La situación estaba siendo advertida por los medios de comunicación de la ciudad. Tras un 2017 de merma notable de los homicidios en la capital provincial, enero de 2018 mostraba una tendencia de crecimiento inquietante. Tanto, que cerró con ocho asesinatos, ubicándose estadísticamente como uno de los peores eneros del siglo XXI en la materia.

Febrero fue peor. Y en su transcurso ocurrió un asesinato que marcó un antes y un después: el de la maestra Vanesa Castillo, a la salida de la escuela Escuela 533 "Victoriano Montes", en Alto Verde, el 15 de febrero al mediodía, cuando la docente se retiraba del establecimiento y fue abordada por Juan Ramón "Chacho" Cano, un delincuente que ya había cumplido condena por una serie de delitos.

El agresor, que mató a la educadora con más de una docena de puñaladas tras negarse ella a comprarle ojotas según indica la investigación, se subió de prepo a la moto que Castillo conducía y la atacó con una saña inexplicable.

Tan salvaje fue el suceso, que incluso con el asesino ya detenido, hubo una movilización encabezada por docentes que sumó a unas mil personas en reclamo de un esclarecimiento absoluto del caso. Además, el sepelio de Castillo, en su Santa Rosa de Calchines natal, fue acompañado por centenares de colegas y allegados. El impacto de lo ocurrido persiste en la escuela donde dictaba clases Castillo: buena parte del plantel docente puso en duda su continuidad en el establecimiento, por el temor residual de lo ocurrido.

Esto, sumado a la seguidilla de homicidios -20 en todo el año ya, y muchos con el sello del sicariato- más los constantes robos y asaltos en cualquier hora y barrio de Santa Fe, encendieron las luces rojas del tablero de la seguridad. Y obligaron a buscar soluciones.

La fórmula que desde la ciudad se impulsa es una ya conocida: se convocó al Consejo de Seguridad y desde allí se demandó la llegada de más efectivos federales, aprovechando el cercano vínculo político de las autoridades locales con el gobierno nacional.

En el Palacio municipal consideran que donde se pudo aceitar el trabajo conjunto de fuerzas nacionales, policía provincial y acciones locales, los resultados fueron satisfactorios. Vaya paradoja, una de las zonas donde esta sinergia mejor se desarrolló fue en Alto Verde, distrito donde el Ministerio de Seguridad nacional que conduce Patricia Bullrich implementa el Programa Barrios Seguros. El despliegue de gendarmes, prefectos, policías, la detención del capo narco Sergio "Zurdo" Villarroel más notables mejoras estructurales de la zona, habían cambiado la percepción de la seguridad para los más de 18.000 habitantes de ese distrito. El caso Vanesa Castillo irrumpió por lo tanto como un verdadero retroceso en lo que se había avanzado.

No solo en Alto Verde se habían llevado adelante acciones que mejoraron algo la performance de la seguridad en la ciudad. Hubo medidas preventivas como los controles de Prefectura en la Costanera y la Peatonal, de Gendarmería en barrios del oeste y de la Policía Federal en el microcentro. Hubo además asistencia financiera del Ministerio de Seguridad de la Nación para instalar cámaras en el trazado del Metrofé de avenida Blas Parera, un plan de prevención policial del delito urbano con patrullaje por capas, el fortalecimiento del sistema de botones de alerta para los casos de víctimas de violencia de género (hay 653 botones en la ciudad), alarmas comunitarias (73 en total) y alarmas en centros de salud, escuelas, jardines, que suman 229. Sin embargo, parece que todo eso lejos está de ser suficiente.

La apuesta es ahora corregir errores, reforzar lo que salió bien y trasladar esa experiencia a otras zonas de la ciudad. En ese marco se inscribirá la llegada de más efectivos federales, con el objetivo de retomar la tendencia de 2017, año en el que se redujo la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes a 14,8, tras haber sido de 25,9 en 2016. En 2014 esa tasa fue de 32,3. La media nacional en 2015, último registro existente, se ubica en 6,6. Más allá de la discutible fiabilidad de las estadísticas nacionales -materia largamente pendiente- la brecha entre los registros de la ciudad y los del país dan cuenta de la gravedad de lo que se vive en la capital provincial.

La duda que queda, más allá de lo positiva que pueda percibirse una reacción de las autoridades frente a la situación, es si esto solamente se soluciona con más efectivos en las calles, cuando previamente no se atacaron las condiciones que causan ese cuadro, principalmente la evolución de las economías del delito.

Días atrás una vecina contaba que en el edificio donde vive, en barrio Mariano Comas, a pocas cuadras de Bulevar Gálvez, por la sucesión de asaltos y entraderas en la zona, ella y otros habitantes del lugar duermen con una mesa o algún otro objeto sujetando la puerta de ingreso al departamento para obstaculizar el posible ingreso de ladrones. Ya se les ha transformado en un hábito. Revertir la sensación generalizada de indefensión que lleva a conductas como esa debe ser leitmotiv de toda política de seguridad. Sin resultados convincentes y perdurables en el tiempo, todo esfuerzo resultará vano e inconducente.