“Esta situación me hizo ver la necesidad de contar con una legislación acorde en la provincia de Santa Fe, por eso me puse a trabajar en este tema”, aclaró la legisladora.

La iniciativa contó con el respaldo de entidades gubernamentales y de la Cámara de Agencias de Seguridad, interesadas en establecer una normativa que regule al sector.

“El establecimiento de disposiciones reglamentarias orientadas a cumplimentar con dichos objetivos redundará además en beneficio del interés público y de la seguridad de los usuarios”.

En caso de lograr la aprobación, Santa Fe sería una de las pocas provincias del país en regular esta actividad.

“Hay pocos antecedentes, uno en Capital y un proyecto del diputado Marcelo Sain (Nuevo Encuentro) en la provincia de Buenos Aires, que se trata en la Legislatura bonaerense”, afirmó Gutiérrez.

Normas

El proyecto establece una serie de requisitos tanto para propietarios como para los empleados de las agencias de seguridad. En el caso de los dueños o directores técnicos, deberán ser idóneos, poseer capacidad técnica y no contar con antecedentes. En el caso de los empleados, deberá tratarse de personas que no hayan cometido hechos dolosos, ni de lesa humanidad. Tampoco podrán emplearse a quienes hayan sido exonerados de fuerzas de seguridad o trabajen en fuerzas de seguridad nacionales ni provinciales. Contar con una capacitación técnica y tener los estudios secundarios completos.

En relación a la capacitación técnica, Gutiérrez señaló que Seguridad será el organismo que determinará cuáles son los institutos privados en condiciones de dar la capacitación.

Este proyecto contribuirá a que los vecinos se sientan más seguros al momento de contratar una empresa. La representante del Frente Progresista presentó este proyecto tres veces en los últimos cinco años: en 2008, en 2010 y en 2012. Luego de cinco años, el tema pudo ser tratado en el recinto la semana pasada, donde obtuvo unanimidad de votos.