La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se reunió ayer con Antonio Bonfatti y otros tres gobernadores para trabajar en la coordinación de políticas contra la criminalidad organizada. En ese

marco, se definió la creación de 27 distritos fiscales para vehiculizar ese trabajo conjunto. “Para nosotros éste no es el primer encuentro, y por eso vemos con mucho beneplácito cómo vamos avanzando reunión tras reunión, en cuestiones concretas, y en tomar definiciones”, explicó el mandatario socialista.

El temario incluyó –además– un plan para mejorar la sincronización de los fiscales con las autoridades políticas, judiciales y fuerzas de seguridad federales y locales. Según el Ministerio Público Fiscal (nacional), “esas labores permitirán acceder a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar”.

El acuerdo también se suscribió con los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Mendoza, Francisco Pérez; y de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala. A su vez, otro aspecto considerado es “garantizar un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia,

la corrupción pública y privada”.

Cada uno de los 27 distritos fiscales estará a cargo de un fiscal coordinador. “Eso (contar con dicho funcionario) nos allana muchos caminos en la necesidad que tenemos de articular acciones entre la Nación, la provincia y los municipios, entre las fuerzas federales y provinciales, en hacer inteligencia sobre un delito tan complejo”, evaluó Bonfatti.

“Nos parece fundamental el paso que hemos dado el día de la fecha –subrayó el gobernador en diálogo con la prensa–, le agradecemos a la doctora Gils Carbó por esta predisposición permanente a que nos escuchemos, dialoguemos, y que vayamos avanzando en combatir los delitos complejos”.

Articular y compartir

Por su parte, la procuradora indicó que “esta nueva organización del Ministerio Público es una respuesta a una demanda que tiene la sociedad de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada”.

Gils Carbó también reconoció que, “la falta de articulación que supone la división arbitraria de funciones, necesaria para que trabajen las estructuras a la hora de combatir el delito, presenta deficiencias”.

“Por eso –explicó– hemos creado la figura del fiscal coordinador de distrito, que es quien va a articular todas las estrategias y protocolos de actuación en la lucha contra el crimen organizado (trata de personas, lavado de dinero, de activos, y narcotráfico).

Hay organizaciones que requieren del Ministerio Público un esfuerzo especial, no sólo porque cubren varias jurisdicciones, sino porque son estructuras criminales que siguen funcionando sin sus cabecillas”. Para graficar la situación, mencionó el narcotráfico “donde siempre hay una demanda activa que mantiene viva la actividad ilícita”.

Por último, la funcionaria judicial federal bregó por “articular, entre todos, mesas de diálogo para hacer una estrategia común, que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado ante el crimen

organizado”.