La defensora provincial Jaquelina Ana Balangione acompañada por la subsecretaria del Registro Provincial de Violencia Institucional y Afectaciones de los Derechos Humanos, Lorena Negro, realizaron una inspección no anunciada a la Unidad Penitenciaria N° 1 de la localidad de Coronda con el objetivo de relevar el estado de situación del establecimiento y las condiciones de detención de las personas que se encuentran allí privadas de su libertad.

En este marco, la Defensa Pública solicitó a las autoridades del penal información acerca de las seis muertes en custodia ocurridas en el 2017. También requirió información sobre la cantidad de personas sometidas a aislamiento.

Cabe destacar que actualmente se encuentran alojadas 1426 personas en la Unidad Penitenciaria de Coronda y algunas de ellos están sometidas a un régimen de encierro más gravoso en tanto implica el encierro en celdas separadas del resto de la población por motivos diversos.

En su tarea de contralor, el SPPDP requirió además informes sobre la cantidad de internos de la Unidad Penitenciaria que acceden a las actividades educativas -tanto formales como no formales- y laborales. En cuanto a la educación formal, entre el nivel primario y la EEMPA, habrá cupo en este 2018 para alrededor del 10% de internos. La Jefatura también especificó que, a fines del ciclo lectivo del 2017, fueron 35 los internos que iniciaron los trámites para cursar las distintas ofertas académicas que ofrece la Universidad Nacional del Litoral. Sobre la educación no formal la unidad brindará un taller de dos módulos que tendrá una capacidad de 30 cupos mientras que también realizará talleres de capacitación en dos módulos para un total de 24 internos.

A su vez, el 46% de la población total tiene acceso al trabajo en la unidad tanto intramuros como extramuros, según datos brindados por las autoridades del penal.

La ocasión también fue propicia para realizar una visita pormenorizada al Pabellón N° 4 del penal, en cual se encuentran actualmente alojadas 106 personas. Allí el SPPDP recibió quejas por parte de los internos y constató falencias en las condiciones edilicias y estructurales del sector, olores nauseabundos, presencia de abundantes insectos y pobres condiciones de limpieza.

Asimismo, un número de personas privadas de su libertad que pertenecían a la órbita del sistema conclusional de causas manifestaron desconocer quién es el defensor que los asiste. En este sentido es importante destacar que sobre fines del año pasado la Legislatura santafesina aprobó la ley de traspaso de causas del anterior sistema procesal penal que rigió en la provincia hasta el 9 de febrero de 2014. De este modo, todos los presos del sistema residual, hoy eliminado, pasarían a la órbita del SPPDP, así como también deberán hacerlo algunos de los defensores. No obstante haber tenido formalmente asistencia técnica, se constató que gran parte de los internos desconocía incluso la identidad de sus defensores, por lo cual transitan actualmente por un limbo jurídico. Por otro lado, manifestaron que existen demoras en el otorgamiento de permisos para las diferentes salidas y dificultades para el avance en el sistema de progresividad de la pena.

El equipo perteneciente a la Subsecretaría del Registro de Torturas se halla abocado al análisis de la información recabada a fin de elaborar un informe para el registro y realizar los reclamos que corresponden ante las autoridades competentes.

Asimismo, la Defensoría Provincial ha iniciado en diciembre solicitudes de informes al Poder Ejecutivo y a las autoridades del Poder Judicial sobre el volumen de causas cuyo traspaso ha dispuesto la ley, así como la cantidad e identidad de los funcionarios.

Inspecciones de la Defensa Pública a centros de detención provinciales

Las inspecciones a los establecimientos de encierro de personas presentan, en lo inmediato, los siguientes objetivos específicos: investigar y evaluar el estado de las personas que se encuentran en situación de encierro y las condiciones generales de privación de la libertad, contemplando las condiciones de habitabilidad del edificio. Se evalúa el respeto de los derechos de las personas encerradas y las medidas jurídico administrativas establecidas y aplicadas dentro del lugar inspeccionado, el régimen de actividades y contacto con el mundo exterior, el acceso a la atención médica, el trato del personal para con las personas encerradas y el trato entre las personas privadas de libertad.

El monitoreo de lugares de detención no solo tiene una finalidad preventiva, sino que también aspira a generar, desde el SPPDP, respuestas inmediatas a los problemas que afectan a las personas encerradas al visibilizar los mismos. Por ello, se documentan con la mayor objetividad y detalle posible las condiciones de encierro que luego determinarán las políticas de abordaje.

Además, dichas inspecciones constituyen una valiosa herramienta para prevenir la tortura y los malos tratos de las personas sometidas a encierro, resultando un imperativo legal para el SPPDP.