Viernes 06 de Septiembre de 2013
A contramano de las recomendaciones que suele hacer la Nación y también de lo que piensa el gobierno provincial, la Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que propone traspasar al ámbito de la Justicia provincial las causas de “narcomenudeo”. Se trata de una adhesión a la ley nacional Nº 26.052, con lo cual los Tribunales provinciales tendrían que asumir bajo su competencia los delitos previstos y penados en la ley de estupefacientes Nº 23.737 y sus modificatorias. No es la primera vez que la provincialización de los delitos de venta minorista de estupefacientes es materia de debate, aunque en esta oportunidad la Legislatura dio un paso muy firme en ese sentido. El autor de la iniciativa, el senador Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) argumentó sobre la importancia de “desfederalizar los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía”.
Para el legislador, “siendo de competencia de la Justicia provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite drogas fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumo”, se podrá “cortar el camino de la venta de droga y buscar a los adictos para recuperarlos, no para meterlos presos”. La propuesta establece que para poner en marcha el cambio “el Poder Ejecutivo gestionará, de conformidad al artículo 5º de la ley nacional Nº 26.052, la transferencia a la provincia de Santa Fe de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia”. Y que “la presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su aprobación”.
“El objetivo ha sido, sin duda, posibilitar una mejor persecución de los delitos relativos al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, tratando de abarcar todo el circuito económico del tráfico ilícito. En tal sentido, se optó por dejar en la jurisdicción federal los delitos más graves, que son aquellos que exigen una cierta organización o que forman parte de la cadena del tráfico ilícito, permitiendo el juzgamiento de los delitos de tráfico en menor escala a las justicias provinciales que adhieran a la ley 26.052”, explicó Rosconi.
También dijo que “la importancia de esta ley de adhesión se fundamenta, principalmente, con el entorno social, en donde el denominado «narcomenudeo» avanza sobre nuestras comunidades, no importando el tamaño de las poblaciones”. Según el senador del departamento Caseros, “este fenómeno se extiende como una mancha que cubre todo el territorio provincial, cuando años atrás decíamos que Santa Fe era un lugar de paso y un problema de las grandes ciudades”.
“Hoy este delito se ha expandido con mucha organización, instalándose y con mucha presencia en nuestras pequeñas poblaciones. Hoy, Santa Fe, se ha convertido en un lugar de producción y distribución”, añadió el dirigente del justicialismo, que fue acompañado por todos sus pares partidarios y la mayoría de los integrantes del bloque del Frente Progresista, Cívico y Social. En tanto, el vicegobernador Jorge Henn en varias oportunidad criticó este tipo de iniciativas.
“Nosotros, a diario recibimos las quejas y preocupaciones de los vecinos acerca de este flagelo del «narcomenudeo», pero tenemos nuestras limitaciones porque no podemos actuar como policías ni como magistrados y tampoco investigar. Nuestros vecinos reclaman inmediatez. Toda esta materia hoy es competencia de la Justicia federal”, se quejó Rosconi
Y también argumentó: “En la provincia hay solamente siete juzgados federales, cuatro en Rosario, dos en Santa Fe y uno en Reconquista, que atienden las denuncias y posterior investigación y sanción, pero no actúan, sea por su propia estructura burocrática o por la falta de policías federales en las localidades. Entonces, las acciones contra este delito en su mayoría las debe llevar a cabo la policía provincial”.
“Al respecto, el fiscal regional Jorge Baclini dijo que no había muchas investigaciones contra el narcotráfico y, las que había, en su mayoría, eran de la policía provincial. Y en verdad, la Justicia federal no llega a nuestras comunidades, y en muchos casos desestima los procedimientos efectuados por la policía provincial por cuestiones formales y, por lo tanto, no procede al arresto de ese vendedor al menudeo”, manifestó el senador santafesino del Partido Justicialista.