La Cámara de Diputados de la provincia avanzó ayer en la creación de un organismo de investigaciones de delitos complejos, que será una de las herramientas más importantes que tendrá la reforma judicial. Se trata de un paso sustancial que dio la política santafesina para quitarle a la policía el monopolio de ese trabajo contra la criminalidad y reasignarlo a especialistas de distintas disciplinas.

El proyecto que consiguió la media sanción fue trabajado durante los últimos seis meses en las comisiones de Derechos y Garantías, Seguridad, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales. Por eso no extrañó el voto unánime de todos los legisladores a una iniciativa que también cuenta con el apoyo de los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto; y de Justicia, Juan Lewis.

Uno de los autores del Organismo de Investigación es el diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, quien explicó que el fiscal general Julio De Olazábal, y el defensor público general, Gabriel Ganón, hicieron aportes sustanciales. “No quisimos llamarla Policía Judicial porque sus integrantes no pertenecerán a la fuerza y para no crear confusiones”, aclaró el dirigente justicialista.

Es de recordar que en el marco de la reforma procesal penal de Santa Fe las leyes de fondo que ya aprobó la Legislatura establecen la necesidad de crear un organismo de investigaciones para delitos complejos. Es decir, los casos de trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero y los presuntos hechos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios policiales y de los tres poderes del Estado.

Pero, además, deja en manos del fiscal general la suficiente autonomía para definir qué otros crímenes deben tener el mismo abordaje. Por ejemplo, Toniolli habló de los homicidios que se producen por ajustes de cuentas entre bandas y/o por el control de territorio en la venta de estupefacientes, entre otras cosas que sólo definirá el Ministerio Público de la Acusación.

“Está el anuncio del Ejecutivo –agregó– para crear por decreto una Policía de Investigaciones, que es un cuerpo distinto (al Organismo de Investigaciones) porque va a pertenecer a las fuerzas de seguridad, que va a responder al Ministerio de Seguridad. En realidad, es juntar al personal de Investigaciones que está repartido entre las distintas áreas de la policía en un solo cuerpo”.

El dirigente justicialista cree que la iniciativa es complementaria y adecuada para esta etapa de transición entre el sistema judicial viejo y el que se busca implementar. Sin embargo, una vez que esté en marcha el nuevo Código Procesal Penal y aprobado el Organismo de Investigaciones no le caben dudas sobre cuáles serán las competencias específicas.

Sin armas, con títulos

—¿Dónde quedarán encuadrados los integrantes del nuevo Organismo de Investigaciones?

—Los funcionarios, empleados e investigadores van a estar dentro del Poder Judicial. Como ocurre con los fiscales, para tener una mayor coordinación territorial habrá un director general y directores regionales (cinco: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista). Necesitarán del acuerdo legislativo para asumir, después de pasar concursos de antecedentes y oposición.

“Nuestro objetivo es transparentar la investigación criminal, profesionalizarla y en el marco de la crisis de seguridad que está viviendo la provincia, donde cada vez más aparece evidencia de connivencia entre sectores de las fuerzas de seguridad con determinadas economías delictivas, tener una herramienta que permita controles cruzados”, remarcó Toniolli.

—¿Está determinada la cantidad de gente que se necesitará para todas esas tareas?

—No, porque esto está sujeto a las prioridades que aplique el fiscal general a la investigación de determinados delitos. Se va a ir tomando personal en función de los delitos que se vayan haciendo cargo en este cuerpo, de manera progresiva.

—¿Qué profesionales se necesitarán?

—Básicamente lo que está planteado es un planilla que tiene que ver con forenses de distintas áreas, contadores, psicólogos, médicos, asistentes sociales…No es una nueva policía, es un organismo que se rige por un nuevo paradigma que está dado por la implementación de un sistema judicial acusatorio.

“Hay una perspectiva donde el delito es un fenómeno complejo de abordaje multicausal y por lo tanto tiene que ser encarado multidisciplinariamente. Se podrá recurrir a algunos recursos humanos que ya están formados, que será a criterio del fiscal general y con mecanismos de selección preciso”, indicó el diputado. Además, el instituto que se creó para formar a fiscales también tendrá una carrera para investigadores del nuevo organismo.

—Parte del personal policial que hoy está en Investigaciones, ¿podrá ser tomado en el organismo (que debiera conducir Julio de Olazábal)?

—Existe la posibilidad pero no necesariamente. La decisión va a estar en manos del fiscal general, y no hay un traslado automático de personal de Investigaciones de la Policía al Organismo de Investigaciones. De todas formas, dejamos aclarado que si eso ocurre se deberá respetar aspectos que tienen que ver con el escalafón y lo previsional.

—¿Podrán portar armas los nuevos investigadores?

—No está planteada como una fuerza militarizada, de hecho es uno de los preceptos del proyecto. Es importante señalar que se trata de un cuerpo de investigadores y la idea de Policía Judicial remite a la policía que conocemos, son cosas distintas.