El Estado provincial destinará poco más de 13 millones de pesos del presupuesto 2018 para mantener a los capellanes de la Iglesia Católica que tienen cargos permanentes dentro la estructura santafesina. Las partidas se concentran en dos ministerios: Salud y Seguridad. Y en dos ciudades de la bota: Santa Fe y Rosario.Así se desprende del análisis de las cuentas públicas aprobadas por la Legislatura el año pasado y que representan un incremento de los recursos previstos para estos capellanes este año del orden del 27 por ciento, comparado con los fondos destinados en 2017.

El debate sobre los fondos que destina el Estado al culto católico se reavivó la semana pasada cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso en la Cámara de Diputados el informe sobre la marcha de la gestión macrista en 2018. Antes de iniciar su discurso, y como es habitual, respondió un total de 1.318 preguntas de los legisladores de todos los bloques, pero una de las que más sorprendió fue cuando reveló que el gobierno nacional gasta más de 130 millones de pesos en mantener a los obispos. Y hasta detalló por escrito el importe mensual que perciben obispos diocesanos, auxiliares, eméritos y los administradores apostólicos y diocesanos: entre 40.950 y 46.800 pesos. La consulta había surgido del bloque Evolución, de Martín Lousteau.

Por eso, y si bien hasta ahora en Santa Fe las discusiones más fuertes sobre los fondos a la Iglesia Católica estuvieron relacionadas con los subsidios a la educación privada (7.700 millones de pesos en 2018), en lo estrictamente vinculado a sueldos que paga el Estado santafesino a sacerdotes, serán este año 13.096.000 pesos.

Esos fondos son para sostener una plantilla de 26 capellanes que se desempeñan, 25 con cargo permanente y uno de forma temporaria, como personal de la provincia. Doce de ellos reportan al Ministerio de Seguridad, la mayoría en el área de custodia y guarda de procesados y condenados. Los otros 14 se reparten principalmente en los hospitales de la capital provincial (de Niños Alassia, Cullen, Iturraspe, Sayago y el psquiátrico Mira y López), dos en Rosario (uno en el Centenario y otro en el Provincial), y uno en el Samco de mediana complejidad de Las Colonias, otro en el de General López y uno más en el Central de Reconquista.

Si bien estas partidas apenas representan una pequeña porción de los 191 mil millones de pesos del presupuesto y 137 mil empleados que tiene el Estado provincial, la asignación de las partidas permite ver prioridades. El 76 por ciento de los 13 millones de pesos (10 millones) está destinado a capellanes que trabajan en el área custodia y guarda de procesados y condenados. Según el presupuesto, allí están destinados 10 sacerdotes. Casi la mitad del presupuesto se destina a Rosario, el 32 por ciento a la ciudad de Santa Fe y el resto a Coronda.

La asignación promedio de los capellanes que se desempeñan bajo el Ministerio de Seguridad, en base a lo que se desprende del presupuesto, arroja unos 70 mil pesos brutos para cada uno de estos funcionarios católicos. Las planillas no desagregan información puntual sobre los ingresos de cada cargo.

En tanto, los fondos destinados en el presupuesto santafesino para sostener a los 14 capellanes distribuidos en los hospitales será de 3.089.000 pesos en 2018. La media de asignaciones, en estos casos, es la cuarta parte de lo que percibirían en Seguridad: 18 mil pesos brutos mensuales.

Del total de los recursos destinado al personal del clero católico en Rosario, el 89 por ciento de los fondos es para su desempeño en el área de procesados y condenados.

La participación del clero en cárceles y hospitales se remonta casi hasta la constitución de esas instituciones, y de allí se puede explicar, tal vez, el sostenimiento de estas políticas a lo largo del tiempo. Sin embargo, en un Estado laico, con otros cultos que fueron ganando terreno también en los presidios, y actualmente las políticas de subsidios bajo la lupa, abre interrogantes sobre el rol de los capellanes dentro de las políticas públicas. Tal vez sea parte del debate que se incluya si avanza la reforma constitucional que impulsa actualmente el gobernador Miguel Lifschitz para el Estado santafesino.