El subdirector ejecutivo de la Dirección de Edificaciones Privadas de la Municipalidad, Mauricio Costa, confirmó la intimación al club Náutico Sur para que "en 72 horas" quite el muro de concreto de unos 300 metros que impide la visual de los transeúntes hacia el Riacho Santa Fe.

Fuentes municipales confirmaron a UNO Santa Fe que el ejecutivo local no autorizó al levantamiento de esa edificación. En detalle, el Náutico Sur incumplió la ordenanza municipal 11.748, que establece el reglamento de ordenamiento urbano de la ciudad. Específicamente, su artículo 90 expresa que "se eliminarán los elementos divisorios de predios o se efectuará su demarcación con cercos bajos que no signifiquen obstáculos visuales. Solo en casos debidamente justificados de privacidad se aceptarán cercos de mayor altura, debiendo en este caso materializarse los mismos con especies vegetales apropiadas para esa finalidad. Las áreas que dentro del predio no cumplan con alguna función específica, deberán parquizarse y cubrirse con césped".

Si bien el texto de la ley establece que "la Municipalidad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos", desde el municipio indicaron a este multimedios que esto no ocurrió.

La decisión del club de levantar el muro se habría fundado en cuestiones de seguridad tras recurrentes hechos, especialmente en la zona de guardería de lanchas. Tras el robo de un motor, se decidió reemplazar el tejido y las concertinas con la construcción del muro.

Otro dato a tener en cuenta es que el Náutico Sur ofrece una tarifa más baja para el cuidado de lanchas que en otras opciones de la ciudad, por la que ha tenido gran afluencia en el último tiempo.

Terrenos usurpados

La construcción del muro no es la primera polémica en que se ve envuelto el club Náutico Sur, ya que en la anterior gestión municipal el por entonces intendente José Corral denunció penalmente a la institución por "ocupar manera ilegal los terrenos donde se construye el Parque de la Constitución”.

Desde la institución en aquel momento sostuvieron que la entidad "custodiaba" esos terrenos "desde hace más de 30 años", ya que de lo contrario allí habría "una villa miseria"

En ese momento la Fiscalía Municipal dio intervención a la Justicia Penal a los fines de que “disponga la orden de desalojo y la autorización de allanamiento para que el municipio recupere la propiedad de los terrenos usurpados”.